JORGE HERNÁNDEZ| EL UNIVERSAL
sábado 15 de marzo de 2014 12:00 AM
Dos "llamados de atención con amenazas de muerte" recibieron vecinos de las calles Ecuador, Panamerican, Colombia y Humboldt de Catia por parte de colectivos armados, quienes tocaron las puertas de sus viviendas para advertirles que si vuelven a protestar en sus calles serán "atacados con armas dentro de sus propiedades", relató Héctor Vizcaya, vocero de la Asamblea de Ciudadanos del sector Nueva Caracas.
Esa "acción irregular", como la calificó Vizcaya, se originó luego de que un grupo de vecinos del sector protestara la mañana del viernes 28 de febrero en la calle Panamerican porque se cansaron de que el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, evite atender los problemas con la inseguridad, recolección de basura, vías dañadas, alumbrado público, y ejecutar un plan de modernización del resto de los servicios públicos en la parroquia Sucre.
"Si vuelven a protestar en Catia les mostraremos nuestras armas y entraremos a sus casas a atacarlos", fue el mensaje que recibieron las familias visitadas.
Mildred Santos, líder vecinal de la zona, aseguró que los colectivos le advirtieron que destrozarán las residencias de alrededor de 50 familias en Nueva Caracas si vuelven a tomar las aceras para manifestar contra el presidente Maduro.
"El mismo día de la protesta dos miembros de colectivos visitaron a mi vecina para advertirle que ellos no aceptan guarimbas ni protestas en Catia, y que ellos son la autoridad y actúan por orden de (Nicolás) Maduro", destacó Santos.
El miércoles de esta semana Santos observó nuevamente a alrededor de diez miembros de colectivos cuando tocaban la puerta de otra vecina para amenazarla con armas de fuego si vuelve a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
"Son ciudadanos que irrespetaron a mujeres que tienen más de 40 años viviendo en Catia, y que solo usaron pancartas, cacerolas y pitos para decirle al alcalde Rodríguez que los atienda", alertó Santos.
Agregó que esa manera de actuar de los colectivos se ha repetido en las parroquias San Juan, El Valle, Coche y El Paraíso del municipio Libertador. "Amigos y familiares que residen en estos sectores también fueron amenazados y apuntados por colectivos armados por tomar la calle o tocar una cacerola. Ellos no aceptarán protestas, así sean pacíficas".
Vizcaya relató que la próxima semana acudirán a la Defensoría del Pueblo para hacer una denuncia colectiva contra los que evitan que los ciudadanos protestan pacíficamente, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución.
"Los oficialistas protestaron el mismo día que nosotros y la gente solo los observó, nadie los atacó", recordó Vizcaya.
Comerciantes y trabajadores informales de la populosa zona señalan que cada día son vigilados por colectivos armados que rondan sus calles en moto.
"Por ese tipo de amenazas con armas muchos residentes evitan manifestar en las calles. A otros no les da tiempo de protestar pacíficamente porque cada día hacen enormes colas en los supermercados tratando de conseguir leche, harina de maíz, papel higiénico y café", relató Juan Domínguez en su tienda de electrodomésticos.
Domínguez dijo que muchos vecinos oficialistas también rechazan las acciones de los colectivos. "A ellos también les afecta el desabastecimiento y la crisis económica del país. Hostigan a mujeres y estudiantes que protestan por falta de insumos médicos en hospitales de Catia, leche para recién nacidos y de sistemas de transporte modernos".
Exhorto a la Alcaldía
La concejala de la Cámara de Libertador, Kadary Rondón, envió un comunicado al alcalde de este municipio, Jorge Rodríguez, donde rechaza su discriminación política contra los manifestantes opositores.
Afirmó que la acción fue respaldada por el diputado Stalin González y el concejal metropolitano, José Gregorio Caribas.
"Hay protestas en Catia porque los vecinos quieren elevar sus condiciones de vida. Rodríguez viola los artículos 36 y 38 de la Ley de Participación Política y el 68 de la Constitución, todos avalan el derecho a la protesta solo notificándole", dijo.
El martes representantes de los colectivos ejercieron un derecho de palabra en el Concejo Municipal de Libertador para dejar constancia de su "carácter social y cultural". Al final de la reunión la bancada oficialista reconoció que ellos defienden la revolución y que tienen armas, concluyó Rondón.
Desprotegidos
La abogada y experta en derecho municipal, Adriana Vigilanza, explicó que en el país "no hay estado de derecho". Sin embargo, recomendó que en caso de algún ataque a casas de vecinos por colectivos o funcionarios públicos, sin orden de allanamiento, los propietarios no deben abrir sus puertas. Mucho menos en caso de violencia.
"Si logran abrir las puertas es mejor no atacar porque los colectivos tienen armas. Si hubiese estado de derecho el propietario tendría la razón y derecho a la defensa. Si son funcionarios uniformados tampoco tienen derecho a entrar a una vivienda privada. Ellos tendrían que ser juzgados por delitos contra la propiedad e integridad física si roban o agreden a familiares, tras denunciarlos en Fiscalía", explicó.
Agregó que los colectivos creen que quienes no comparten su ideología son enemigos que hay que acabar.
Esa "acción irregular", como la calificó Vizcaya, se originó luego de que un grupo de vecinos del sector protestara la mañana del viernes 28 de febrero en la calle Panamerican porque se cansaron de que el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, evite atender los problemas con la inseguridad, recolección de basura, vías dañadas, alumbrado público, y ejecutar un plan de modernización del resto de los servicios públicos en la parroquia Sucre.
"Si vuelven a protestar en Catia les mostraremos nuestras armas y entraremos a sus casas a atacarlos", fue el mensaje que recibieron las familias visitadas.
Mildred Santos, líder vecinal de la zona, aseguró que los colectivos le advirtieron que destrozarán las residencias de alrededor de 50 familias en Nueva Caracas si vuelven a tomar las aceras para manifestar contra el presidente Maduro.
"El mismo día de la protesta dos miembros de colectivos visitaron a mi vecina para advertirle que ellos no aceptan guarimbas ni protestas en Catia, y que ellos son la autoridad y actúan por orden de (Nicolás) Maduro", destacó Santos.
El miércoles de esta semana Santos observó nuevamente a alrededor de diez miembros de colectivos cuando tocaban la puerta de otra vecina para amenazarla con armas de fuego si vuelve a ejercer su derecho a la protesta pacífica.
"Son ciudadanos que irrespetaron a mujeres que tienen más de 40 años viviendo en Catia, y que solo usaron pancartas, cacerolas y pitos para decirle al alcalde Rodríguez que los atienda", alertó Santos.
Agregó que esa manera de actuar de los colectivos se ha repetido en las parroquias San Juan, El Valle, Coche y El Paraíso del municipio Libertador. "Amigos y familiares que residen en estos sectores también fueron amenazados y apuntados por colectivos armados por tomar la calle o tocar una cacerola. Ellos no aceptarán protestas, así sean pacíficas".
Vizcaya relató que la próxima semana acudirán a la Defensoría del Pueblo para hacer una denuncia colectiva contra los que evitan que los ciudadanos protestan pacíficamente, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución.
"Los oficialistas protestaron el mismo día que nosotros y la gente solo los observó, nadie los atacó", recordó Vizcaya.
Comerciantes y trabajadores informales de la populosa zona señalan que cada día son vigilados por colectivos armados que rondan sus calles en moto.
"Por ese tipo de amenazas con armas muchos residentes evitan manifestar en las calles. A otros no les da tiempo de protestar pacíficamente porque cada día hacen enormes colas en los supermercados tratando de conseguir leche, harina de maíz, papel higiénico y café", relató Juan Domínguez en su tienda de electrodomésticos.
Domínguez dijo que muchos vecinos oficialistas también rechazan las acciones de los colectivos. "A ellos también les afecta el desabastecimiento y la crisis económica del país. Hostigan a mujeres y estudiantes que protestan por falta de insumos médicos en hospitales de Catia, leche para recién nacidos y de sistemas de transporte modernos".
Exhorto a la Alcaldía
La concejala de la Cámara de Libertador, Kadary Rondón, envió un comunicado al alcalde de este municipio, Jorge Rodríguez, donde rechaza su discriminación política contra los manifestantes opositores.
Afirmó que la acción fue respaldada por el diputado Stalin González y el concejal metropolitano, José Gregorio Caribas.
"Hay protestas en Catia porque los vecinos quieren elevar sus condiciones de vida. Rodríguez viola los artículos 36 y 38 de la Ley de Participación Política y el 68 de la Constitución, todos avalan el derecho a la protesta solo notificándole", dijo.
El martes representantes de los colectivos ejercieron un derecho de palabra en el Concejo Municipal de Libertador para dejar constancia de su "carácter social y cultural". Al final de la reunión la bancada oficialista reconoció que ellos defienden la revolución y que tienen armas, concluyó Rondón.
Desprotegidos
La abogada y experta en derecho municipal, Adriana Vigilanza, explicó que en el país "no hay estado de derecho". Sin embargo, recomendó que en caso de algún ataque a casas de vecinos por colectivos o funcionarios públicos, sin orden de allanamiento, los propietarios no deben abrir sus puertas. Mucho menos en caso de violencia.
"Si logran abrir las puertas es mejor no atacar porque los colectivos tienen armas. Si hubiese estado de derecho el propietario tendría la razón y derecho a la defensa. Si son funcionarios uniformados tampoco tienen derecho a entrar a una vivienda privada. Ellos tendrían que ser juzgados por delitos contra la propiedad e integridad física si roban o agreden a familiares, tras denunciarlos en Fiscalía", explicó.
Agregó que los colectivos creen que quienes no comparten su ideología son enemigos que hay que acabar.
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