José Guerra
Al evaluar las opciones de política económica que se abren luego del 6 de diciembre y diseñar la hoja de ruta para la recuperación nacional, es importante tomar nota de algunas lecciones derivadas de los esfuerzos internacionales de apoyo a países que salen de un conflicto bélico y que generalmente se engloban bajo la etiqueta de economía de la reconstrucción.
Afortunadamente, Venezuela se ha librado, y está bien lejos, de sufrir las penurias de un conflicto bélico, pero quince años de intentar imponer un modelo económico fracasado y un proyecto político hegemónico nos han traído a una situación social y económica que muestra muchos elementos característicos de los países que están saliendo de una guerra civil. Aparte del deterioro en las condiciones de vida y la calidad institucional, resulta inocultable la erosión del tejido social, la polarización de la discusión política y las terribles secuelas de la violencia (más de 230 mil asesinatos entre 1998 y 2014). Todo esto implica que, en materia económica, debemos ver más allá de las distorsiones de precios y las brechas de financiamiento y abordar la coyuntura con un enfoque más global. A manera ilustrativa, podemos extraer al menos tres lecciones del campo de la economía de la reconstrucción.
Primero, hay que avanzar aceleradamente en la reconstrucción de infraestructura crítica. En tal sentido, aunque Usted no lo crea, actualmente la principal restricción para la reactivación del aparato productivo es la disponibilidad de electricidad. Como si fuera resultado de una campaña de bombardeo tipo Vietnam, estos bárbaros han dejado el sistema eléctrico nacional en un estado tan precario que si mágicamente echáramos a andar el parque industrial existente, sencillamente no quedaría electricidad para los hogares. Si queremos crecer hay que invertir aceleradamente en electricidad, sin tener que caer en proyectos faraónicos sino simplemente aprovechando la experticia y financiamiento de los bancos de desarrollo y agencias especializadas en el sector.
Segundo, hay que asegurar el acceso a los alimentos, para todos y en todo momento. Más de una década de guerra sistemática a los productores agropecuarios nos dejan con un panorama de escasez y encarecimiento de los alimentos que no se diferencia en nada a los estragos que deja un conflicto armado. Devolver la seguridad jurídica al campo venezolano y eliminar las distorsiones de precios constituyen pasos necesarios para restablecer los niveles de abastecimiento, pero no son suficientes para garantizar la seguridad alimentaria de toda la población. Existen sectores muy vulnerables, que han sido abandonados a su suerte y que requieren asistencia en materia alimentaria que no necesariamente es cubierta por los programas de alivio de la pobreza. En tal sentido, debemos buscar sin complejos el apoyo de los organismos internacionales especializados en la gestión de crisis humanitarias.
Por último, hay que invertir en cohesión social. Si algo caracteriza los escenarios post-conflicto es la polarización del discurso y la desconfianza entre los distintos actores sociales, lo que dificulta la construcción de consensos y deteriora el clima de negocios. La experiencia internacional sugiere que en estos casos, la búsqueda de cohesión social debe constituir un objetivo a la par de la equidad y la eficiencia, lo que en términos prácticos significa que, por ejemplo, los mecanismos para la asignación de beneficios sociales deben ser transparentes o que la generación de empleo debe ser una prioridad en el corto plazo, incluso si no es lo más eficiente, pues el diseño de las políticas públicas debe trasmitir con hechos el mensaje clave de que el país se abre a una nueva etapa de reconciliación nacional, donde no habrá cabida para la exclusión, la discriminación o la retaliación.
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