30 DE DICIEMBRE 2015 - 12:01 AM
La victoria popular de las fuerzas democráticas el pasado 6 de diciembre, mediante la cual ha sido elegida una nueva Asamblea Nacional a posesionarse e iniciar funciones el próximo 5 de enero de 2016, ha creado una expectativa y una ola de esperanza en la mayoría de los ciudadanos de nuestra querida Venezuela.
Esa mayoría se ha expresado a favor de la plataforma electoral de la Mesa de la Unidad Democrática en búsqueda de un cambio pacífico y constitucional a la inmensa crisis política, económica y social que padecemos.
Dicha crisis es de una profundidad y magnitud tal, que amerita un ambicioso plan de reformas en el plano institucional y económico, para lo cual se requiere de un acuerdo político que le dé sólido apoyo en el parlamento recién elegido, en las organizaciones políticas y sociales de toda la nación, en la opinión pública y en el pueblo.
El acuerdo político requerido requiere el concurso del actual gobierno nacional, y de las demás ramas del poder público, pues la aplicación de un conjunto importante de esas políticas públicas, son fundamentalmente una responsabilidad del poder ejecutivo nacional.
El comportamiento del presidente Maduro, y demás voceros políticos del gobierno, demuestran de manera contundente, la ausencia de una voluntad política para dialogar y para corregir el errado rumbo que se le ha dado a los asuntos públicos de nuestro país.
Hasta ahora, la línea de la cúpula roja ha sido la de la confrontación, característica histórica de este sector de nuestra sociedad, que en nada favorece la recuperación de nuestra deteriorada calidad de vida.
Venezuela no puede seguir agotando su tiempo, su energía, sus recursos, y su espíritu en una interminable confrontación política, que para nada aporta soluciones a los ciudadanos, y que por el contrario nos hunde cada día más en la pobreza y en la violencia.
Es necesario y urgente salir de ese círculo vicioso. Nuestro pueblo ha respondido de manera positiva a la primera gran tarea que nos hemos propuesto, la construcción de una mayoría que convertida en votos, se exprese en un poder del estado: la Asamblea Nacional.
Para avanzar en la recuperación de la nación se requiere planificar una etapa de transición enmarcada en las normas establecidas en la vigente carta magna de la Nación.
Vale decir necesitamos una etapa de transición. Transición del caos al orden. De la ruina económica a la estabilidad y crecimiento. De la escasez al abastecimiento. De la autocracia a la democracia.
Dado el nivel de autismo, ceguera y soberbia del actual gobierno se requiere cambiarlo con urgencia. El país necesita un nuevo gobierno de unidad y reconciliación. Maduro no está en capacidad de asumir los cambios que la crisis amerita, por lo tanto es vital relevarlo, por una vía constitucional y pacífica, de sus responsabilidades como jefe de Estado y de gobierno.
Para hacerlo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos ofrece diversas opciones en su articulado. De ellas expreso mi preferencia por el mecanismo consagrado en el artículo 72. Ahí se consagra la figura del referéndum revocatorio.
Este mecanismo es difícil y complejo, pero al final, es el que ofrece la ruta menos traumática para el país.
Una victoria de la sociedad democrática logrando revocar el mandato del presidente Maduro generaría una vacante absoluta de la primera magistratura de la República. Esta situación de vacante absoluta del Presidente de la República está regulada en el artículo 233 del texto constitucional, y más concretamente en el segundo y tercer aparte de dicha norma.
Tal situación obliga a elegir un nuevo presidente en los treinta días siguientes para completar el periodo constitucional. Estamos hablando que de llevarse correctamente ese proceso, elegiríamos un nuevo mandatario, y por lo tanto un nuevo gobierno, para un lapso de dos años y unos meses.
Ese sería el lapso de una transición necesaria. Esa transición es fundamental para lograr aplicar un conjunto de reformas políticas y económicas básicas que permitan una gobernabilidad y una recuperación del país para las próximas décadas.
Para garantizar el éxito de esa transición, que se limita al espacio de tiempo necesario para completar el periodo constitucional en curso, es fundamental lograr los siguientes acuerdos políticos fundamentales:
1.Un acuerdo político de todos los partidos democráticos y de los principales líderes de la sociedad democrática, para seleccionar un estadista por consenso, que sea presentado como candidato presidencial a los fines de elegirlo Presidente Constitucional de la República, para completar el periodo constitucional en marcha. Dicha persona no podrá postularse para ser elegido como candidato a las elecciones presidenciales a convocarse al cumplirse el actual periodo constitucional, es decir en las elecciones presidenciales a finales de 2018.
Esta selección por consenso es vital para garantizar la unidad democrática, ya que, dada la premura constitucional de convocar a los 30 días siguientes al producirse la vacante absoluta, la elección del nuevo presidente, la selección por primarias de un candidato se haría imposible.
2.-Promover una enmienda constitucional que establezca una reducción del periodo presidencial a cinco años, consagrando la no reelección absoluta del Ciudadano que haya ejercido la Presidencia de la República.
3. Acordar un programa de recuperación de la economía, ordenación de las finanzas públicas, estabilización de la moneda, restitución de los bienes confiscados y restitución de las garantías y derechos económicos.
Es esa la transición necesaria que aprecio requiere el país, y cuyo debate se abre ahora. Cumplida esa etapa, relevada la autocracia del ejercicio del poder ejecutivo, podrán impulsarse otra serie de cambios esenciales para la vida institucional y económica del país.
Cumplida también esa etapa se podrá ejercer de manera más amplia el libre juego político de los diversos factores, partidos y liderazgos de la sociedad democrática, sin que deje de tenerse en cuenta un marco de unidad nacional que permita enrumbar el país por la senda de la paz, la estabilidad, el progreso, la prosperidad, la justicia y la equidad.
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