Juan Francisco Misle
Existe un consenso muy extendido entre
los economistas del país sobre la suerte que correrá el nuevo sistema de
divisas propuesto por el zar de la economía nacional, el incombustible y
proteico Rafael Ramírez. Los economistas le asignan una baja
probabilidad a que el Sicad 2 funcione como mecanismo para estabilizar
el mercado cambiario en Venezuela. La principal de ella es que el
gobierno nacional no está haciendo nada para reducir el déficit del
sector público consolidado de 15% sino que, por el contrario el BCV, lo
continúa financiando mediante la impresión de dinero inorgánico.
A estas alturas escandaliza que el
gobierno se obstine en rechazar algo que para resto del mundo evidente:
que no se puede apagar un fuego (la escalada del dólar en el mercado
para lelo) arrojando sobre él más material combustible (BsF). El
gabinete económico continúa en denial sobre la naturaleza de la
crisis financiera. No existe hoy en Venezuela una fuente de dólares en
la magnitud suficiente capaz de saciar la demanda de divisas del país
que está represada desde 2013. Las reservas internacionales líquidas del
BCV están en la lona (en torno a los 2 mil millones de dólares), y el
flujo de caja de PDVSA continúa severamente comprometido con las
importaciones prioritarias a Bs. 6,30 por dólar —fundamentalmente del
sector público— y con las que se canalizarán a través del Sicad 1. Y,
por supuesto, no hay que olvidar que PDVSA deberá enfrentar los pagos de
intereses de su propia deuda financiera, y financiar sus operaciones.
El gobierno espera que el sector privado
sea la otra fuente de dólares que alimente el Sicad 2. Habría que
preguntarse entonces: ¿es realista restablecer la confianza del sector
privado después que el Gobierno incumplió con los compromisos
comerciales asumidas por las empresas privadas con la anuencia oficial
de Cadivi? Ingresarán esos dólares a Venezuela aún a riesgo de que
mañana se aplique en el país una suerte de corralito al estilo
argentino? No parece muy factible que alguien se atreva.
Como si todo lo anterior no constituyese
de suyo un panorama extremadamente complejo para cualquier gerencia de
crisis macroeconómica, se ha repotenciado riesgo de que se produzca en
Venezuela una debacle del sector bancario. Ello es así porque con una
inflación que arranca en 56% en 2013, la inflación esperada para 2014
podría alcanzar el 90% lo que obligará al gobierno a elevar las tasas de
interés bancario sobre préstamos ya otorgados, muchos de los cuales no
podrán ser pagados, poniendo en peligro los balances financieros de los
bancos venezolanos. ¿Se producirá un desplome del sector bancario
nacional? Definitivamente no es descartable este escenario. De hecho su
probabilidad ha aumentado considerablemente.
Como hemos visto entonces, el panorama
financiero de Venezuela en 2014 es en extremo delicado. Más aún cuando
se observa al gobierno naufragando políticamente y con medio país
alzado.
Nadie podrá acusar a los economistas de
Venezuela de no haber advertido a tiempo al gobierno de la crisis que se
cocinaba al calor de su irresponsabilidad macroeconómica, y que hoy
finalmente llegó para quedarse.
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