En un país dominado por una pandilla de ladrones, asesinos y narcotraficantes, en el cual la Fuerza Armada apoya a la pandilla – o más precisamente – es parte integral de ella, en el cual los principales funcionarios públicos son piezas al servicio de la pandilla y muchos pobres viven de las limosnas del régimen y están dispuestos a seguirlo haciendo a cambio de su dignidad, los estratos sociales amantes de la democracia, desde la clase trabajadora hasta la clase media alta, no tienen muchas alternativas para expresar su rechazo y sus deseos de cambio. Una de las pocas es el voto y aún este camino está solamente entreabierto, ya que todos sabemos que el proceso electoral venezolano está lleno de abusos de poder por parte de la pandilla.
Sin embargo, no hay otras alternativas inmediatas. Una insurgencia ciudadana abierta, a pesar de estar enteramente justificada, pondría en riesgo la vida de miles de venezolanos debido a la existencia de policías, militares y bandas armadas y sin escrúpulos, lo cual podría conducir hasta a una posible intervención extranjera. El voto del 6D presenta una oportunidad de insurgir vigorosamente, de manera no-violenta, en un evento que, a diferencia de los anteriores en el país, ha logrado capturar gran atención del mundo exterior.
Esta vez la región latinoamericana, Estados Unidos, Canadá y los países europeos están alertas a lo que pasará el 6D en Venezuela. Lo están la OEA y la ONU. Ya todos estos países y organizaciones conocen la existencia de un Consejo Nacional Electoral podrido hasta la raíz, el cual permite al régimen toda clase de indignas triquiñuelas. Saben que el Presidente Nicolás Maduro es un gobernante esencialmente ilegítimo, ignorante y violento. Saben que Diosdado Cabello es un personaje abusivo y probablemente involucrado en actividades criminales. Conocen de la existencia de prisioneros políticos injustamente encarcelados. Han tenido noticias de las arbitrariedades cometidas por el régimen en materia de inhabilitaciones injustificadas de candidatos de la oposición, de cambios en las circunscripciones electorales y de los estados de excepción impuestos de manera arbitraria, con fines de inclinar la balanza electoral a favor del régimen en los estados fronterizos. Saben que las bandas armadas y motorizadas del régimen asaltan a los eventos de la oposición y han llegado al asesinato.
Y saben también que todas las encuestas hechas de manera independiente apuntan a una resonante derrota para el régimen. Cualquier resultado que difiera significativamente de la muestra estadística generará reacciones del mundo exterior y deberá conducir a una rebelión total por parte del país democrático. Al “Como Sea” de la pandilla la Nación venezolana deberá oponer su firme voluntad de rechazo y tendrá que echar el resto.
Hay un cerco tendido por las fuerzas democráticas del la región y del mundo alrededor de la pandilla chavista-madurista . Este cerco es tan fuerte que está generando una reacción violenta de los cabecillas de la pandilla, Maduro y Cabello, quienes ya han perdido todo control e insultan y desafían estas fuerzas porque se saben perdidos.
La Venezuela destruida y saqueada por la pandilla chavista está cerca de poder aplicar justicia. Con la pandilla no puede caber ya ningún diálogo, ninguna negociación, ningún intento de coexistencia pacífica. Es necesario restablecer el estado de derecho, las libertades y los derechos ciudadanos en un país acogotado por el grupo de los 500 criminales. Esto es tan evidente que es imposible comprender la razón por la cual hay venezolanos quienes aún llaman a este tipo de componendas con el régimen. Lo que se impone en el país es una investigación de los principales responsables de la tragedia venezolana a fin de aplicarles la justicia que se merecen y, sin la cual, Venezuela seguiría siendo un país de medio pelo.
En especial, se deberán investigar sin más tardanzas las posibles acciones ilegales o criminales llevadas a cabo por los siguientes funcionarios públicos en perjuicio de la Nación venezolana: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Giordani, Nelson Merentes y Rafael Ramírez. Por supuesto que hay muchos más funcionarios públicos, contratistas, banqueros, familiares, amigos y cómplices de la gran estafa a la Nación, pero será preciso comenzar por estos cabecillas.
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