Senado español insta a Gobierno a reconocer y apoyar la Declaración de Caracas
noviembre 22, 2010 10:18 am
(Foto archivo)
La Declaración de Caracas fue suscrita por 400 dirigentes de la oposición venezolana, así como por parlamentarios nacionales de once países iberoamericanos el pasado 15 de junio.
Recoge en nueve puntos la defensa de la libertad, la igualdad, la separación de poderes, los derechos humanos y los valores que conforman la democracia representativa y el estado de derecho.
El texto repudia asimismo el militarismo, el populismo, el caudillismo y toda forma autoritaria y dictatorial de Gobierno, reclama el cese de la persecución política y exige la liberación de los presos de conciencia.
Fue la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (la cámara alta del Parlamento español) la que aprobó la moción, con los votos en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Por ello el senador del PP Dionisio García Carnero acusó a los socialistas de “abandonar una vez más” la defensa de los derechos humanos “por temor a molestar” al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Recordó que, entre los firmantes de esta Declaración, figuran miembros de la Internacional Socialista y por ello lamentó el voto en contra del PSOE.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado rechazó una moción del senador de la Entesa Joan Josep Nuet contra el deterioro de los derechos humanos en Colombia.
Según explicó Nuet, la moción es consecuencia del informe que realizaron siete parlamentarios de las Cortes Generales y autonómicos a Colombia el pasado mes de enero para verificar la situación de los derechos humanos en este país, informó Efe.
Declaración de Caracas
Nosotros, parlamentarios de diversos países de Iberoamérica reunidos en el Encuentro de Parlamentarios del Mundo por la Democracia celebrado en Caracas los días 14 y 15 de junio de 2010, de distintas ideologías y partidos políticos, declaramos:
1.- Nuestra absoluta solidaridad con los pueblos de Iberoamérica en sus luchas por la libertad, la igualdad, la prosperidad, el desarrollo;
2.- Reconocer a la democracia representativa, fundada en la irrestricta separación de poderes, el único sistema político cónsono con nuestras tradiciones libertarias, nuestros anhelos y nuestras esperanzas y exigimos, en consecuencia la plena observancia por parte de los gobiernos de nuestra región a los principios establecidos en la Carta Democrática de la OEA, de la que todos nuestros gobiernos son firmantes, así como su actuación activa e inexcusable para hacerlos regir, según manda y ordena dicha declaración de principios;
3.- Reafirmar el respeto a los derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión de las ideas, el derecho a la propiedad – sin restricciones que no se encuentren establecidas en nuestras respectivas constituciones – , el derecho al justo proceso. Y condenamos, por consiguiente toda violación a dichos derechos, reclamando en donde fueren violados su inmediata y plena restitución. En tal sentido hacemos nuestras las declaraciones de la CIDH condenando tales violaciones allí donde se perpretan.
4.- Repudiar toda forma de opresión, de imposición, de persecución y muy en particular el terrorismo de estado y las formas violentas de lucha y confrontación política;
5.- Reconocer en la vida republicana y civilista la única vía legítima de acción política y de gobierno. Y repudiar, por consiguiente, el militarismo, la autocracia, el populismo, el caudillismo y toma forma autoritaria y dictatorial de gobierno;
6.- Promover, en consecuencia, la solución pacífica y consensuada de los conflictos y el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes como norma a que deben ser remitidos todos los conflictos políticos y sociales que surgieren;
7.- Promover la mayor pureza, equidad, transparencia y respeto a los adversarios en los procesos electorales, únicas formas legítimas de renovar las autoridades en todos sus niveles. Rechazando, en consecuencia y de la manera más categórica, todo intento por impedir la debida renovación de autoridades para entronizar los cargos de gobierno, cualquiera que ellos fueren, más allá de lo establecido constitucionalmente. La democracia se basa en la permanente renovación de las autoridades. Impedirlo mediante la fuerza o argucias legales constituye el camino seguro hacia la dictadura.
8.- Demandar el ceso de la persecución y el maltrato a los presos políticos, exigiendo su inmediata liberación, en cualquier país en que tales repudiables sucesos tengan lugar. Demandar el reingreso de Hondura al seno de la OEA y el fin de la dictadura cubana.
9.- Respaldar, finalmente, a todas las fuerzas democráticas de nuestros países y muy en particular de los partidos y organizaciones civiles venezolanas en su lucha por impedir la entronización de un régimen dictatorial. Llamamos a la comunidad internacional para que vele y contribuya a la realización del proceso electoral del 26 de septiembre en fiel observancias a las normas internacionales que rigen en el concierto mundial de las naciones.
En Caracas, a 15 días del mes de junio del año 2010.-
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