ELÍAS
PINO ITURRIETA
La
inhabilitación de María Corina Machado para el ejercicio de cargos públicos es
un hecho que no debe pasar inadvertido. Es evidente que la decisión no obedece
a una misión de la Contraloría sobre el cumplimiento de las normas que obligan
a los administradores del destino común. Tampoco al conocimiento que se pueda
tener sobre movimientos irregulares de la ciudadana mientras trabajaba como
parlamentaria. Si es así, como se desprende de las noticias que circulan en los
últimos años ante los ojos de quienes las han querido ver, estamos ante una
exhibición de arbitrariedad que conduce a conclusiones espeluznantes en
materias relacionadas con la pulcritud y la decencia a la cual acuden los
perseguidores para fundamentar su causa. En realidad la pulcritud y la decencia
quedan mal ubicadas en el inicio de este inaudito proceder: son aventadas al
despeñadero, mientras se persiguen propósitos inconfesables.
¿Cuál es
el motivo de la inhabilitación? Al concluir su actividad en la Asamblea
Nacional, la ciudadana Machado no entregó la declaración jurada de su patrimonio.
Aunque usted no lo crea, desocupado lector, tal es la falta por la cual hoy se
le inhabilita por un lapso de doce meses. Pero, atención, mucho cuidado antes
de levantar la voz contra el procedimiento: es un paso de apariencia
irreprochable. Por lo tanto, nadie puede rasgarse las vestiduras ante su
ejecución. Uno de los contenidos de la Ley contra la Corrupción acude a este
tipo de sanciones para los detentadores de cargos y oficios públicos que no
suministren el testimonio de los haberes materiales en la conclusión de su
gestión. La ciudadana no entregó la correspondiente prueba de su fortuna y, en
consecuencia, es penada con un ostracismo anual. Un merecido ostracismo anual,
si nos atenemos al contenido de la regulación contra los corruptos que merecen
el castigo de sus vagabunderías. No es por falta de sustento legal, entonces,
que se deba considerar escandalosa la medida.
Pero
cuando uno se sale, así sea durante un rato, de los pormenores de este
particular caso, descubre un entramado de costura burda. La Ley contra la
Corrupción es la más perezosa de las leyes promulgadas por la “revolución
bonita”. Los ejecutores de la Ley contra la Corrupción no han destacado por la
diligencia en los últimos lustros, sino por la desidia, si nos atenemos a
los informes sobre la búsqueda y captura de corruptos que brillan por su
ausencia en el ámbito de las diligencias judiciales y en las páginas de la
prensa. No se sabe de la compra de nuevos archivos en la Contraloría para la
custodia de los centenares de miles de declaraciones juradas de bienes que han
suministrado con religiosa puntualidad los ministros y los gobernadores y los
diputados y los alcaldes y los concejales rojos-rojitos, preocupados porque un
despacho riguroso los va a inhabilitar o los va a mandar a la cárcel. Solo se
sabe, aquí y en el extranjero, que no son la pulcritud, ni la virtud, ni la
probidad sin tacha, ni la cívica austeridad, ni las manos limpias, las prendas
refulgentes de la administración chavista.
María Corina Machado, santa o
profana casualidad, ha ventilado en la tribuna pública los incontables casos de
corrupción que ya son distintivo esencial del régimen. No ha ahorrado palabras,
ni riñones, en su combate contra las injusticias de la “revolución”. No ha
ocultado su posición contra las tropelías y las depredaciones del gobierno. Ha
pagado caro su conducta, hasta el extremo de sufrir agresiones físicas y de ser
defenestrada sin fundamento de una curul que ejercía con dignidad y aún con
osadía. En consecuencia, se ha convertido en vocero primordial de la oposición.
A nadie le pasa por la cabeza pensar que haya ocultado a postas una declaración
de sus bienes para burlarse de la justicia, ni que se le puedan imaginar
actitudes ilegales en las funciones que ha desempeñado. Es lícito pensar, en cambio,
que el chavismo le propina una zancadilla para evitar que contribuya en el
arrollamiento electoral que sufrirán sus candidatos en diciembre y que pretende
evitar a toda costa. De allí que estemos ante un episodio que requiere la
cuidadosa atención de la ciudadanía.
Vía
El Nacional
Que pasa Margarita
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