LUIS JOSÉ SEMPRUM| EL UNIVERSAL
miércoles 19 de marzo de 2014 12:00 AM
Maduro y sus secuaces tienen las manos llenas de sangre inocente. Todo está documentado, gracias a los avances de las redes sociales. Ahí están los videos, las fotos, los testimonios y las pruebas, que hacen falta para acusar a los responsables por delitos de lesa humanidad.
El artículo 7 del Estatuto de Roma dice que "a los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
Y seguidamente enumera cuáles son esos actos: "asesinato, tortura, violación, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física", entre otros (http://tinyurl.com/qgjge3u).
Al momento de escribir este artículo, desde el pasado 12 de febrero han quedado plenamente registrados 28 asesinatos, 59 casos documentados de tortura, 1.500 detenciones ilegales, al menos una violación, y muchos otros casos de trato cruel, inhumano y degradante. Por eso, un grupo importante de parlamentarios latinoamericanos anunció que acusará a Maduro por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya (http://tinyurl.com/lcv325z).
También ha quedado documentado que el régimen de Maduro promueve y ampara la acción de grupos paramilitares armados (colectivos) para atacar a la población civil. Maduro no puede negar que se trata de brigadas de exterminio, porque él mismo confesó públicamente que "los colectivos se tragarían vivos a los gringos que se atrevan a invadir a Venezuela" (http://youtu.be/aKxs25jLOkI).
En resumen, Maduro y algunos funcionarios de su gobierno están ya montados, sin posibilidad de bajarse, en un tren cuya parada final es La Haya. Suponemos que todavía quedan algunos funcionarios conscientes que no quieren compartir el mismo destino. A ellos les decimos, éste es el momento de abandonar el tren y de manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas represivas del Régimen.
El artículo 7 del Estatuto de Roma dice que "a los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
Y seguidamente enumera cuáles son esos actos: "asesinato, tortura, violación, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física", entre otros (http://tinyurl.com/qgjge3u).
Al momento de escribir este artículo, desde el pasado 12 de febrero han quedado plenamente registrados 28 asesinatos, 59 casos documentados de tortura, 1.500 detenciones ilegales, al menos una violación, y muchos otros casos de trato cruel, inhumano y degradante. Por eso, un grupo importante de parlamentarios latinoamericanos anunció que acusará a Maduro por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya (http://tinyurl.com/lcv325z).
También ha quedado documentado que el régimen de Maduro promueve y ampara la acción de grupos paramilitares armados (colectivos) para atacar a la población civil. Maduro no puede negar que se trata de brigadas de exterminio, porque él mismo confesó públicamente que "los colectivos se tragarían vivos a los gringos que se atrevan a invadir a Venezuela" (http://youtu.be/aKxs25jLOkI).
En resumen, Maduro y algunos funcionarios de su gobierno están ya montados, sin posibilidad de bajarse, en un tren cuya parada final es La Haya. Suponemos que todavía quedan algunos funcionarios conscientes que no quieren compartir el mismo destino. A ellos les decimos, éste es el momento de abandonar el tren y de manifestar públicamente su desacuerdo con las políticas represivas del Régimen.
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