Mariano de Alba
Venezuela entera ha oído hablar sobre Petrocaribe. Catalogada por funcionarios del gobierno como un “ejemplo de complementariedad y solidaridad”, líderes de oposición han exhortado a que se “revisen los acuerdos”. Este programa de venta de petróleo y sus derivados en condiciones de pago preferencial le ha servido a Hugo Chávez y Nicolás Maduro para conseguir el apoyo político de gobiernos en Centroamérica y el Caribe.
Pero últimamente se ha evidenciado que —tímidamente— tal respaldo apenas comienza a verse en entredicho.
Quizás es entonces el momento propicio para evaluar las implicaciones del programa y las razones para el inicio de su ocaso; para poder así realizar unos breves comentarios sobre el posible futuro de la política petrolera de Venezuela para Centroamérica y el Caribe.
Antecedentes y creación de Petrocaribe
Petrocaribe tiene dos antecedentes. El primero, cuando Venezuela y México suscribieron en 1980 el Acuerdo de San José, una iniciativa cuyo fin era ofrecer apoyo energético a varios países de Centroamérica y el Caribe[1]. Ambas naciones garantizaban de forma conjunta un número determinado de barriles de petróleo y productos refinados, financiando proyectos de desarrollo y fomentando el intercambio comercial de bienes y servicios.
El segundo precedente fue el Acuerdo Energético de Caracas, firmado el 19 de octubre de 2000. El objetivo del gobierno venezolano era complementar el Pacto de San José, vista la reticencia de México de incluir a nuevos países – y especialmente a Cuba – en dicho Pacto.
Once días después, los gobiernos de Venezuela y Cuba firmaron el Convenio Integral de Cooperación Venezuela-Cuba, que es el que rige la exportación de petróleo y derivados a la isla. A cambio, Cuba se comprometió a la “prestación de servicios y suministro de tecnología” para apoyar el desarrollo en Venezuela; y puso a disposición de nuestro país – “gratuitamente” – servicios y entrenamiento médico.
Finalmente, el 29 de junio de 2005, el gobierno venezolano decidió ampliar los beneficios previstos en el Acuerdo de San José y el Acuerdo Energético de Caracas y creó Petrocaribe, catalogándolo como un “órgano habilitador de políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños”.
Países miembros
En teoría, Petrocaribe tiene 19 países miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Surinam, Santa Lucía, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y por supuesto, Venezuela.
En consecuencia, los únicos países del Caribe que no son miembros son Barbados y Trinidad y Tobago.
No obstante, varios países miembros no han hecho uso del programa o han dejado de ser miembros activos. Honduras fue suspendida por Chávez en julio de 2009 como retaliación por la salida del poder de Manuel Zelaya y nunca regresó como miembro activo. Guatemala anunció su retiro en noviembre de 2013 porque las “condiciones económicas” no le eran favorables. La relación con Cuba en realidad se rige por el Convenio Integral de Cooperación. En octubre de 2015, Guyana fue expulsada por Maduro. Finalmente, Bahamas y Santa Lucía nunca han sacadoprovecho de su membresía. Por ende, si también se excluye a Venezuela de la lista, en realidad son 12 los países que utilizan el programa.
Lo anterior no significa que los países que alguna vez utilizaron el programa no mantengan deudas con el Estado venezolano. Hasta julio de 2015, Guyana debía $580 millones pagaderos a 25 años.
¿Cómo funciona?
El país interesado debe realizar un desembolso inicial (usualmente pagable dentro de los 90 días posteriores a la compra del petróleo o sus derivados) y cuyo porcentaje sobre el importe total depende del precio del petróleo en los mercados internacionales. Esto significa que mientras más alto sea el precio del petróleo venezolano, menor será el porcentaje del precio total que deberá ser pagado como inicial.
A modo de ejemplo, cuando el precio del petróleo venezolano es mayor a $30 (pero menor a $40), un país miembro paga una inicial del 75% del precio, mientras que el 25% restante es financiado por Venezuela a un término de 17 años con un interés del 2%. Cuando el precio del petróleo era mayor a $100 (pero menor a 150), el país miembro pagaba una inicial del 40%, mientras que Venezuela financiaba el 60% restante pero a un término de 25 años con la misma tasa de interés del 2% (ver Gráficos 1 y 2 para una explicación de todos los escenarios).[2] Así está previsto con fórmulas que varían desde precios mayores a $15 hasta precios mayores a los $150 por barril. En cualquier caso, el país comprador tiene un período de gracia de dos años antes de comenzar a pagar la sección financiada.
Ventajas y desventajas del programa
El esquema ha otorgado grandes beneficios a buena parte de sus países miembros. Éstos han podido satisfacer su demanda energética (más aún en los tiempos en que el precio del barril era alto) sin una afectación considerable de sus presupuestos. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, para el año 2012, el financiamiento de Venezuela a Nicaragua llegó a representar el 7% de su producto interno bruto y más del 4% del de Haití, Belice y Guyana. Por su parte, entre los años 2005 y 2014, aproximadamente un 32% de la demanda petrolera de los países miembros fue abastecida a través de Petrocaribe, significando esto un financiamiento de casi $28.000 millones.
En el caso de Venezuela se ha hecho referencia al provecho político que le ha sacado el gobierno, convirtiéndose en una garantía de lealtad en instancias internacionales. Un reporte del Atlantic Council refleja que esa ventaja ha sido “comprada” a un precio menor del que usualmente se asume. Según los informes financieros de PDVSA al 31 de diciembre de 2014, la estatal petrolera asumió un costo de $2.251 millones en 2014, $3.214 millones en 2013 y $2.728 millones en 2012 por el 50% de la porción financiada en el marco de los convenios de cooperación energética. Aunque se trata de más de $8.000 millones, esta cifra luce inocua si se tiene en cuenta que lossubsidios petroleros internos durante esos años fueron de aproximadamente $21.100, $22.300 y $17.300 millones, respectivamente.
Pero también existen desventajas. Gracias a Petrocaribe, sus países miembros han aumentado su dependencia sobre fuentes de energía que no son las más económicas ni amigables con el medio ambiente. Asimismo, a partir del inicio de la caída de los precios del petróleo, muchos países miembros se han mostrado preocupados por su excesiva vinculación al crudo venezolano. Esto implica la asunción de un riesgo considerable vista la crisis económica que sufre Venezuela, lo que aumenta la probabilidad que el programa sea posiblemente cancelado. De hecho, ya existenreportes de que Venezuela ha ido disminuyendo el suministro de crudo a los países del Caribe, siendo que para agosto de 2015, el suministro se acercaba al 48% de lo inicialmente acordado.
Por su parte, Venezuela ha terminado aceptando que un tercio de sus exportaciones de petróleo no sean pagadas con dinero. República Dominicana ha enviado granos y Guyana pagaba parcialmente con arroz. Este hecho, por sí solo, genera pérdidas pues el precio de los bienes de consumo no es usualmente transparente. Nuestro país ha tenido también que aceptar el pago parcial de las deudas a descuento vista su necesidad de obtener divisas. República Dominicanapagó $1.900 millones para cancelar una deuda que era de $4.100 millones y Jamaica pagó $1.500 millones por casi $3.000 millones. A pesar de lo anterior, se estima que, para mediados de 2015, la deuda pendiente de los países de Petrocaribe era de al menos $11.600 millones, aunque no estando claro si los países deudores tendrán la capacidad de pagar en los términos acordados. Nuestra propia investigación de la información más actualizada posible en fuentes electrónicamente disponibles arrojó una deuda de al menos $6.989 millones, aunque hay tener en cuenta que hubo países miembros sobre los cuales no se consiguió información (ver Gráfico 3[3]).
Petrocaribe tampoco ha dado resultados en momentos en donde Venezuela vive una graveescasez de alimentos. A pesar de los esfuerzos recientes de Nicolás Maduro por obtener asistencia caribeña, únicamente Trinidad y Tobago (que no es miembro de Petrocaribe) se hacomprometido a enviar alimentos, pero para ello Venezuela ha tenido que crear un “fondo rotatorio” de $50 millones. Por su parte, el viaje de Maduro a Jamaica (país que sí se ha visto ampliamente beneficiado por Petrocaribe) concluyó con una simple ratificación de la continuación del programa y ningún compromiso del gobierno jamaiquino.
El comienzo del debilitamiento del apoyo político
La historia demuestra que, en algunas instancias, los países del Caribe y algunos países de Centroamérica han otorgado su apoyo a los intereses políticos internacionales del gobierno venezolano. En el marco de la OEA, este apoyo no pudo verse explícitamente durante el gobierno de Hugo Chávez. En marzo de 2008, el Consejo Permanente condenó la incursión de fuerzas militares colombianas en el territorio de Ecuador, pero lo hizo de forma unánime. En julio de 2010, el gobierno de Colombia expuso ante el mismo Consejo supuestas pruebas sobre la presencia de las FARC y el ELN en Venezuela. Pero el Consejo decidió no tomar una acción concreta y no hubo una votación.
A partir del año 2014, los países miembros de la OEA han tenido que adoptar una posición más evidente ante la crisis que enfrenta Venezuela. A principios del mes de marzo, luego de las protestas que estaba viviendo el país, el Consejo Permanente realizó una sesión privada ante la solicitud de Panamá. Durante la sesión, los países del Caribe optaron por resaltar su interés en preservar sus relaciones comerciales con Venezuela a través de Petrocaribe; y al final, votaron por la aprobación de una resolución mayoritaria que reafirmaba el respeto al principio de no intervención y otorgaba su apoyo al gobierno para que continuara avanzando en un supuesto proceso de diálogo.
Días más tarde, se dio la famosa sesión en donde la entonces diputada María Corina Machado intentó ejercer un derecho de palabra. Con el apoyo de los países del Caribe, el gobierno venezolano logró que la sesión se realizara a puerta cerrada. 22 países apoyaron que la sesión fuese privada, 11 se manifestaron en contra y sólo hubo una abstención. Ningún país miembro de Petrocaribe votó a favor de que la sesión fuese pública. Un resultado aún más favorecedor para los intereses del gobierno venezolano se repitió para determinar si la diputada podía hablar, ya que 22 países votaron en contra, nueve se abstuvieron y sólo Canadá, Estados Unidos y Panamá estuvieron a favor.
En 2015, el gobierno venezolano ya pudo observar como el apoyo de los países miembros de Petrocaribe comenzaba sutilmente a debilitarse. En agosto, Colombia solicitaba la convocatoria de una reunión de cancilleres para tratar la crisis fronteriza con Venezuela. 17 países votaron a favor, cinco en contra y 11 se abstuvieron. Aunque el resultado final favoreció a Venezuela – que no quería que se convocara la reunión – países miembros de Petrocaribe como Jamaica, Santa Lucía, Bahamas y El Salvador apoyaron la propuesta colombiana. Entre las cuatro naciones que se unieron a Venezuela, sólo Haití y Nicaragua pertenecen a Petrocaribe. La mayoría de los países del Caribe decidieron abstenerse, favoreciendo el resultado deseado por Venezuela.
Hace pocos días, el apoyo político de los países de Petrocaribe a las intenciones del gobierno venezolano se desinflaba un poco más cuando el Consejo Permanente tuvo que decidir si escuchaba el informe sobre la crisis venezolana preparado por el Secretario General Luis Almagro. En esa votación, cuatro países miembros (Bahamas, Belice, Jamaica y Surinam) votaron en contra de la opción deseada por el gobierno venezolano, mientras que uno (Santa Lucía) se abstuvo. No obstante, de los 11 países que apoyaron la propuesta de Venezuela de negarle el derecho de palabra a Almagro, nueve son países miembros de Petrocaribe.
En consecuencia, no se puede concluir que los países miembros de Petrocaribe hayan abandonado su apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, sí comienzan a verse pruebas concretas de países que, incluso siendo miembros de Petrocaribe, están dispuestos a manifestarse en contra de los intereses del gobierno venezolano.
El futuro de Petrocaribe
Al mismo tiempo que la situación económica de Venezuela se ha ido agravando, los países de Centroamérica y el Caribe han comenzado a concretar otras alternativas para satisfacer su demanda energética. En mayo de 2013, se dio la primera reunión entre Estados Unidos y el Caribe para planificar el comienzo de una transición hacia fuentes de energías más limpias como el gas natural. En 2015, Barack Obama puso en marcha un equipo de trabajo para garantizar la seguridad energética y mejorar la cooperación regional. Desde entonces, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero de Estados Unidos ha otorgado más de $250 millones para financiar proyectos de energía limpia en Centroamérica y el Caribe y hace pocas semanas comprometió $200 millones más.
En consecuencia, es palpable como Centroamérica y el Caribe comienzan a hacer esfuerzos para reducir su dependencia de Petrocaribe y migrar hacia fuentes energéticas más limpias. No obstante, se estima que esta migración dure al menos 15 años, momento en el cual sólo se habrá logrado, como mucho, que el 47% de las fuentes de generación de energía en Centroamérica y el Caribe sean de carácter renovable. Esto significa que al menos en el mediano plazo, estos países seguirán necesitando el petróleo venezolano para abastecer su demanda energética. Pero esa necesidad y dependencia será cada vez menor.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, es conveniente plantear los siguientes puntos para que sean objeto de debate:
1. Petrocaribe continuará siendo un programa muy importante para varios países de Centroamérica y el Caribe. Estos países necesitan un acceso preferencial a fuentes de energía para poder abastecer su demanda interna. No obstante, a medida que pasen los años, y suponiendo que la ayuda que está proporcionando Estados Unidos continúe siendo una realidad, la dependencia al programa irá decreciendo.
2. Vista la crisis económica que está atravesando Venezuela, es necesario una revisión integral del programa, la deuda pendiente y muy particularmente la forma de pago que están utilizando los beneficiarios del programa. Considerando los costos que supone el programa y el impacto que tendría su suspensión, Venezuela debe considerar hacer un esfuerzo por mantenerlo, buscando quizás renegociar alguno de sus términos como los prolongados términos de financiamiento y las ínfimas tasas de interés. Lo que hay que evaluar con mucha precaución es el pago a través de bienes de consumo, pues esto se presta para que los precios de esos bienes sean sobre-facturados.
3. No es recomendable que esquemas de esta naturaleza sean utilizados con la intención de obtener a cambio apoyo político. Venezuela, privilegiada con grandes reservas de petróleo, debe cooperar con los países de la región, pero sin olvidar la naturaleza comercial de la operación. Se debe buscar recuperar el costo que supone financiar la venta de petróleo e incluso plantear que un programa como Petrocaribe únicamente esté disponible cuando el precio del petróleo en el mercado internacional esté por encima de una cifra determinada.
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