26 DE NOVIEMBRE 2015 - 12:01 AM
Los trágicos acontecimientos de Europa, África y Medio Oriente de las últimas semanas y las elecciones argentinas han ocupado los titulares de los periódicos y las horas de trabajo de las cancillerías latinoamericanas en tiempos recientes. Pero viene ahora una coyuntura que amenaza sobremanera con perturbar la paz mental de los funcionarios, la placidez de los gobiernos y la atención de los medios regionales. Me refiero a las elecciones en Venezuela el 6 de diciembre.
El nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, se dirigió el 10 de noviembre en una carta insólita a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, lamentando que no haya invitado a la OEA a observar dichas elecciones, y enumerando todas las preocupaciones que le provocan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso electoral venezolano. Ya Andrés Oppenheimer subrayó la sorpresa que le causó que un secretario general elegido por unanimidad (incluyendo, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro y toda la izquierda latinoamericana) y ex canciller del gobierno de Frente Amplio en Uruguay criticara de un modo tan explícito el funcionamiento del sistema electoral de un Estado miembro. Almagro incluyó en su misiva referencias a los cambios en las reglas del juego electoral, al financiamiento, al padrón, al acceso a medios, al encarcelamiento de varios líderes de la oposición y la confusión en las boletas electorales.
A propósito de uno de sus reclamos, hace unos días la Corte Suprema de Chile ordenó al gobierno de ese país recurrir a la OEA y presentarse en el penal donde se encuentra recluido Leopoldo López para examinar las condiciones de su detención, al considerar que se están violando sus derechos humanos. El régimen de Michelle Bachelet, de corte partidario del chavismo antes y de Maduro ahora, aceptó acatar la orden del Poder Judicial, en un primer caso de jurisdicción universal en América Latina (o como diría un mexicano, sopa de su propio chocolate para varios chilenos pro-Chávez, que festejaron la decisión de Baltazar Garzón en 1998 de detener al ex dictador Augusto Pinochet en Londres).
Ni siquiera los países de Unasur, organización sudamericana con francas simpatías por el gobierno venezolano, pudo enviar una simple misión de acompañamiento electoral a Caracas. Maduro vetó al presidente propuesto para la misma, el brasileño Nelson Jobim, visto como demasiado independiente por el sucesor de Chávez. Quizás tenía razón: con la inflación más alta del mundo en la ciudad más violenta del mundo, es comprensible que Maduro se prepare para una paliza electoral, y prepare también un megafraude electoral para contrarrestarla.
¿Qué va a hacer América Latina el 6 de diciembre en la noche? ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer la izquierda mexicana? ¿El silencio anacrónico, convenenciero y cínico de la no-intervención? ¿Avalar el fraude? ¿O armarse de valor y de congruencia para encabezar una vigorosa, duradera y eficaz denuncia del atropello a la democracia? Felipe Calderón reconoce que se equivocó al callarse ante los sucesos en Venezuela. ¿Peña Nieto lo reconocerá también pero solo desde Toluca?
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