EL UNIVERSAL
domingo 12 de julio de 2015 12:00 AM
El Foro Penal Venezolano ha documentado 138 casos de tortura y tratos crueles e inhumanos ocurridos durante la detención de personas, la mayoría de ellos en el marco de protestas callejeras contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Y no son desconocidas para las instituciones: "el FPV ha obtenido mucha más denuncias, pero sólo hemos registrado aquellas que han sido oficialmente denunciadas ante los organismos oficiales", aclaran en el informe presentado en junio ante la Organización de Naciones Unidas.
Destacan, por supuesto, los lamentables casos de Geraldine Moreno y Kluibert Roa, muertos tras recibir disparos de perdigones a quemarropa.
Moreno, hay que recordar, recibió el impacto en la cara. Y esto es lo que dice el Foro Penal sobre la actuación de la justicia: "En este caso hay dos detenidos, el supuesto autor material y un cómplice, luego de la presión de los familiares y la acusación del Foro Penal Venezolano. Sin embargo, el detenido, un guardia nacional, ha llegado a las audiencias del tribunal conversando por celular, sin esposas y pasando incluso frente al padre y madre de Geraldine a modo de burla. No se han otorgado las medidas de protección a favor de los familiares que fueron solicitadas".
José Alejandro Márquez es otra víctima emblemática: fue detenido por la Guardia del Pueblo el 21 de febrero de 2014, en La Candelaria. ¿Qu¿é hacía? Grababa un video con su teléfono de una protesta en el lugar. Con "poli traumatismos severos y fractura de cráneo" fue entregado en el Hospital Vargas por los mismos efectivos de la Guardia.
Aquí la evidencia no dejó lugar a dudas: "De conformidad con exámenes médico forenses realizados por la Fiscalía en relación con las lesiones ocasionadas a José Alejandro Márquez, las mismas fueron ocasionadas por golpes muy fuertes que no pueden ser ocasionados por alguna caída. En tal sentido, los golpes fueron propinados por oficiales de la Guardia del Pueblo, quienes al día de hoy tienen órdenes de aprehensión dictadas en su contra, dictadas luego de un año de producida la muerte y los oficiales se encuentran prófugos", dice el informe ampliado al que tuvo acceso Expediente.
El documento aclara algo más: el intento de vincular a Márquez con grupos paramilitares no tuvo ninguna base real. Las propias investigaciones de Fiscalía lo desmienten.
Destacan, por supuesto, los lamentables casos de Geraldine Moreno y Kluibert Roa, muertos tras recibir disparos de perdigones a quemarropa.
Moreno, hay que recordar, recibió el impacto en la cara. Y esto es lo que dice el Foro Penal sobre la actuación de la justicia: "En este caso hay dos detenidos, el supuesto autor material y un cómplice, luego de la presión de los familiares y la acusación del Foro Penal Venezolano. Sin embargo, el detenido, un guardia nacional, ha llegado a las audiencias del tribunal conversando por celular, sin esposas y pasando incluso frente al padre y madre de Geraldine a modo de burla. No se han otorgado las medidas de protección a favor de los familiares que fueron solicitadas".
José Alejandro Márquez es otra víctima emblemática: fue detenido por la Guardia del Pueblo el 21 de febrero de 2014, en La Candelaria. ¿Qu¿é hacía? Grababa un video con su teléfono de una protesta en el lugar. Con "poli traumatismos severos y fractura de cráneo" fue entregado en el Hospital Vargas por los mismos efectivos de la Guardia.
Aquí la evidencia no dejó lugar a dudas: "De conformidad con exámenes médico forenses realizados por la Fiscalía en relación con las lesiones ocasionadas a José Alejandro Márquez, las mismas fueron ocasionadas por golpes muy fuertes que no pueden ser ocasionados por alguna caída. En tal sentido, los golpes fueron propinados por oficiales de la Guardia del Pueblo, quienes al día de hoy tienen órdenes de aprehensión dictadas en su contra, dictadas luego de un año de producida la muerte y los oficiales se encuentran prófugos", dice el informe ampliado al que tuvo acceso Expediente.
El documento aclara algo más: el intento de vincular a Márquez con grupos paramilitares no tuvo ninguna base real. Las propias investigaciones de Fiscalía lo desmienten.
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