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23 DE JULIO 2016 - 12:01 AM
En la página oficial de la empresa Kimberly-Clark leemos que se fundó en Estados Unidos, en 1872, y que desde entonces ha trabajado en las áreas de salud e higiene de manera ininterrumpida. La empresa abrió una planta en nuestro país (Kimberly-Clark de Venezuela), en la zona industrial de Maracay, hace más de 20 años, y tenía una nómina de casi 1.000 trabajadores. Acá producían una amplia variedad de productos: pañales para niños y adultos, toallas faciales, papel higiénico, servilletas y toallas sanitarias, entre otros, de las marcas Huggies, Plenitud, Kleenex, Scott y Kotex.
De acuerdo con los medios de comunicación, la sucursal venezolana dejó de operar el pasado viernes 8 de julio. El cierre obedeció a la imposibilidad que tuvo la compañía para obtener divisas con el propósito de continuar la elaboración y venta de sus productos a precios regulados. En un país normal, dicho cierre no habría tenido mayor relevancia, pero en la Venezuela trastocada por la agitación permanente, el acontecimiento involucró al presidente de la República, a los ministros de varias áreas y a toda la prensa nacional. No es para menos. Aquí, donde escasean los bienes más nimios, el hecho de que una fábrica de productos tan esenciales a nuestra higiene cotidiana deje de operar, se transforma en un acontecimiento político y existencial de primer orden.
A nadie entonces le causó sorpresa que, el lunes 11 de julio en la noche, Nicolás Maduro se dirigiera al país para informar que la mencionada empresa había violado las leyes y la Constitución con su decisión, y agregó que sus trabajadores (despedidos) habían tomado el control de la planta y que el Estado aportaría los recursos necesarios para su consolidación.El vicepresidente Aristóbulo Istúriz fue directamente al terreno de la confrontación y señaló, cual carro chocón, que como consecuencia de la acción ejecutada, los propietarios de la compañía habían perdido las plantas: “Si quiere, el señor que venga cuando cambien las condiciones, pero planta no va a encontrar, ya esa planta no es de él, ya la perdió. Planta que tranquen, planta que tomamos con los trabajadores”. Para justificar la acción destemplada e ilegal, Istúriz fue insistente en señalar que en el país hay una guerra no convencional impulsada por la derecha, la cual sería revertida por el gobierno en el segundo semestre de este año. Ya amanecerá y veremos.
En tónica similar, otros funcionarios del régimen echaron también su leña contestataria al fuego. En un momento en que el país requiere de la inversión privada, interna y externa, el mensaje que se manda al mundo es el de más arbitrariedad e intervencionismo económico.
Como era de esperarse, la voz disidente también se hizo presente a través del analista Luis Vicente León. Su señalamiento fue conciso y certero: “El gobierno incumplió con las asignaciones de divisas. No se las entregó para poder hacer honor a sus deudas y a las casas matrices (…) Kimberly-Clark no iba a seguir apostando en una cárcel cambiaria. No tiene ningún sentido que alguien siga vendiendo productos donde no está cobrando.La pregunta es: ¿hasta cuándo puedes romper el cochinito para meterlo en el cochinito del gobierno y que nadie te devuelva la plata? (…) Para reponer la mercancía tienes que volver a utilizar tu dinero”.
No sabemos exactamente cuál número le corresponde a Kimberly-Clark en la larga lista de expropiaciones, intervenciones y cierre de empresas que empezó en enero de 2007 con la expropiación de la Electricidad de Caracas, cuyo control era ejercido por el grupo AES de Estados Unidos. De ahí en adelante la política sistemática no ha cesado. La cronología de los actos llevados a cabo es elocuente. En un artículo anterior aludimos a ella, pero bien vale la pena repetirla. Así, la acción siguiente se dirigió contra las empresas que operaban proyectos petrolíferos en la faja del Orinoco. El 1° de mayo se anunció la toma simbólica del control de los campos petroleros en dicha área y se anunció la creación de empresas mixtas con control estatal. La medida afectó a varias empresas extranjeras, entre ellas Exxon Mobil y ConocoPhillips. Luego vino el turno de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), entonces controlada por las empresas Verizon de Estados Unidos y Telefónica de España.
En 2008 las actuaciones continuaron. A mediados de marzo se procede contra la empresa Lácteos Los Andes y una cadena de frigoríficos. En esa ocasión la “seguridad alimentaria” es la justificación. En abril, la afectada es la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), propiedad de un consorcio cuya mayoría se encontraba en manos de la empresa argentina Techint. En agosto se continuó con las empresas cementeras en manos de grupos de Francia (Lafarge), México (Cemex) y Suiza (Holcim). Y, en noviembre, el gobierno anuncia que nacionalizará la mina de oro Las Cristinas, que viene siendo explotada por la empresa canadiense Crystallex.
Sin embargo, las medidas no pararon ahí. En 2009 la voracidad estatizadora se dirigió contra un grupo de empresas venezolanas de servicios nada significativas, como lo eran las contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en la Costa Oriental del lago de Maracaibo. Se señala, no sin razón, que tal proceder tuvo más que ver con las deudas que la industria petrolera tenía con tales compañías. Antes de eso, en marzo, se ordena expropiar las plantas procesadoras de arroz de Cargill, empresa norteamericana. La razón esgrimida: violar la producción de alimentos con precios controlados. En julio se formaliza la compra del Banco de Venezuela, propiedad del grupo español Santander. En octubre se decreta la adquisición del Complejo Hotelero Margarita Hilton. Y en noviembre se decide expropiar a las torrefactoras Fama de América y Café Madrid. Otra medida singular se adoptó en este año: se transfirió a la administración directa del gobierno nacional los puertos y aeropuertos que hasta ese momento eran administrados por las gobernaciones de los estados donde se encuentran ubicados. Con esta última modalidad se les quitaba poder a las gobernaciones, lo que no era más que un paso hacia la centralización absoluta.
2010 comenzó con la apropiación de la cadena de hipermercados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, y la compra de Automercados Cada. Dándose palos a diestra y siniestra, se anuncia la adquisición de empresas fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos. Se nacionalizan, además, once taladros petroleros de la compañía norteamericana Helmerich & Payne y a la empresa española Agroisleña, importante distribuidora de productos del campo y propietaria de varios silos que en el año de su expropiación había financiado a más de 800.000 toneladas de alimentos. Antes de que concluya el año, se le pone la guinda a la torta: se expropió la sucursal en Venezuela de la empresa estadounidense Owens-Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos, medicamentos y cosméticos. La argumentación de la medida se hizo acorde con la fraseología revolucionaria: “Tiene años explotando a los trabajadores, destrozando el ambiente y llevándose el dinero de los venezolanos”.
En 2011 se expropia a la empresa Consolidada de Ferrys (Conferry), transportista de vehículos y personas desde tierra firme hasta la isla de Margarita. Iguales medidas se han tomado contra empresas metalmecánicas, fincas, edificios, centros comerciales y cuanto bien entre en la categoría de “propiedad privada”. No importa que tales actos de gobierno no creen nuevos puestos de trabajos y reduzcan la productividad. Tampoco interesa que los costos de tales acciones superen los 20.000 millones de dólares, según investigadores del IESA. Lo realmente trascendente es el mensaje ideológico que se transmite: ¡Empresarios, temblad!
El ogro filantrópico que, en tiempos de vacas gordas, fue alimentado por Hugo Chávez, es ahora, en tiempos de vacas flacas, nutrido irresponsablemente por Nicolás Maduro.
Para justificar sus torpes ejecutorias, el gobierno sigue hablando de guerra económica, de la derecha y otras tantas monsergas, pero es incapaz de cambiar las políticas que como la lluvia nos han traído los lodos de la pobreza y el desencanto. Por el camino que se sigue transitando, las partes más íntimas de los venezolanos serán tocadas y aseadas con los más suaves papeles higiénicos que la humanidad haya producido jamás, y de un único color: rojo rojito. Ojalá que también lleven impresos en cada hoja, con singular delicadeza y en toda la extensión del rollo, la foto de los integrantes del gabinete económico en pleno: eso garantizará que se les rinda el homenaje que bien se merecen. Esto lo digo influido por el recordado aguinaldo del grupo Los Tucusitos que dice que el “amarillo es lo que luce”; además, hoy en día el rojo escasea por donde quiera.
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