ELIDES J. ROJAS L. | EL UNIVERSAL
miércoles 6 de febrero de 2013 12:00 AM
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el retardo procesal, existente desde gobiernos anteriores al del presidente Hugo Chávez, es difícil de resolver en apenas 14 años. La verdad es que para este gobierno todo, absolutamente todo, se le hace extremadamente difícil. No se trata solo del mundo carcelario. Eso estaba mal y ahora está peor. Y se supone, según el discurso del presidente ausente, el que repite Maduro a diario, que la revolución vino a resolver los desastres de los cuarenta años anteriores. Falso.
Las mafias que siempre han dominado el sistema de prisiones venezolano se repotenciaron, ajustaron tarifas según la inflación y se convirtieron en una fuerte organización cívico-militar. Todo el mundo sabe, salvo las autoridades revolucionarias, que los pranes y sus bandas trabajan en sociedad con los militares asignados a las prisiones y los custodios civiles. Un preso mafioso, poderoso y de peso en el delito, bien protegido por sus colegas de malandrismo en prisión y con los negocios de drogas, armas, secuestros o lavado bien trabajado en coordinación con el funcionariado, está mucho más seguro dentro de la cárcel que en las calles. Eso lo sabe todo el mundo. Entran cajas de armas, cajas de dinero en efectivo producto del delito, cajas de drogas. Eso no entra en los fundillos de los visitantes. ¿Cuándo harán algo de verdad? Sencillo. Cuando el gobierno militar se atreva a tocar a otros militares y empleados públicos comprometidos. Y no lo hará. Eso es impensable en un gobierno que trabaja en función de la complicidad. Luego, el problema será cada vez peor. La fiscal habla de retardo judicial también heredado y, aunque revolucionarios como ella vinieron a resolver todo eso, según dicen, no lo harán con un sistema de justicia politizado, con personal inadecuado y sujeto a la amenaza de despido constante, según su lealtad con el régimen. Basta releer al militar y magistrado, delincuente confeso, Eladio Aponte Aponte, para identificar la verdadera situación de la justicia en Venezuela. Como dice Maduro para calificar a la oposición, eso está podrido, da asco.
Pero no es solo el sistema judicial. El sistema de salud, gran parte puesta en manos de la plaga castrocubana, necesitará unos 30 años para medio solucionar el triste estado en que el chavismo lo ha colocado. Lo mismo con la economía, un país quebrado, con una moneda destartalada que no aceptan ni en Aruba, como sí lo hacían hace años. Ni hablar de las escuelas y universidades que sobreviven sin recursos y algunas dando clases bajo los árboles. La inseguridad, bajo el criterio de la fiscal, no tendrá solución y si la tiene pueden tardar unos 50 años en alcanzarla.
Piratería es lo que hay.
Las mafias que siempre han dominado el sistema de prisiones venezolano se repotenciaron, ajustaron tarifas según la inflación y se convirtieron en una fuerte organización cívico-militar. Todo el mundo sabe, salvo las autoridades revolucionarias, que los pranes y sus bandas trabajan en sociedad con los militares asignados a las prisiones y los custodios civiles. Un preso mafioso, poderoso y de peso en el delito, bien protegido por sus colegas de malandrismo en prisión y con los negocios de drogas, armas, secuestros o lavado bien trabajado en coordinación con el funcionariado, está mucho más seguro dentro de la cárcel que en las calles. Eso lo sabe todo el mundo. Entran cajas de armas, cajas de dinero en efectivo producto del delito, cajas de drogas. Eso no entra en los fundillos de los visitantes. ¿Cuándo harán algo de verdad? Sencillo. Cuando el gobierno militar se atreva a tocar a otros militares y empleados públicos comprometidos. Y no lo hará. Eso es impensable en un gobierno que trabaja en función de la complicidad. Luego, el problema será cada vez peor. La fiscal habla de retardo judicial también heredado y, aunque revolucionarios como ella vinieron a resolver todo eso, según dicen, no lo harán con un sistema de justicia politizado, con personal inadecuado y sujeto a la amenaza de despido constante, según su lealtad con el régimen. Basta releer al militar y magistrado, delincuente confeso, Eladio Aponte Aponte, para identificar la verdadera situación de la justicia en Venezuela. Como dice Maduro para calificar a la oposición, eso está podrido, da asco.
Pero no es solo el sistema judicial. El sistema de salud, gran parte puesta en manos de la plaga castrocubana, necesitará unos 30 años para medio solucionar el triste estado en que el chavismo lo ha colocado. Lo mismo con la economía, un país quebrado, con una moneda destartalada que no aceptan ni en Aruba, como sí lo hacían hace años. Ni hablar de las escuelas y universidades que sobreviven sin recursos y algunas dando clases bajo los árboles. La inseguridad, bajo el criterio de la fiscal, no tendrá solución y si la tiene pueden tardar unos 50 años en alcanzarla.
Piratería es lo que hay.
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