Anabella Abadi M.
Si bien Venezuela sigue atravesando la peor crisis económica de su historia, el Gobierno Central ha decidido seguir prorrogando toda reforma macroeconómica. Haciendo un breve resumen de la actuación del Ejecutivo Nacional durante 2016, intentaremos identificar sus verdaderos objetivos de política económica, de cara al año 2017 que comenzará con importantes tensiones políticas y económicas.
La discrecionalidad como objetivo
El 31 de diciembre de 2015 perdió vigencia la última Ley Habilitante de 2015 y bajo su aplicación se publicó más de una decena de decretos-leyes que se dieron a conocer en los primeros días de 2016. Varios decretos-leyes tenían como objeto ampliar el control del Poder Ejecutivo sobre la economía, además de reducir el ámbito de control de la Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre sobre el Poder Ejecutivo en materia económica. Estos incluyeron, por ejemplo:
1. La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para limitar el control de la AN sobre la autoridad monetaria, legalizar la opacidad de cifras oficiales y otorgar competencia al BCV para dar financiamiento al Estado a solicitud del Poder Ejecutivo.
2. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público para reformar el régimen del control presupuestario.
3. Reformas al régimen tributario con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria: creación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, modificación del ISLR y la reforma de la Ley del Seniat.
4. La reforma de la Ley del Régimen de Cambio y sus Ilícitos y se estableció un régimen más restrictivo, incluyendo el aumento de sanciones penales y administrativas, y la estipulación de nuevos ilícitos.
Durante 2016 el Ejecutivo Nacional también gozó de una importante discrecionalidad legislativa y presupuestaria a través de la aprobación de tres Decretos de Emergencia Económica y sus respectivas prórrogas.
Entre el 15 de enero y el 30 de noviembre de 2016, se aprobaron y publicaron en Gaceta Oficial, 76 decretos presidenciales bajo el amparo de los Decretos de Emergencia o sus respectivas prórrogas. De estos, 35 –poco menos de la mitad– corresponden a la asignación de recursos adicionales, sumando un total de 3,7 billones de bolívares, 2,4 veces el Presupuesto Nacional de 2016. Del total de recursos aprobados, 94,8% fue dirigido a cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con gastos de personal, aumentos de salarios y de bonos de alimentación de la administración pública y aumentos de las pensiones del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).
Mediante Decreto de Emergencia, Maduro aprobó nueve decretos dirigidos a atender la crisis eléctrica, incluyendo seis para decretar días no laborales para el sector público, dos para ajustar los horarios de trabajo de órganos y entes del sector público y uno para modificar el huso horario. También aprobó nueve decretos para fomentar la actividad económica y atender el desabastecimiento y cuatro para impulsar los programas sociales, pero no parecen haberse traducido en resultados efectivos.
En 2016 el Tribunal Supremo de Justicia pasó a ser una herramienta clave para garantizar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo frente al Parlamento. No sólo permitió la entrada en vigencia de los Decretos de Emergencia aún y cuando la AN no los aprobó, sino que bloqueó gran parte de la actividad legislativa de 2016. Nada parece indicar que el Ejecutivo Nacional renunciará a hacer uso del TSJ para lograr sus objetivos en 2017.
Revisión del sistema de planificación centralizada: más de lo mismo
El año 2016 estuvo plagado de anuncios que parecían re-empaquetar las mismas medidas que se han implementado por años basadas en el control económico. El año empezó con modificaciones en el Gabinete Ejecutivo, y la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva y sus Motores Productivos –originalmente 9, pero a cierre de año llegaban a 15–. Estos motores pretenden atender actividades económicas consideradas “clave” para el Gobierno Nacional, tales como: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentación, minería. telecomunicaciones e informática, entre otros.
A mediados de año, nace la Gran Misión Abastecimiento Seguro, liderada por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y que se organizaría en siete vértices: el productivo, logístico, comercialización, sistema de precios, organización productiva, seguridad y defensa e investigación y desarrollo. Bajo este paragua, se agudizó la intervención sobre las cadenas de producción, distribución y comercialización de una cada vez menor producción local. Aunque las fiscalizaciones y multas parecían haber disminuido durante 2016, repuntaron en el último trimestre del año en un formato bastante agresivo que algunos han catalogado como un nuevo “dakazo”.
En medio de mucha tensión, el 22 de julio se publicó la Resolución N° 9.855 que establecía que si una “entidad” de trabajo del sector agroalimentario solicita a otra “entidad” que le proporcione trabajadores calificados, la segunda estaría en la obligación de proporcionar los trabajadores requeridos. Este régimen aplica a todas las entidades de trabajo del país públicas, privadas, de propiedades sociales y mixtas. Esta medida generó rechazo porque podía interpretarse como la legalización de trabajo forzoso. Voceros del partido oficialista alegaron el Gobierno Central revisaría la resolución para su reimpresión.
Las modificaciones del sistema de control central reflejan un intento de perfeccionamiento de políticas dañinas y fallidas. Luego de años de políticas de control, no sorprende –pero sí preocupa– que la industria nacional esté trabajando a 35% de su capacidad instalada.
Ajustes de precios y tasas, pero no de los controles
A mediados de febrero y tras 20 años con el precio congelado de la gasolina, el presidente Maduro aprobó el aumento: la de 91 octanos pasó a 1 Bs/litro (aumento de 1.329%) y la de 95 octanos a 6 Bs/litro (incremento de 6.086%).
A lo largo de 2016 también se ajustaron precios de muchos productos básicos, aunque por debajo de lo requerido por los productores; y se permitió la entrada de mercancía a través de la frontera para ser vendido a precios iguales –o incluso superiores– a los internacionales. Aunque algunos alegan que estas medidas demuestran el inicio del desmontaje del control de precios, la realidad es que los productores locales siguen atados a la Ley de Precios Justos y su margen de maniobra financiera es casi nulo.
En materia cambiaria, Maduro anunció la eliminación del Sicad en febrero, la devaluación de la tasa Cencoex de 6,3 a 10 Bs/US$; y en marzo el para entonces Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, anunció los cambios de nombre de Cencoex a Dipro y de Simadi a Dicom. Aunque –al 13 de diciembre– la tasa Simadi/Dicom acumulaba un aumento de alrededor de 238% en 2016, la tasa oficial promedio se ubica poco por encima de 60 Bs/US$. Según el BCV el 8% de la divisas se asignan a la tasa Dicom.
Aunque se hicieron algunas modificaciones puntuales en algunos convenios cambiarios, a la fecha, el sistema sigue funcionando con dos tasas y con mecanismos de asignación ineficientes que se mantienen como unas de las principales trabas para los productores locales. Esto, sumado a la creciente liquidez e incertidumbre económica, ha impulsado una importante alza del dólar del mercado negro en el último trimestre de 2016.
Búsqueda de fuentes alternativas de divisas
Hasta el 9 de diciembre de 2016, el promedio anual del precio del crudo venezolano se ubicaba en 34,52 US$/barril, US$10,13 menos que en 2015 y US$53,90 menos que 2014. Esto, así como la caída de la producción de Pdvsa, las debilitadas reservas internacionales y con menos activos externos liquidables, han agudizado la escasez de divisas. Es por esto que el Gobierno Central ha decidido dedicar parte importante de 2016 a la buscar fuentes alternativas de divisas.
El Gobierno Nacional se puso como meta superar el récord histórico de exportaciones no petroleras de US$ 7.000 millones y creó un Motor Productivo para atender la materia. En enero, se anunció una línea de crédito en divisas para asegurar acceso a materia prima y el paso del tipo de cambio para exportadores de Sicad a Dicom. En abril, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional Jesús Faría anunciaba que se habían simplificado 60% de los trámites administrativos para exportadores. Además, a partir de septiembre, con la publicación de las modificaciones del Convenio Cambiario N° 34, los exportadores podrían deducir del 40% de divisas que deben vender al BCV el monto equivalente al aporte hecho en divisas propias en capital de trabajo para adquirir “materia prima, insumos, activos fijos y otros bienes indispensables para su actividad productiva con fines de exportación”.
Con la publicación del Convenio Cambiario N° 36, se establece que los extranjeros deben pagar los servicios turísticos en divisas. Si bien esta medida es positiva para el sector, no se espera tendrá un impacto significativo en términos de incrementar los ingresos en divisas al país: los problemas de inseguridad y baja calidad de los servicios públicos han mermado la entrada de turismo extranjero al país. De acuerdo con el reporte Índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, Venezuela se ubica en el lugar 110 de 141 países entre los países más competitivos para hacer turismo.
Otra fuente alternativa de divisas impulsada por el Gobierno Central ha sido el Arco Minero. En 2016 se decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, y aunque la decisión no fue discutida ni aprobada por la AN, el Gobierno ya firmó multimillonarios acuerdos con empresas nacionales e internacionales. El Estado al tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas que se constituirán, deberá aportar parte importante de capital; sin embargo, el Estado parece no contar con estos recursos, y pone en duda la explotación efectiva y legal del Arco Minero.
Disponibilidad y acceso a productos básicos: ajustes de forma, no de fondo
Los importantes retrasos en la publicación de cifras oficiales no han sido eficaces para ocultar los problemas de inflación y desabastecimiento. Mientras el Gobierno mantiene la narrativa de la “guerra económica” e insiste en que el problema está en la distribución y no en la baja producción local y caída de las importaciones.
Para atender los problemas de disponibilidad de productos básicos, se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAP– en abril de 2016 y recibieron importantes potestades a través de los Decretos de Emergencia Económica. En septiembre, Freddy Bernal afirmaba que los CLAP ya alcanzaban a distribuir alimentos para 6 millones de venezolanos y que la meta eran 11 millones. Para garantizar productos para los CLAP, el 7 de octubre se publicó la Resolución 010/16 que establece que los insumos o bienes producidos por el sector agroalimentario (empresas públicas y privadas) deberán destinar obligatoriamente –si se les solicita– hasta 50% de su producción a los CLAP; es decir, si se alcanza la meta de 11 millones de beneficiarios, la resolución establece que se deberán destinar hasta 50% de la producción local para abastecer a un tercio de los venezolanos.
Para atender la caída del poder de compra de la población, el Gobierno decretó 4 ajustes del salario mínimo y de la base de cálculo del bono de alimentación a lo largo de 2016, acumulando un aumento total de 453,8%. Sin embargo, extraoficialmente se reporta que la inflación acumuló 525,4% entre enero y octubre de 2016; y el FMI estima que el año cerrará con una inflación de 720%. Esto evidencia que los aumentos del salario mínimo y del bono de alimentación no permitirán recuperar la capacidad de compra del venezolano, a la vez que impulsan la inflación al impactar fuertemente al fisco nacional y a la estructura de costos de las empresas privadas.
Creciente gasto público que impulsa la inflación
El creciente y desordenado gasto público, en medio de un contexto recesivo, sigue generando importantes presiones inflacionarias. Hasta el 2 de diciembre de 2016, la liquidez monetaria había crecido 236,6% tras la inyección de 5,4 billones de bolívares a la economía. Si bien el Gobierno Central tiene importantes retrasos en la publicación de las cifras de inflación, todo parece indicar que Venezuela volverá a tener la inflación más alta del mundo –por cuarto año consecutivo– y la más alta de su historia.
Por otro lado, luego de que todos los billetes y monedas perdieran el 98% de su poder de compra, el presidente del BCV Nelson Merentes anunció la ampliación del cono monetario: “Tenemos seis nuevos billetes de Bs. 500, de Bs. 1000, Bs.2000, Bs. 5.000, Bs. 10.000 y Bs. 20.000; y monedas de Bs. 10, Bs. 50 y Bs. 100 que coexistirán con la actual y se incorporarán a partir del 15 de diciembre, de manera progresiva, para beneficio de la población en general”. Se espera que esto facilite las transacciones y disminuya los costos “suela de zapato” –que se origina por acudir constantemente a las instituciones financieras a retirar efectivo–. Sin embargo resulta preocupante que en la medida en que no se implementen políticas económicas para atender el creciente problema de inflación, los nuevos billetes queden rezagados en los próximos años.
Comentario de Cierre
El 2016 ha estado plagado de tensiones políticas, que han quitado el foco de atención sobre una crisis económica que se profundiza con cada día que pasa. Y aunque los problemas de inflación y escasez siguen siendo las principales preocupaciones de los venezolanos, los objetivos del Gobierno Central siguen siendo la discrecionalidad, acceso a divisas y gasto público como palanca de una muy golpeada popularidad. El 2017 posiblemente esté colmado de tensión política y al día de hoy nada parece indicar que el Gobierno tomará medidas de reforma económica.
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