La pregunta que me formulan a menudo también se la hacen los venezolanos a cada hora del día: cómo es posible que un régimen que acumula el más grande rechazo del que se tenga noticia desde hace casi un siglo, todavía se mantenga en el poder. Cómo es que, luego de que 8 de cada 10 electores señalan a Maduro y su gobierno como los responsables de la destrucción nacional, siguen ahí, empeorando las cosas a un ritmo despiadado.
La de Maduro no es una dictadura con antecedentes en América Latina. No es comparable a la Pérez Jiménez ni a las protagonizadas por los militares en el Cono Sur. Se trata de una que tiene fundamento en un narcoestado, es decir, un Estado dominado por los intereses del narcotráfico, un Estado sujeto por las prácticas de los carteles de la droga.
Los lectores deben recordar lo siguiente: cuando Hugo Chávez decidió emprender una campaña de insultos y falsas acusaciones en contra del presidente de Colombia de entonces, Álvaro Uribe Vélez, decidió establecer alianzas con las bandas de narcotraficantes, terroristas y secuestradores de las FARC y el ELN. Informes de inteligencia revelan que no fue una política improvisada, sino un plan: pelear con Uribe para legitimar la relación con la delincuencia organizada de Colombia. Con los dineros de los venezolanos se organizaron guaridas seguras para los guerrilleros en territorio venezolano –los llamados aliviaderos–, se les facilitó el tráfico de armas, se les dotó de servicios de salud, se les crearon facilidades para sus operaciones delincuenciales. La calamidad no tardó en aparecer: poco a poco los jerarcas del régimen se involucraron en el negocio. Usaron las potestades del Estado para garantizarles operaciones seguras en territorio venezolano.
Se han publicado decenas y decenas de informaciones en la prensa de todo el mundo que dan cuenta de cómo Venezuela se ha ido convirtiendo en la principal ruta de paso de la droga que viene de Colombia y, según informes recientes, del norte de Ecuador y del norte de Brasil. Los cargamentos de droga son trasladados a Venezuela, desde donde salen, por distintas vías, hacia Norteamérica y Europa. En pasquines de la prensa izquierdista publicados por afectos al Foro de Sao Paulo, se ha llegado al extremo de afirmar que Estados Unidos y la Comunidad Europea no tienen moral para recriminar el negocio del narcotráfico, porque el mayor número de consumidores de drogas ilícitas viven en esos países. Nada es más sintomático de la putrefacción del régimen, que llega al extremo de incentivar el uso de argumentos como el señalado.
Pido al lector que reflexione acerca de la afirmación de que el régimen es un régimen de bandas armadas. Las hay dedicadas al narcotráfico, donde participan los narcosobrinos y otros. Las dedicadas al contrabando de extracción, que cuentan con la cobertura de militares en la frontera. Las dedicadas a la compra de alimentos, que adquieren comida a precios exorbitantes y obtienen ganancias simplemente desproporcionadas y mantienen en estado de hambre a millones de familias en todo el país.
Están las bandas que importan medicamentos y no lo hacen a través de las farmacéuticas que operan legalmente y generan empleo en Venezuela. Las bandas que distribuyen dólares a precios por debajo de su valor real. Las bandas dedicadas al secuestro. Las que venden sentencias en los tribunales. Las que mantienen bajo férreo control puertos y aeropuertos. Las que operan la contratación de viviendas que se ejecutan con niveles por debajo de los estándares mínimos de calidad. Las bandas de la extracción del oro en amplias zonas al sur del país donde la autoridad son ellos mismos. La banda fundada el año pasado alrededor del arco minero.
Las bandas de los pasaportes. La recién creada banda del carnet de la patria. Las bandas de fiscalizadores. Las bandas integradas por policías y jueces que hacen posible la plena impunidad de los narcotraficantes al norte del estado Sucre. Las bandas dedicadas al cuatrerismo en estados como Barinas, Apure y Zulia. Las bandas que asaltan y matan a los pescadores en las aguas del lago de Maracaibo. Las bandas que distribuyen cemento. Las que otorgan cupos para las cabillas. Las múltiples bandas que extorsionan a los empresarios a través de la herramienta de los permisos. Las bandas, numerosísimas, que se ocupan de las solvencias. La de los registros y notarías. Las que operan en las cárceles, dentro y fuera, y que han creado verdaderas alianzas entre pranes y autoridades.
La peligrosidad de algunas es extrema: tal es el caso de la banda, cuya presencia es creciente en el régimen, que tiene vínculos con grupos terroristas en Medio Oriente y que les ha otorgado pasaportes con falsas identidades, lo que convierte a Venezuela en aliviadero de los peores criminales del planeta, y cuya presencia es motivo de preocupación entre los gobiernos de numerosos países.
El régimen encabezado por Maduro se sostiene sobre una enorme estructura de bandas de delincuentes que es en la realidad mucho más numerosa de lo que imaginamos. El desafío para los ciudadanos del país es considerable. Dentro y fuera de Venezuela la pregunta se repite: ¿Por qué las medidas del gobierno de Obama y de otros gobiernos no han sido más amplias y contundentes? Porque la tesis del beneficio de la estabilidad del régimen de Maduro se impuso, aun a costa del sufrimiento de millones de familias venezolanas. Pero hemos alcanzado un punto en el que las cosas podrían tomar un nuevo rumbo. Quizás sea inminente un cambio que acelere el cambio en Venezuela.
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