XABIER COSCOJUELA
Si la solución al problema pasara por la muerte de
los delincuentes, deberíamos vivir con mucha tranquilidad en el país, pues las
estadísticas oficiales recogen que entre 1990 y 2013 casi 30 mil personas han
muerto en “enfrentamientos” con los cuerpos de seguridad y el delito no ha
disminuido sino todo lo contrario.
“Plomo
al hampa”. Esa fue la principal consigna de Alfredo Peña cuando fue candidato
del PSUV (entonces MVR) para la alcaldía metropolitana de Caracas. Dicha frase
tenía y, lamentablemente, sigue teniendo pegada. Una cantidad demasiado
importante de venezolanos está convencida de que la única manera de reducir la
inseguridad personal que se vive en el país es matando a los delincuentes.
Las
evidencias dicen lo contrario, pero ante el creciente dominio que tiene el
hampa sobre la vida de los venezolanos, la convicción de que ejecutando a los
hampones se resuelve el problema gana partidarios. Lo acabamos de comprobar
nuevamente con lo que ocurrió el pasado lunes en la Cota 905.
Muchos
venezolanos se sintieron vengados (ver página 8) cuando supieron que 14
personas habían sido “dadas de baja”, palabras textuales del Ministro de
Relaciones Interiores, por las fuerzas policiales y militares que actuaron en
ese sector de Caracas. Tantos asesinatos que se cometen todos los días, tanta
impunidad con la que actúan los criminales, produce ese tipo de reacciones en
la ciudadanía, pero nosotros estamos convencidos que ese no es el remedio. Que
terminará siendo peor que la enfermedad.
La
gente se pregunta si los delincuentes no violan los derechos humanos de sus
víctimas. No es así. Quien asesina a una persona comete un delito y debe ser
castigado según lo que determinen las leyes, luego de un juicio. Los únicos
violadores de derechos humanos son los funcionarios estatales. Así lo ha
establecido la doctrina internacional sobre derechos humanos.
En
el caso de Colombia, por ejemplo, hay sentencias en organismos de DDHH contra
el Estado por no haber tomado las medidas para impedir la actuación de grupos
como los paramilitares, las FARC o el ELN, y no hay condenas contra los grupos
directamente, porque entienden que no es jurisdicción de DDHH.
Nosotros
compartimos esa visión. Quien asesina a otra persona comete un delito y debe
pagar por ello según lo que establezca la ley. Si el asesinato es cometido por
un funcionario público por uso excesivo de la fuerza, está violando el derecho
humano a la vida. Aplica la pena de muerte, lo que viola la Constitución y los
tratados de derechos humanos suscritos por el país.
En
el año 2006, la Conarepol cuestionó operativos como el visto el pasado lunes.
De hecho, esa Comisión para la Reforma Policial determinó que la actuación de
las policías nacionales dejaban tres veces más muertos que heridos, lo que
supone encubrimiento de ejecuciones bajo figura de enfrentamiento, según
recordó Provea.
Lo
hemos dicho en el pasado y lo repetimos hoy. El país requiere una política
seria en materia de seguridad personal. Existen estudios sobre lo que hay que
hacer, incluso la creación de la Policía Nacional apuntaba en la dirección
correcta, pero no se avanzó más allá de ella.
Si
la solución al problema pasara por la muerte de los delincuentes, deberíamos
vivir con mucha tranquilidad en el país, pues las estadísticas oficiales
recogen que entre 1990 y 2013 casi 30 mil personas han muerto en
“enfrentamientos” con los cuerpos de seguridad y el delito no ha disminuido
sino todo lo contrario.
Hace
dos semanas en este semanario publicamos un trabajo que daba cuenta de los 24
planes de seguridad implementados desde 1999. También de los 12 ministros de
Relaciones Interiores que había tenido el país entre 1999 y 2014, que serían 13
al sumarle el actual. Esos datos demostraban la poca seriedad con la que la
“revolución” ha tratado el problema. 24 planes en 16 años evidencian que en
realidad no hay ningún plan. Y las consecuencias las pagan los ciudadanos en
las calles del país.
Es
difícil de creer que el Gobierno vaya a tomar el toro por los cachos en esta
materia. La irresponsabilidad conque ha tratado el tema todos estos años nos
lleva a ser pesimistas. Creemos que es un asunto que debería ser motivo del
mayor consenso posible. Los diagnósticos existen, hay soluciones propuestas.
Llevarlas a la práctica no es fácil, pero es imprescindible.
No
descartamos que el gobierno pretenda utilizar el tema para ganar votos y nada
más fácil para ello que repetir en diversas partes de Venezuela lo ocurrido en
la Cota 905. La tentación es peligrosa y los resultados para los
ciudadanos serán más inseguridad, más delincuencia y más violaciones a sus
derechos humanos.
Vía Tal Cual
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