FRANK LÓPEZ BALLESTEROS| EL UNIVERSAL
jueves 3 de abril de 2014 05:21 PM
El Gobierno español suspendió por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela, "ante la espiral de violencia que vive el país desde principios de febrero", informó el diario español El País en su página web.
La decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda– el pasado 6 de marzo, pero no se ha hecho pública, resalta el rotativo madrileño.
La Iglesia Católica venezolana acusó el miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro de querer implantar un régimen "totalitario" y lo responsabilizó de generar el descontento que desató la mayor ola de protestas antigubernamentales en la última década, lo que sumado a la presión de la comunidad internacional, pudo motivar la decisión de Madrid.
En todo caso, se trata de la primera reacción oficial de este tipo que toma un gobierno extranjero tras el inicio de las protestas en febrero pasado. España aplicó una medida similar contra Egipto en julio de 2013 a raíz de la represión policial a manifestantes luego del golpe de Estado que derrocó el Gobierno de los Hermanos Musulmanes.
"Se trata de una medida unilateral", reconocieron fuentes diplomáticas a El País, ya que hasta ahora no existe ningún embargo internacional a Venezuela. Sin embargo, "la JIMDUU evalúa una serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material militar, policial o de doble uso y uno de ellos alude a situaciones de inestabilidad interna y a la posibilidad de que este pueda ser empleado para la represión".
Según un informe de Amnistía Internacional (AI), desde el inicio de las protestas hasta el 27 de marzo, han muerto al menos 37 personas y más de 550 han resultado heridas, 120 de ellas por armas de fuego. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.
Además, según datos de la fiscalía general, también hasta el 27 de marzo, fueron detenidas 2.157 personas durante las protestas, la mayoría de la cuales "han sido liberadas pero continúan enfrentando cargos".
En 2012, el gobierno venezolano compró material policial de fabricación española por 449.624 euros, correspondientes a "despieces inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos". Las operaciones autorizadas sumaron 1,69 millones. Los compradores fueron las Fuerzas de Seguridad, citaba el diario.
Los tres principales destinos de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2013 fueron China, con 16,0 millones de euros (24,6%), Irán, con 14,4 millones de euros (22,1%), y Rusia, con 7,6 millones de euros (11,7%). Las exportaciones restantes correspondieron a 47 países, según los datos del Ministerio de Economía y Competitividad español.
Informe contundente
El director de AI España Esteban Beltrán, aseguró que el "gobierno, los líderes de la oposición y los líderes de la sociedad civil venezolana deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de sus derechos a la reunión y la asociación de forma pacífica".
"El Gobierno ha sido ambivalente en sus declaraciones y la oposición tampoco ha hecho un llamado claro a sus simpatizantes a que salgan a protestar de forma pacífica", insistió, por su parte, García esta semana.
Beltrán, que consideró "desmesurado" hablar de conflicto civil, destacó la necesidad de establecer "un plan de diálogo nacional" entre todas las partes para superar la situación actual.
El "ciclo de violencia no se superará si no hay rendición de cuentas" y por eso es necesario que las autoridades investiguen "de manera exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza", afirmó el director de AI España.
AI se mostró satisfecha por el compromiso en ese sentido de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien comunicó a la organización de derechos humanos que en algunos casos ya se había ordenado la detención de funcionarios de las fuerzas del orden por su presunta participación en hechos denunciados.
El informe de AI concluye con un llamamiento a la comunidad internacional y "particularmente a los países vecinos de la región" para "fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo".
Con la colaboración de Elvia Gómez
La decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Comercio o Hacienda– el pasado 6 de marzo, pero no se ha hecho pública, resalta el rotativo madrileño.
La Iglesia Católica venezolana acusó el miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro de querer implantar un régimen "totalitario" y lo responsabilizó de generar el descontento que desató la mayor ola de protestas antigubernamentales en la última década, lo que sumado a la presión de la comunidad internacional, pudo motivar la decisión de Madrid.
En todo caso, se trata de la primera reacción oficial de este tipo que toma un gobierno extranjero tras el inicio de las protestas en febrero pasado. España aplicó una medida similar contra Egipto en julio de 2013 a raíz de la represión policial a manifestantes luego del golpe de Estado que derrocó el Gobierno de los Hermanos Musulmanes.
"Se trata de una medida unilateral", reconocieron fuentes diplomáticas a El País, ya que hasta ahora no existe ningún embargo internacional a Venezuela. Sin embargo, "la JIMDUU evalúa una serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material militar, policial o de doble uso y uno de ellos alude a situaciones de inestabilidad interna y a la posibilidad de que este pueda ser empleado para la represión".
Según un informe de Amnistía Internacional (AI), desde el inicio de las protestas hasta el 27 de marzo, han muerto al menos 37 personas y más de 550 han resultado heridas, 120 de ellas por armas de fuego. El balance del gobierno venezolano es de 39 muertos.
Además, según datos de la fiscalía general, también hasta el 27 de marzo, fueron detenidas 2.157 personas durante las protestas, la mayoría de la cuales "han sido liberadas pero continúan enfrentando cargos".
En 2012, el gobierno venezolano compró material policial de fabricación española por 449.624 euros, correspondientes a "despieces inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos". Las operaciones autorizadas sumaron 1,69 millones. Los compradores fueron las Fuerzas de Seguridad, citaba el diario.
Los tres principales destinos de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2013 fueron China, con 16,0 millones de euros (24,6%), Irán, con 14,4 millones de euros (22,1%), y Rusia, con 7,6 millones de euros (11,7%). Las exportaciones restantes correspondieron a 47 países, según los datos del Ministerio de Economía y Competitividad español.
Informe contundente
El director de AI España Esteban Beltrán, aseguró que el "gobierno, los líderes de la oposición y los líderes de la sociedad civil venezolana deben promover entre sus simpatizantes el ejercicio de sus derechos a la reunión y la asociación de forma pacífica".
"El Gobierno ha sido ambivalente en sus declaraciones y la oposición tampoco ha hecho un llamado claro a sus simpatizantes a que salgan a protestar de forma pacífica", insistió, por su parte, García esta semana.
Beltrán, que consideró "desmesurado" hablar de conflicto civil, destacó la necesidad de establecer "un plan de diálogo nacional" entre todas las partes para superar la situación actual.
El "ciclo de violencia no se superará si no hay rendición de cuentas" y por eso es necesario que las autoridades investiguen "de manera exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza", afirmó el director de AI España.
AI se mostró satisfecha por el compromiso en ese sentido de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, quien comunicó a la organización de derechos humanos que en algunos casos ya se había ordenado la detención de funcionarios de las fuerzas del orden por su presunta participación en hechos denunciados.
El informe de AI concluye con un llamamiento a la comunidad internacional y "particularmente a los países vecinos de la región" para "fomentar soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo".
Con la colaboración de Elvia Gómez
España: Suspensión de venta de material antibotín busca fomentar diálogo
EL UNIVERSAL
sábado 5 de abril de 2014 10:13 AM
Atenas.- La suspensión cautelar e indefinida de la exportación de material antidisturbios a Venezuela decretada por el Gobierno español es una medida destinada a "no echar leña al fuego" y a fomentar el diálogo, afirmó hoy en Atenas el ministro de Exteriores de España, José Manuel García-Margallo.
Preguntado por si la decisión tomada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material de Doble Uso (JIMDDU) de detener el envío de material policial supone una condena al Gobierno de Nicolás Maduro, García-Margallo negó este punto.
"No. Es una forma de decir que el clima de violencia debe ser sustituido por un clima de diálogo. Cuando hay una situación de conflicto parece lógico no echar leña al fuego", afirmó en declaraciones a los medios en el consejo informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que hoy concluye en Atenas.
El jefe de la diplomacia española se mostró "dispuesto" a ayudar al Gobierno y a la oposición venezolana a "buscar una solución" y a restablecer "el clima de reconciliación", destacó Efe.
"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que haya una reconciliación nacional", afirmó.
Además, García-Margallo aseguró que los servicios diplomáticos españoles siguen "día a día" la suerte de los 200.000 españoles residentes en Venezuela y, en especial, lo que ocurre con las 30 personas de nacionalidad española o doble nacionalidad que permanecen detenidas a raíz de los disturbios.
Preguntado por si la decisión tomada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material de Doble Uso (JIMDDU) de detener el envío de material policial supone una condena al Gobierno de Nicolás Maduro, García-Margallo negó este punto.
"No. Es una forma de decir que el clima de violencia debe ser sustituido por un clima de diálogo. Cuando hay una situación de conflicto parece lógico no echar leña al fuego", afirmó en declaraciones a los medios en el consejo informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que hoy concluye en Atenas.
El jefe de la diplomacia española se mostró "dispuesto" a ayudar al Gobierno y a la oposición venezolana a "buscar una solución" y a restablecer "el clima de reconciliación", destacó Efe.
"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que haya una reconciliación nacional", afirmó.
Además, García-Margallo aseguró que los servicios diplomáticos españoles siguen "día a día" la suerte de los 200.000 españoles residentes en Venezuela y, en especial, lo que ocurre con las 30 personas de nacionalidad española o doble nacionalidad que permanecen detenidas a raíz de los disturbios.
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