Friday, November 27, 2015

Panamá: Paraíso fiscal para chavistas?

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La semana del 13 de noviembre el mundo confirmó la presencia de las altas esferas del chavismo y sus principales dirigentes en el mundo de las drogas y opulentas riquezas producto de la generalizada corrupción de ese régimen. La detención en Haití de los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, ambos de 30 años, y portadores de pasaportes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela, sin funciones en ninguna parte que justificara ese estatus, desató todo tipo de conjeturas. Con las horas se fue configurando un interesante rompecabezas que poco a poco va concordando con las particularidades del narcoestado en que, desde Hugo Chávez, sus huestes han convertido su país.
Ya a un mes del señalamiento de la enorme riqueza que llegó a capitalizar el ex presidente de Pdvsa, actual embajador bolivariano en la ONU, Rafael Ramírez, hecha pública por el prestigioso The Wall Street Journal y que nadie ha desmentido, aparece esta nueva saga de la corrupción chavista. A los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, no solo los sorprende la DEA con las manos en la masa en territorio haitiano –antes socio del chavismo–, sino que en República Dominicana –otro socio chavista– les encuentran el millonario alijo de drogas en un suntuoso yate y una mansión propia de jeques árabes. El avión en que transportarían la droga era piloteado por integrantes del Ejército chavista.
A medida que se va desenredando el ovillo, aparecen los nombres de Tareck el Aissami y Diosdado Cabello –tantas veces mencionados en el mundo de los cárteles de la droga– como los posibles dueños de la mercancía a entregar. Reluce también la sociedad anónima panameña Transportes Herfra, S.A. como perteneciente a Efraín Campos Flores, como su presidente y represente legal y como uno de sus directivos al cuñado de Nicolás Maduro, Hermes Melquiades Flores. ¿Cuántas otras sociedades estos señores habrán constituido en Panamá?, es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué fondos manejarán? ¿Cuáles serán las actividades reales a que se dedican?
Ante esas evidencias se deduce la posible utilización del centro financiero panameño por boliburgueses (burgueses chavistas o nuevos ricos) y por dirigentes del chavismo, tantas veces denunciado en el pasado. El caso se va convirtiendo en una realidad que las autoridades panameñas no podrán soslayar como la han venido haciendo hasta ahora, como si miraran para otro lado. A Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde marzo de 2014 lo había acusado en Miami, estado de Florida, Estados Unidos, Thor Halvorssen, presidente de la ONG Human Rights Foundation, de recibir como coima por su ayuda para lograr contratos eléctricos con el gobierno venezolano la suma de 50 millones de dólares. Según pruebas aportadas por Halvorssen, este dinero fue a parar a cuentas bancarias que Cabello mantiene en Panamá, hecho repetido en otras ocasiones en el pasado. Además de eso, es conocido en Panamá de la existencia de muchos inmuebles adquiridos allí por las altas esferas del chavismo.
Ante esas coincidencias y vinculaciones presenté el 17 de noviembre ante el Ministerio Público de Panamá denuncia contra Diosdado Cabello y Efraín Campos Flores por el posible delito de lavado de dinero, el cual tendrá que investigar la Fiscalía del Crimen Organizado de Panamá. Lo que persigo es que de una vez por todas las autoridades panameñas investiguen el alcance de los tentáculos de Cabello y sus socios en sus negocios turbios, los cuales se manejan a través del sistema bancario panameño, con la posible connivencia de banqueros y la ayuda de abogados inescrupulosos.
Con el interés que otras jurisdicciones han mostrado por investigar estos delitos, caso la norteamericana, es posible que se pueda suscitar el interés de las autoridades panameñas a meterle el diente a este problema de tantos dirigentes chavistas y socios de estos usando para ocultar dinero de la corrupción en bancos panameños.

*Embajador de Panamá en OEA, julio 2009 - enero 2013.

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