FERNANDO OCHOA ANTICH| EL UNIVERSAL
domingo 23 de febrero de 2014 12:00 AM
Ese fue siempre el objetivo de Hugo Chávez. Actualmente, esa equivocada política ha sido ratificada por Nicolás Maduro. Conocen, perfectamente bien, que una Fuerza Armada al servicio de la nación es un verdadero límite a cualquier Gobierno que intente irrespetar la Constitución Nacional y el estado de Derecho. En lugar de fortalecer el principio fundamental que rige la relación de una institución militar en un estado democrático: su subordinación al poder civil, han tratado de establecer la vieja tesis que caracteriza a los estados totalitarios: la unión cívico militar, que en realidad significa que los miembros de la Fuerza Armada pertenecen al PSUV. Así ocurrió en la Unión Soviética y es la situación imperante en Cuba. Los miembros de sus Fuerzas Armadas pertenecen al Partido Comunista.
En su intento de lograr este objetivo, se les han presentado dos complejos problemas que no han logrado superar en los quince años de régimen chavista: el primero, que la Fuerza Armada venezolana no proviene de un proceso revolucionario, sino de una larga evolución institucional; el segundo, que nuestras Fuerzas Armadas, hasta 1998, era la segunda institución, en discusión con la Iglesia Católica que ocupaba el primer lugar, de mayor prestigio en Venezuela. Estos obstáculos los ha tratado de superar el régimen chavista mediante una permanente ideologización de sus cuadros que, a mi criterio, ha fracasado ante la fortaleza de la tradición militar y a través de campañas de propaganda que buscan destruir, mediante la calumnia y la mentira, el prestigio de las Fuerzas Armadas democráticas.
Es la única explicación que encuentro a la apertura de un juicio penal en contra de los generales de división Ítalo de Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua (fallecido), Freddy Maya Cardona, Rafael León Orsoni y Guillermo Fuentes Serra, intentando responsabilizarlos de los dolorosos acontecimientos del 27 de febrero de 1989. He tratado de analizar, de la manera más objetiva posible, los elementos de convicción que la Juez de la Causa tuvo para ordenar dicha apertura. Lo primero a señalar, es la sorpresa que me ha causado las acusaciones. Imaginarse, que es posible señalar las responsabilidades intelectuales, después de 25 años de ocurridos los hechos, sin antes haber logrado determinar los autores materiales y el desarrollo de los acontecimientos, es realmente inaceptable. Se muestra un marcado interés político.
La pregunta que tenemos que hacernos es si existe la posibilidad de identificar a los actores materiales, precisar, con alguna exactitud, la actuación de cada uno durante el estallido de violencia y estudiar el desarrollo de los acontecimientos. La respuesta es sí. El Plan Ávila establece la obligación de los comandantes de batallón de emitir las correspondientes órdenes de operaciones, en las cuales aparecen los nombres de los oficiales comandantes de las compañías y de los pelotones responsables de cada subsector. A través de sus declaraciones se puede establecer el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a los hechos de violencia. Es imprescindible localizar suficientes testigos presenciales de lo ocurrido en cada caso, evaluar su imparcialidad para darle credibilidad o no a sus declaraciones, con el fin de poder determinar la verdad.
Esta parte de la investigación no se ha realizado por dos razones fundamentales: primera, el temor a comprometer como autores materiales de algún delito a algunos oficiales que ocupan o han ocupado altos cargos militares y civiles en el régimen chavista y que se desempeñaron en dicha operación como comandantes de compañía y de pelotón; segunda, la convicción de que esta realidad pudiera demostrar que la justificación del alzamiento del 4 de Febrero, dada permanentemente por Hugo Chávez, al relacionar su actuación con los hechos del 27 de Febrero, era absolutamente falsa. Un ejemplo claro de esta realidad fue la muerte del mayor Felipe Acosta Carlés, uno de los juramentados en la conspiración militar, que perdió la vida por su decidida actuación al tratar de tomar un reducto desde donde se disparaba en contra de la Academia Militar.
La operación militar conducida por la Fuerza Armada el 27 de Febrero, en medio del saqueo de más de 2000 negocios, sin contar la inmensa mayoría de las pequeñas bodegas de los barrios, fue un combate en localidades. Este tipo de operación, exige un control y una ejecución descentralizada a nivel de unidades fundamentales y básicas. El empleo de las armas, en caso de disturbios, es regulado por el Reglamento de Servicio en Guarnición. Allí se establece, un rígido procedimiento para poder realizarlo, con la excepción de que la unidad militar sea atacada con armas de fuego. Ese empleo, no se puede justificar con la excusa de haber recibido una orden, ni siquiera si es por escrito. La obediencia debida, dejó de existir después de los juicios de Núremberg. Definitivamente, lo único que se busca es desacreditar a las Fuerzas Armadas democráticas.
En su intento de lograr este objetivo, se les han presentado dos complejos problemas que no han logrado superar en los quince años de régimen chavista: el primero, que la Fuerza Armada venezolana no proviene de un proceso revolucionario, sino de una larga evolución institucional; el segundo, que nuestras Fuerzas Armadas, hasta 1998, era la segunda institución, en discusión con la Iglesia Católica que ocupaba el primer lugar, de mayor prestigio en Venezuela. Estos obstáculos los ha tratado de superar el régimen chavista mediante una permanente ideologización de sus cuadros que, a mi criterio, ha fracasado ante la fortaleza de la tradición militar y a través de campañas de propaganda que buscan destruir, mediante la calumnia y la mentira, el prestigio de las Fuerzas Armadas democráticas.
Es la única explicación que encuentro a la apertura de un juicio penal en contra de los generales de división Ítalo de Valle Alliegro, Manuel Heinz Azpúrua (fallecido), Freddy Maya Cardona, Rafael León Orsoni y Guillermo Fuentes Serra, intentando responsabilizarlos de los dolorosos acontecimientos del 27 de febrero de 1989. He tratado de analizar, de la manera más objetiva posible, los elementos de convicción que la Juez de la Causa tuvo para ordenar dicha apertura. Lo primero a señalar, es la sorpresa que me ha causado las acusaciones. Imaginarse, que es posible señalar las responsabilidades intelectuales, después de 25 años de ocurridos los hechos, sin antes haber logrado determinar los autores materiales y el desarrollo de los acontecimientos, es realmente inaceptable. Se muestra un marcado interés político.
La pregunta que tenemos que hacernos es si existe la posibilidad de identificar a los actores materiales, precisar, con alguna exactitud, la actuación de cada uno durante el estallido de violencia y estudiar el desarrollo de los acontecimientos. La respuesta es sí. El Plan Ávila establece la obligación de los comandantes de batallón de emitir las correspondientes órdenes de operaciones, en las cuales aparecen los nombres de los oficiales comandantes de las compañías y de los pelotones responsables de cada subsector. A través de sus declaraciones se puede establecer el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a los hechos de violencia. Es imprescindible localizar suficientes testigos presenciales de lo ocurrido en cada caso, evaluar su imparcialidad para darle credibilidad o no a sus declaraciones, con el fin de poder determinar la verdad.
Esta parte de la investigación no se ha realizado por dos razones fundamentales: primera, el temor a comprometer como autores materiales de algún delito a algunos oficiales que ocupan o han ocupado altos cargos militares y civiles en el régimen chavista y que se desempeñaron en dicha operación como comandantes de compañía y de pelotón; segunda, la convicción de que esta realidad pudiera demostrar que la justificación del alzamiento del 4 de Febrero, dada permanentemente por Hugo Chávez, al relacionar su actuación con los hechos del 27 de Febrero, era absolutamente falsa. Un ejemplo claro de esta realidad fue la muerte del mayor Felipe Acosta Carlés, uno de los juramentados en la conspiración militar, que perdió la vida por su decidida actuación al tratar de tomar un reducto desde donde se disparaba en contra de la Academia Militar.
La operación militar conducida por la Fuerza Armada el 27 de Febrero, en medio del saqueo de más de 2000 negocios, sin contar la inmensa mayoría de las pequeñas bodegas de los barrios, fue un combate en localidades. Este tipo de operación, exige un control y una ejecución descentralizada a nivel de unidades fundamentales y básicas. El empleo de las armas, en caso de disturbios, es regulado por el Reglamento de Servicio en Guarnición. Allí se establece, un rígido procedimiento para poder realizarlo, con la excepción de que la unidad militar sea atacada con armas de fuego. Ese empleo, no se puede justificar con la excusa de haber recibido una orden, ni siquiera si es por escrito. La obediencia debida, dejó de existir después de los juicios de Núremberg. Definitivamente, lo único que se busca es desacreditar a las Fuerzas Armadas democráticas.
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