Editorial El Nacional
La oposición ha tenido que salir a la calle para que la señora Lucena, una villana de pocas luces, deponga su actitud intransigente y abusadora en contra de los derechos constitucionales que les asisten a los electores al exigir que se convoque al referéndum a su debido tiempo y cumplidos como están los requisitos exigidos. No sabemos a cuenta de qué este cuarteto de mosqueteras desenvainan sus espadas para arremeter con saña y odio ante cualquier venezolano que acuda al Consejo Nacional Electoral para informarse acerca de los continuos y extraños atrasos que surgen en esa instancia del oficialismo especializada en trucos y trapisondas de toda índole.
Y decimos “instancia del oficialismo” porque ya no es posible seguir con la actitud hipócrita de considerarlos honorables representantes del Poder Electoral cuando en verdad no lo son porque, a costa de la paciencia y de la buena fe de los ciudadanos, han abusado en el ejercicio de sus funciones al punto de que su grado de credibilidad está por los suelos, cuando no en el subsuelo como el arranchado Metro de Caracas, maloliente e inseguro.
Estas señoras que deberían representar, si alguna vez habitara en ellas ese propósito, la instancia más transparente de la democracia porque en sus manos está la pureza y la validez del voto, de lo cual depende en mucho, por no decir en general, la reputación del resto de las instituciones que convalidan el poder, pues no calzan las medidas de tamaña responsabilidad ciudadana. Desde hace un largo e incómodo tiempo han venido perpetrando tantas y tan desvergonzadas actuaciones que, a estas alturas, resulta imposible calcular, con modesta aproximación, los daños irreparables que han causado en la confianza de los votantes.
Por supuesto, valga Dios y su ayuda, si alguien las increpa públicamente por tan desafinada y sospechosa actuación pues de inmediato se rasgan las vestiduras y exigen a voz en cuello castigo para los abusadores cuando, si colocamos sus actos en una balanza, el abuso de parte de ellas pesa tanto que cualquier esfuerzo por disimularlo resulta no sólo inútil sino grosero.
Lo cierto es que quien está en un puesto de tan alta responsabilidad no sólo está expuesto a la libre crítica de los ciudadanos, sino que está en la inevitable obligación de presentar cuentas de sus actos para que, se quiera o no, estos hablen clara y objetivamente de su gestión pública sea ella beneficiosa o no para su “honorable reputación”.
En el caso del actual CNE y de sus actuaciones que rozan lo cortesano más allá de lo razonable, se debe hacer hincapié en la necesidad urgente de reparar su imagen, de colocarle en la vena un suero de imparcialidad y luego del revocatorio (si es que ellas permiten que este se lleve a efecto sin más dilaciones) hospitalizar a esta alta instancia electoral para desinfectarla y orientarla hacia los intereses ciudadanos. Sabemos perfectamente bien que el mal está en las alturas y no en sus funcionarios medios, trabajadores y obreros, a quienes más bien se les mezquinan sus derechos gremiales y sindicales. ¡Good bye, Tibisay!
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