Pronunciamiento de la Fundación Alberto Adriani

En: Recibido por email. Llegó truncado en su parte inicial

ución  pacífica  de  los conflictos políticos  propios de  toda
sociedad democrática para no recaer en etapas superadas en donde se
creyó  que el autoritarismo era la solución.  Consecuente con ese
pensamiento socio político  de su epónimo la Fundación Alberto
Adriani,  ante la opinión pública y frente a la actual situación
nacional,  que una institución  de tanta autoridad como la Conferencia
Episcopal Venezolana,  califica  la  de"un país hundido  en sangre",
y que  organismos internacionales de derechos humanos han denunciado
como dramática por la grave violación  de  estos  derechos y  teniendo
en cuenta que según  recientes estudios de opinión más del setenta por
ciento  (70%) de la población  considera necesario una
reestructuración de los poderes públicos,  a través de mecanismos
constitucionales,  por  razón  de principios,  estima obligatorio
hacer el  siguiente

PRONUNCIAMIENTO:

1º. La salida a crisis profundas de inestabilidad e ingobernabilidad,
evidenciadas por la violación de libertades fundamentales,  la
represión de las protestas ciudadanas y de la disidencia,  así como la
militarización y la participación de grupos paramilitares en el
control del orden público,  obligan  a pensar en la revisión de los
esquemas políticos  que impiden el pleno desarrollo de la
institucionalidad  democrática del país.

2º.  Uno de los factores de esas crisis, como se ha demostrado
históricamente,  es la  concentración del poder del Estado, en
perjuicio del principio de la separación de las ramas del poder
público,  que es un elemento  fundamental de la democracia,  cuya
consecuencia  es la pérdida de su independencia, principalmente de la
Administración de justicia,  lo que determina el abuso y  el  exceso
en el ejercicio del poder por la falta de controles políticos y
jurídicos, por parte del poder legislativo y del poder judicial, que
garantice el equilibrio institucional.

3º.  Ética y jurídicamente la legitimidad del poder público no viene
dada solo por su origen electoral, sino también, con igual jerarquía,
por la legitimidad de su ejercicio, es decir, por la actuación
correcta constitucional y moralmente de quienes ejercen el poder y por
el respeto de los derechos de la minoría, en un modelo como el Estado
democrático de Derecho uno de cuyos  valores superiores es el
pluralismo y no el de una democracia plebiscitaria de mayorías
excluyentes.

4º.  La falta de la  tutela judicial efectiva de los derechos humanos
y la impunidad de las violaciones de estos derechos,  así como la
intimidación mediante procesos judiciales de sectores opositores,  sin
el debido proceso y de la aplicación del llamado"derecho del enemigo"
y la  falta de  control de grupos paramilitares  y el desconocimiento
del derecho parlamentario del derecho de palabra y de la
representación proporcional de las minorías y el desconocimiento de la
investidura parlamentaria, son todos  factores del agravamiento de la
crisis de institucionalidad y de ingobernabilidad.

5º.  La falta de una institucionalidad verdaderamente democrática
acarrea problemas socio económicos, como el agravamiento de la
inflación, la inseguridad de la integridad personal, el desempleo
disfrazado, la carestía, la poca producción, la dependencia de las
importaciones,  el desabastecimiento,  la mala calidad educativa y de
salud pública,  así como de la pérdida de la vida de los ciudadanos,
los cuales  son  fruto de la ausencia de una planificación concertada
y participativa  entre el Estado y los deferentes sectores políticos y
sociales.

6º.  Lo más grave de las crisis políticas y de ingobernabilidad es el
costo humano. Cuando estas crisis conducen a la perdida de la libertad
de las personas  y del bien más precioso como lo es la vida humana,
sobre todo de  la juventud,  estas crisis  alcanzan grados de
dramatismo de enormes proporciones,  que sin exageración pueden
calificarse de verdaderas tragedias, cuando están teñidas de la sangre
de sus ciudadanos.

7º.  La crisis de institucionalidad y de gobernabilidad, como ocurre
en Venezuela,  no se puede resolver mediante la promoción de la
guerra, el odio, la militarización de país  y la persecución contra el
derecho a  protestar,  sino mediante una  voluntad sincera de
reconciliación y del convencimiento de la necesidad de una
concertación,  de la cooperación, del dialogo igualitario y sin
condiciones o amenazas y  de una solidaridad patriótica,  que
conduzca a amnistías políticas y a  una participación amplia en la
revisión indispensable del funcionamiento de los poderes públicos y
del sistema económico.

8º.  La concertación,  son relaciones de cooperación y de compromiso
del perfeccionamiento del sistema político,  mediante los cambios
sustanciales y necesarios del ejercicio del poder político, mediante
mecanismos democráticos y constitucionales que los permitan, a  corto,
mediano y largo plazo, basados en los valores de la libertad, la
justicia y la paz.

9.  La Fundación Alberto Adriani, sin embargo,  considera que la
presente crisis de institucionalidad y de gobernabilidad  nacionales
no se superarán  si no existe un dialogo nacional, abierto, amplio y
público,  en sedes neutrales,  y sin agendas de discusión o  de
interlocutores creíbles y confiables,  o  bajo diálogos signados de
amenazas e imputaciones y carentes de un espíritu de solidaridad
patriótica.

10º.  Sin ese dialogo patriótico  no será posible solución alguna a la
dramática situación venezolana que por la pérdida de la vida  de
numerosos compatriotas y  de  la libertad de otro cuantioso grupo de
connacionales, principalmente de nuestros jóvenes;  al igual que los
países que  pudiendo hacerlo, sin embargo,  por falta de un compromiso
patriótico,  fueron incapaces de lograr la reconciliación entre sus
ciudadanos,  se hundieron  en las peores tragedias,  como la de
algunos países centroamericanos, que son incomprensibles e
injustificables, en los tiempos modernos,  en lo que Alberto Adriani,
en 1920,  llamó "paradojas de la vida histórica".

11°.  Un país desangrado, de detenidos y de perseguidos en el Siglo
XXI  es una aberración histórica y un crimen de lesa patria.



Caracas,  31 de marzo de  2014.

Dr. Román J. Duque Corredor

Presidente

Licenciado Nilson Guerra Zambrano

Director Ejecutivo