Eugenio Martínez
La práctica de adelantar la campaña electoral –especialmente en actos oficiales– se ha vuelto un hecho común en Venezuela. No obstante, eso no significa que no existan normas y regulaciones que lo prohíban. De hecho, en el año 2000 el Consejo Nacional Electoral sancionó al presidente Hugo Chávez por utilizar recursos públicos y adelantar campaña.
1. ¿Cuáles son las normas electorales que prohíben adelantar la campaña?El usual silencio de los rectores del CNE ante el adelanto de campaña puede crear la sensación en la opinión pública de que es una práctica lícita. No obstante, el Artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece taxativamente que “no se permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el CNE”.
El Artículo 73 establece taxativamente que la campaña electoral es el “conjunto de elementos y piezas publicitarias (…) que expresan los mensajes electorales de las organizaciones y sus candidatos”. Y en el Artículo 71 la misma ley indica que se considera “campaña” a las actividades que tengan como propósito “captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato”. No forman parte de esta definición las actividades dirigidas a estimular el voto ni las que fomentan la participación.
2. Si la LOPRE prohíbe adelantar la campaña, ¿por qué el CNE lo permite?Durante los últimos 15 años el CNE ha mantenido una posición ambigua sobre la campaña adelantada, aunque desde el año 2008 ha privado la tesis jurídica que en su momento esgrimió la vicepresidenta del organismo comicial Janeth Hernández para desestimar investigaciones administrativas contra el presidente Hugo Chávez.
Recordemos: ante una petición del entonces rector Vicente Díaz de iniciar una averiguación administrativa contra el presidente Chávez por adelantar campaña (concretamente antes del inicio formal de la campaña para las elecciones regionales de 2008), la mayoría de los rectores del CNE acordaron dar como válido el argumento de Hernández, quien sostenía que al “no existir normas que reglamenten una supuesta campaña adelantada (…) esta situación impide establecer sanciones para una normativa que no se ha redactado”.
3. ¿El CNE siempre ha permitido la campaña adelantada?No. El mejor ejemplo son las piezas de publicidad de la organización no gubernamental Ciudadanía Activa. En reiteradas ocasiones, el CNE ordenó retirar de los canales de televisión piezas audiovisuales de estas organización por considerar que se encontraban dentro de los supuestos del Artículo 73 de la Lopre, constituyendo además un adelanto de campaña. De hecho, en una rueda de prensa del 20 de octubre de 2007, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que los micros de Ciudadanía Activa calificaban como “campaña anticipada”.
4. Si no se regula la campaña anticipada, ¿pueden utilizarse recursos públicos para promocionar a una opción política?
No. El Artículo 145 de la Constitución Nacional establece que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad política alguna; la Ley contra la Corrupción, en su Artículo 13, indica que los funcionarios no podrán destinar el uso de bienes públicos al servicio de parcialidad política alguna; y la Ley de Procesos Electorales, concretamente el Artículo 6, señala que los funcionarios “no pueden actuar en ejercicio de la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de organizaciones políticas”.
No. El Artículo 145 de la Constitución Nacional establece que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad política alguna; la Ley contra la Corrupción, en su Artículo 13, indica que los funcionarios no podrán destinar el uso de bienes públicos al servicio de parcialidad política alguna; y la Ley de Procesos Electorales, concretamente el Artículo 6, señala que los funcionarios “no pueden actuar en ejercicio de la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de organizaciones políticas”.
Así que, aunque no exista una normativa electoral que taxativamente hable de campaña adelantada, sí existen otras normas que prohíben en cualquier contexto usar recursos públicos para promocionar a una parcialidad política.
5. ¿Por qué los rectores electorales no aplican lo establecido en esos artículos?La mayoría de las rectores del CNE sostienen que si se trata de actividades realizadas antes del inicio formal de una campaña electoral, carecen de regulación.
6. ¿El CNE nunca sancionó a altos funcionarios por adelantar campaña y usar recursos públicos para promocionar a parcialidades políticas?Contrariamente a la postura oficial de los últimos años, el CNE incluso llegó a sancionar a Hugo Chávez por adelantar campaña y usar recursos públicos para promocionar a sus candidatos. No obstante, esa sanción ocurrió hace más de 15 años. Fue en mayo de 2000. Hugo Chávez fue multado por el CNE con el equivalente a 100 unidades tributarias por la transmisión en vivo durante dos horas de un acto proselitista por Venezolana de Televisión y por realizar campaña adelantada.
Aquella multa se canceló con una colecta realizada en los ministerios.
Este criterio no volvió a ser utilizado por el organismo comicial. De hecho, en la sesión de rectores del 17 de junio de 2008, el CNE acordó considerar el programa Aló, Presidente, moderado por Hugo Chávez, como un programa de opinión (aunque se financiaba con recursos públicos). Con esta decisión, el CNE argumentó que al tratarse de un programa de opinión no podía entrar en las regulaciones propias de la campaña electoral.
Otro caso emblemático de sanciones por uso de recursos públicos fue la sanción impuesta a Rafal Ramírez. El 2 de noviembre de 2006, Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA, exigió a la gerencia media y alta de la empresa ser “roja, rojita” y rechazar las posiciones light. Dos días después, en una alocución, el presidente Chávez solicitó que se otorgara a Ramírez el Premio Nobel de Publicidad. El 13 de julio del año 2007 (ocho meses después) los rectores electorales decidieron sancionar al ministro Ramírez con 500 unidades tributarias por utilizar las instalaciones de PDVSA con fines de proselitismo político.
7. ¿Los observadores de los procesos electorales se han pronunciado sobre estas particularidades?
La Unión Europea, en su informe de observación electoral de las elecciones presidenciales del año 2006 (la última ocasión que el CNE les permitió venir al país como observadores), resaltó la existencia de problemas “persistentes en la campaña” referidos a la “fuerte campaña institucional puesta al servicio del presidente-candidato Hugo Chávez”, el desequilibrio informativo en los medios de comunicación y la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas del oficialismo.
La Unión Europea, en su informe de observación electoral de las elecciones presidenciales del año 2006 (la última ocasión que el CNE les permitió venir al país como observadores), resaltó la existencia de problemas “persistentes en la campaña” referidos a la “fuerte campaña institucional puesta al servicio del presidente-candidato Hugo Chávez”, el desequilibrio informativo en los medios de comunicación y la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas del oficialismo.
En aquel momento, la Jefa de la Delegación Europea, Mónica Frassoni, indicó que el desequilibrio informativo registrado tanto en medios públicos como privados se produjo sin que el CNE tomase medidas correctivas al respecto. Adicionalmente, sugirieron al organismo electoral suspender “la publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estadal o local, y una más clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos electos durante el período de la campaña”. Según los técnicos europeos esta decisión “acabaría con los riesgos de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de ciertas candidaturas”.
Mas recientemente, en los informes sobre los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013 del Centro Carter recomendaban a los rectores electorales:
Aclarar normas sobre participación de funcionarios públicos. “El Centro Carter observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas. Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulen estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto”.
Asegurar una mayor equidad en la campaña. El Centro Carter sugirió a los rectores del CNE cuatro opciones para garantizar la equidad de los candidatos en las futuras contiendas electorales:
A. Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña.
B. Regular y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo “preelectoral”.
C. Limitar o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las elecciones.
D. Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido o coalición.
3. Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Otro de los aspectos que resaltó del informe del Centro Canter fue la advertencia de “la ausencia de salvaguardas para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones a la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino políticamente, con imposición de sanciones al comando que cometa la infracción”.
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