Editorial de www.analítica.com
La oposición no puede limitarse a la difusión de la escandalosa
conversación cuya grabación presentó. El paso inmediato es la formalización
judicial de la denuncia
No se puede caer, y mucho menos permitir,
distracciones ni pretextos en temas tan graves como los numerosos hechos
delictivos que aparecen en la ya nacional e internacionalmente famosa grabación
de la conversación entre una importante figura del principal partido de Gobierno
y un funcionario militar del Gobierno de Cuba.
Aparte de que las informaciones que ese
controversial personaje daba a un militar extranjero, de asuntos y operaciones
de la estructura gubernamental del país, con detalles de funcionarios de
altísimo nivel del Gobierno de Venezuela incluyendo al mismo Presidente de la
República, pueden configurar delitos de espionaje a favor de una potencia
extranjera y traición a la Patria, ni la Presidencia de la República, ni la
Asamblea Nacional, ni los partidos oficialistas y principalmente el principal
partido de Gobierno, pueden caer en la grave irresponsabilidad, rayana en la
complicidad, de tratar de pasar por alto todo lo allí dicho.
Nadie en Venezuela puede hacerlo. La
conversación es una sucesión escandalosa de delitos de todos los niveles de
gravedad, indica auténticas conspiraciones políticas y económicas y, mal menor
pero importante, un ambiente de ataques y contraataques dentro del partido de
Gobierno e instituciones vitales del Estado. Nada de eso puede desvanecerse en
el aire. Tampoco pueden la oposición y la Mesa de la Unidad Democrática
limitarse a haber reventado públicamente el asunto ni conformarse conque la
transcripción e incluso la reproducción de la grabación estén en lugares
destacados de todos los medios de comunicación del país -excepto, como de
costumbre, en los oficialistas- y de buena parte del mundo.
La oposición denunciante debe en el menor
tiempo posible dar el paso contundente de consignar la denuncia, con todos los
respaldos posibles, en la Fiscalía General de la República y todas las
instancias que sean necesarias. Incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, al
menos en cuanto a señalamientos en la conversación sobre manipulación de las
cifras electorales, las mismas que ellos han impugnado.
Esto no puede ser un un encontronazo político más. No puede dejarse al paso del tiempo. Acallarlo es
incluso un delito peor.
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