Wednesday, May 22, 2013

Silencio intolerable

En: Recibido por email

Editorial de www.analítica.com

La oposición no puede limitarse a la difusión de la escandalosa conversación cuya grabación presentó. El paso inmediato es la formalización judicial de la denuncia
No se puede caer, y mucho menos permitir, distracciones ni pretextos en temas tan graves como los numerosos hechos delictivos que aparecen en la ya nacional e internacionalmente famosa grabación de la conversación entre una importante figura del principal partido de Gobierno y un funcionario militar del Gobierno de Cuba.


Aparte de que las informaciones que ese controversial personaje daba a un militar extranjero, de asuntos y operaciones de la estructura gubernamental del país, con detalles de funcionarios de altísimo nivel del Gobierno de Venezuela incluyendo al mismo Presidente de la República, pueden configurar delitos de espionaje a favor de una potencia extranjera y traición a la Patria, ni la Presidencia de la República, ni la Asamblea Nacional, ni los partidos oficialistas y principalmente el principal partido de Gobierno, pueden caer en la grave irresponsabilidad, rayana en la complicidad, de tratar de pasar por alto todo lo allí dicho.

Nadie en Venezuela puede hacerlo. La conversación es una sucesión escandalosa de delitos de todos los niveles de gravedad, indica auténticas conspiraciones políticas y económicas y, mal menor pero importante, un ambiente de ataques y contraataques dentro del partido de Gobierno e instituciones vitales del Estado. Nada de eso puede desvanecerse en el aire. Tampoco pueden la oposición y la Mesa de la Unidad Democrática limitarse a haber reventado públicamente el asunto ni conformarse conque la transcripción e incluso la reproducción de la grabación estén en lugares destacados de todos los medios de comunicación del país -excepto, como de costumbre, en los oficialistas- y de buena parte del mundo.

La oposición denunciante debe en el menor tiempo posible dar el paso contundente de consignar la denuncia, con todos los respaldos posibles, en la Fiscalía General de la República y todas las instancias que sean necesarias. Incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, al menos en cuanto a señalamientos en la conversación sobre manipulación de las cifras electorales, las mismas que ellos han impugnado.

Esto no puede ser un un encontronazo político más. No puede dejarse al paso del tiempo. Acallarlo es incluso un delito peor.

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