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Editorial de El País
Las protestas, la represión y el desastre económico parecen haberse
instalado en Venezuela sin que haya visos de solución. Desde hace dos
meses el país vive en una situación de emergencia y, lejos de
diluirse, la crisis se enquista con el correr del tiempo. Los
llamamientos al diálogo chocan con la falta de voluntad política.
Una comisión de ministros de Exteriores de la Unasur tiene previsto
retomar hoy en Caracas las gestiones para facilitar el acercamiento
entre Nicolás Maduro y sus detractores. Pero difícilmente la oposición
va a sentarse con el Gobierno cuando sus líderes están siendo
encarcelados o acosados judicialmente, y cuando la brutalidad
policial, la arbitrariedad y la censura informativa coartan las
libertades.
Estos días el presidente Maduro ha movido ficha, pero en dos jugadas
de alcance limitado. Por un lado, llamó al diálogo en un artículo
publicado en el diario The New York Times, en el que, sin embargo, se
presentaba como víctima de una conspiración golpista, culpaba a los
manifestantes de la violencia y acusaba a los medios de tergiversar la
realidad. Más que a la oposición, el texto apelaba al Congreso de EE
UU, que estudia la imposición de sanciones a Venezuela.
Por otro lado, Maduro creó esta semana un consejo de derechos humanos,
movido sin duda por la repercusión internacional que están teniendo
los abusos de las fuerzas policiales. Los informes y pronunciamientos
de Amnistía Internacional, la Conferencia Episcopal Venezolana, la
ONU, la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indican
que, si bien tardíamente, la represión empieza a pasarle factura al
Gobierno. A ello se une la muy oportuna decisión española de suspender
la venta de material antidisturbios a Caracas.
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