Para “estabilizar la situación de la frontera”, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la implementación de un estado de excepción por 60 días en cinco de los municipios del estado Táchira, fronterizo con Colombia (Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia).
Se trata de una figura establecida en la Constitución en su artículo 337, que puede decretar solo el presidente de la República, cuando “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas”.
De la misma forma, anunció el cierre “indefinido” de la frontera, en lo que respecta a Táchira, más allá de las 72 horas que había establecido el pasado miércoles.
El mandatario venezolano anunció la decisión un día después de dar esa orden, motivado por el ataque sufrido por un convoy de la Guardia Nacional en el que resultaron heridos dos funcionarios militares y que el gobierno venezolano atribuye al “paramilitarismo”, según su versión, infiltrado en Venezuela desde Colombia.
“La frontera queda cerrada hasta nuevo aviso”, dijo el presidente Maduro quien, además de los 60 días que le permite la Constitución para el estado de excepción, aseguró que podría tomar otros 60 días.
El decreto de estado de excepción significa un endurecimiento de la posición venezolana sobre el control de la frontera en tanto que permite al Gobierno la suspensión de garantías constitucionalescomo el derecho al libre tránsito o libre reunión “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
La posibilidad de esta suspensión hace de los estados de excepción una de las decisiones más graves establecidas en la Constitución venezolana y se espera que, al tratarse de una situación extraordinaria, los cuerpos militares y policiales tengan más presencia y control sobre las zonas afectadas, en este caso los municipios citados.
El presidente aseguró que Venezuela se encuentra bajo un “ataque masivo” y entre otras justificaciones señaló de nuevo el contrabando de extracción que estaría drenando de Venezuela todo tipo de productos hacia Colombia, desde llantas hasta alimentos y gasolina. Sin embargo, señaló que el fin último del decreto es luchar contra el paramilitarismo y las bandas criminales que, asegura, han entrado a Venezuela provenientes de Colombia.
Sería la primera vez que en Venezuela se decreta una situación de ese tipo desde que fue promulgada la Constitución de 1999.
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