Héctor Silva Michelena
Decía el gran físico Werner Heisenberg que “la cosa observada no es independiente del observador”. Entre ambos se interponen innumerables notas distintivas prejuzgadas puestas por una larga sucesión de generaciones. Todos padecemos de prejuicios cognitivos. Un prejuicio cognitivo es una distorsión cognitiva que afecta al modo en el que los humanos perciben la realidad. Las categorías generales de prejuicios se establecen a partir de creencias basadas en las costumbres, tradiciones o mitos que se adjudican a determinado grupo. Como tal, se originan primero hacia un individuo, luego se atribuyen a todo el grupo al que pertenece ese individuo, y, a continuación, se aplican a todos los individuos del grupo: Fascismos, militarismos.
Los especialistas sostienen que los prejuicios surgen de la necesidad del ser humano de protegerse de todo aquello que reconoce como potencialmente peligroso. Los prejuicios, en este sentido, actúan proporcionándole la posibilidad de tomar decisiones firmes y rápidas que eviten situaciones peligrosas. Ejemplos: El Gobierno: la guerra económica que Maduro y su gobierno dicen que han lanzado los agentes económicos y políticos contra el Proyecto Bolivariano. La oposición: J.P. Olalquiaga, presidente de Conindustria, ha dicho: “El Gobierno sigue quebrando las empresas que quedan en el país. Necesitamos un nuevo rumbo en materia económica, llegamos a un problema no político sino de fuerza, y la fuerza está en el cambio que quieren los venezolanos”.
¿Cuál es el problema? ¿De fuerza? Sí, pero no de las armas, sino de la soberanía y el querer del pueblo. La grave crisis societaria que sufre Venezuela, cuyas manifestaciones más visibles son la escasez y la carestía persistentes de todos los bienes básicos para el ser humano. En pocas palabras, en Venezuela se ha instalado la “economía de la escasez”, característica de todos los socialismos que existieron y existen. ¿Quién se acerca a la verdad? Veamos.
¿Qué son las leyes económicas? Clásicos del marxismo: Son las interdependencias objetivas y las conexiones de causa y efecto esenciales que persiste en los procesos y fenómenos económicos, y sin las cuales no se puede hablar de relaciones de producción en su integridad y desarrollo. Según Marx, el hombre no puede crear, cambiar o abolir las leyes económicas, peropuede descubrirlas, conocerlas y utilizarlas en provecho de la sociedad. Utilizar las leyes económicas significa concordar la acción humana con las exigencias de dichas leyes. Si la economía es de mercado, estas leyes no pueden ser abolidas por el hombre, pero sí orientadas en provecho de la sociedad. ¿Cómo? Mediante la acción de las políticas públicas.
La política económica puede reorientar los flujos monetarios (presupuesto) para redirigir los flujos reales y utilizarlos en provecho de la sociedad. ¿Cuál es esta política en el gobierno? Están en el Plan de la Patria, de Chávez (letra muerta) y en la Agenda Económica Bolivariana de Maduro: 15 motores productivos y los CLAP.
Para los no-marxistas, clásicos y neoclásicos: las escuelas fundamentales son la clásica, la neoclásica y la keynesiana. Éstas, a su vez, tienen sub-escuelas: neoclásicas, síntesis neoclásica, neo-keynesianismo, post-keynesianismo, etc. Todas ellas tienen (no los clásicos) un denominador común: la evaluación personal de la utilidad de un objeto es la fuente del valor de esos objetos, y esa utilidad expresa las preferencias del consumidor. Todo esto es válido, aunque modificado, en los casos de competencia imperfecta, oligopolio, intervención estatal, información asimétrica. Amartya Sen introdujo un matiz importante: un bien es útil si quien lo recibe (compraventa, regalo, donación) sabe y está en capacidad de darle utilidad.
¿Qué es la escasez y cómo se cuantifica? El concepto no es absoluto, es una relación entre el consumidor (la demanda) y el bien (la oferta). Un almacén puede ofrecer pocos bienes, pero si nadie los demanda, esos bienes no son escasos. Puede que una empresa produzca, y distribuya, una gran cantidad de productos, pero si el crecimiento de la demanda es mayor, suben los precios o se evidencia la escasez. Si ésta persiste, entonces el consumidor compra más para proteger el alimento de su hogar. Y si aún se sostiene largamente, la escasez se reproduce. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela.
¿Por qué la producción ofrecida es insuficientes para satisfacer la demanda de los artículos regulados? El gobierno insiste en que los agentes económicos privados (la burguesía) y los partidos de oposición lanzaron una guerra económica contra el Proyecto Bolivariano. Pero hay un dato irrefutable: los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre pasado. El gobierno ni los supo ni lo ha sabido leer todavía: según los expertos, se trató de un voto castigo a una mala gestión: el pueblo sufría para comer, hallar sus medicinas y artículos de higiene personal y del hogar.
De ahí los decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica (enero) y el muy reciente que crea la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (Gaceta Oficial del 11 de julio 2016), muy bien analizado por José I. Hernández en Prodavinci. El Órgano Superior del Comando, que asumirá la gestión ordinaria del Comando Nacional, tendrá como Jefe al Ministro de la Defensa quien, desde la unión cívico-militar, deberá “aprovechar la capacidad operativa de La FANB en todo el territorio del país […] para la garantía de los derechos a la alimentación y la salud […] en la aplicación del principio de corresponsabilidad en la defensa de la seguridad de la nación […] en la cual la FANB debe participar activamente”. Así que, Mauro y el general Padrino López, Jefe del Órgano Superior, han declarado la guerra “no convencional” contra los contra los contrarrevolucionarios: empresarios, partidos de oposición, y todos los disgustados y críticos de su gestión económica.
Algunos datos: según Conindusria, en 2016 la capacidad utilizada fue de 36% y la producción cayó un 61%. Además, las restricciones fueron —en este orden— falta de materias primas, nacionales e importadas, falta de divisas, incertidumbre jurídica y política, economía controlada y fallas eléctricas. Éstas son condiciones de alto riesgo, que frenan la propensión a invertir y estimulan la fuga de talentos y de empresas extranjeras. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la ocupación de la planta y oficinas de la empresa por parte de los trabajadores locales, con Kimberly-Clark, son 16 las multinacionales que han optado por salir de Venezuela desde 2010. El deterioro de las condiciones económicas y de negocio fue el motivo principal de su salida.
En la agricultura y cría, Antonio Pestana explica la situación así en una entrevista con Deutsche Welle (TV alemana):
“Señor Pestana, ¿cómo le explicaría FEDEAGRO a una audiencia extranjera los factores que propician la escasez de alimentos en Venezuela?
Antonio Pestana: Las principales causas de la dramática situación que vivimos son la falta de garantías económicas, de seguridad jurídica y de seguridad personal; la escasez de insumos y de personal capacitado; serios problemas de desarrollo tecnológico y de financiamiento; y la falta de competitividad de la producción nacional frente a las importaciones. Férreos controles hacen que el precio de muchos de los bienes esenciales tienda a estar por debajo de los costos de producción. En otras palabras, la producción agraria no es rentable.”
La integridad de nuestras unidades de producción tampoco está garantizada. Según las cifras oficiales, el Gobierno ha confiscado 5,2 millones de hectáreas en 1.200 unidades de producción en la última década. Hoy en día las tierras confiscadas producen menos de lo que lo hacían con sus propietarios originales o no producen. A eso se suma la inseguridad personal: la violencia delictiva —los robos y los secuestros, por ejemplo— hace estragos en los campos agrícolas del país. En algunos casos, nos impide ir a nuestras unidades de producción. Venezuela tiene 35 millones de hectáreas de tierras con mucho potencial, pero apenas se utilizan 11 millones.
Exceptuando el fertilizante nitrogenado, en Venezuela no se producen agroquímicos. Estos deben ser importados, pero como tenemos un control de divisas muy severo y los dólares se asignan de manera discrecional, el sector agrario no ha podido honrar sus compromisos con empresas extranjeras. Ya se nos percibe como deudores morosos y se nos ha cerrado toda línea de crédito. Ahora dependemos de lo poco que importa el Estado y esas limitaciones hacen que las superficies cosechadas se reduzcan considerablemente.
La empresas privadas que solían importar maquinaria, implementos y repuestos ya no lo hacen. También en ese caso dependemos totalmente de las adquisiciones que haga el Estado. La vida útil del 65% de nuestros tractores y del 85% de las cosechadoras ha caducado. Ese grado de obsolescencia y la falta de repuestos llevaron nuestra capacidad para producir al mínimo. Por otro lado, el Gobierno no le ha dado la importancia que merece a la capacitación, la generación de conocimiento y su transferencia.
En Venezuela, un índice de inflación de tres dígitos hace que la cartera agrícola obligatoria aumente su valor en términos nominales; pero, en términos reales, ésta pierde valor con cada día que pasa, lo que limita la capacidad de invertir. Por si fuera poco, la sobrevaluación del dólar desestimula la compra de productos nacionales y le da impulso a las importaciones, muchas de las cuales han sido llevadas a cabo de manera oportunista por algunos empresarios y miembros del Ejecutivo.
Los empresarios del campo y la ciudad sostienen, pues, que el problema encuentra sus raíces en el proyecto económico implantado por Chávez y seguido por Maduro, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero (97% de las divisas) y de proveedores foráneos. Recordemos a Heisenberg. ¿Qué observa el gobierno? Probablemente estos mismos datos, pero tamizados por el prejuicio oficialista: los juzga como datos de la guerra económica desatada por “actores económicos y políticos adversos al Proyecto Bolivariano”.
Su política económica ha intentado controlar, a cuentagotas, toda de la economía, pero no lo ha logrado porque un ancho y creciente sector de la población se lo ha impedido. La estructura institucional de la economía venezolana es, hoy en día, aproximadamente la siguiente: PIB público: 40%, PIB privado: 58%, economía social: 2%. ¿Sobre qué cantidad de capital y de empleo se levanta ese 40%? Nadie lo sabe. Como los sectores público y privado están monetizados y emplean trabajadores asalariados, se desprende:
1. Que en nuestra economía rigen las leyes mercado, y
2. Que el Estado, al tener asalariados, les extrae un excedente, como cualquier burgués. Sólo que en peores condiciones: son personas que pueden verse obligadas a vender su voluntad. A desaparecer como ciudadanos.
2. Que el Estado, al tener asalariados, les extrae un excedente, como cualquier burgués. Sólo que en peores condiciones: son personas que pueden verse obligadas a vender su voluntad. A desaparecer como ciudadanos.
¿Podrá la FANB, comandada por el general Padrino López, abolir las leyes de la economía de mercado? ¿Podrá reorientar la política económica en provecho de todos los venezolanos, sin que el gobierno cambie?
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