27 DE ENERO DE 2017 12:01 AM
Mientras en la oposición se vive una guerra a muerte carente de utilidad y sentido porque, viéndolo bien, solo favorece al poder madurista y militar en tanto debilita cualquier salida o posibilidad de reagrupar las fuerzas opositoras y emprender nuevas formas de lucha, en otros países las luchas políticas contra el populismo y su democracia disfrazada se enfocan hacia otros escenarios más propicios.
Los ejemplos están a la vista no solo en aquellos países que no pertenecen a nuestro continente sino, precisamente, a los que sí son fronterizos y, en otros casos, cercanos. Hay coincidencia de que entre los principales enemigos de nuestras naciones destacan dos que son parte inevitable de la piel burocrática de la extrema derecha y de la izquierda recalcitrante. Ellos son el narcotráfico y la corrupción, unidos como hermanos nacidos en distintas fechas pero con el mismo y único objetivo, el enriquecimiento desmesurado y salvaje a través de la posesión y ejercicio del poder.
En el caso de Venezuela, esta conjunción de la narcopolítica con la corrupción oficial tardó en darse porque los proventos del petróleo y los negocios colaterales generados por la misma actividad petrolera y minera en general, permitían manejar excedentes que alcanzaban para colmar y financiar los intereses de los gobernantes, sus socios y sus testaferros, y a la vez mantener contenta a la clientela política y partidista y, de paso, a los mandos militares que, a diferencia de hoy, desconocían los caminos verdes del business administration.
¿Ustedes se imaginan a un alto dirigente del PSUV, Merentes por ejemplo, huyendo a toda mecha por el hoy confiscado aeropuerto de La Carlota, como lo hizo el general Pérez Jiménez, dejando atrás unas maletas repletas de dólares? Si retrocedemos la película chavista nos encontramos al general Weffer, a quienes los gringos supuestamente le descubrieron sus cuentas millonarias en un paraíso fiscal, en una isla que no estaba en “el mar de la felicidad”. El primero que se cayó de la silla fue Hugo: menuda noticia le dio el imperio en persona.
Si bien en Venezuela las cosas eran “discretas”, no lo eran tanto en Colombia, donde hacía años el narcotráfico había penetrado las instituciones al punto de que era capaz de asesinar a aspirantes a la presidencia, secuestrar a candidatos a jefe de Estado y, desde luego, darse el lujo, o el luto, de asesinar a magistrados de la Corte, fiscales y editores o profesionales de la prensa.
Ahora le toca a Brasil, con la particularidad de que Chávez y Maduro son protagonistas principales: ahora se les menciona con nombre y apellido, se les vincula a investigaciones judiciales, a actos de corrupción cometidos en territorio patrio. Lo que debe resaltarse es que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, está investigando “si funcionarios recibieron, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, dinero de pagos por sobornos y también el destino de ese dinero”.
“Estamos verificando –dijo a las agencias internacionales– si las obras de este consorcio se encuentran ejecutadas o inconclusas y buscar rastrear el dinero pagado por sobornos, determinar si efectivamente hubo dinero pagado por sobornos y si se lucraron con ello algunos funcionarios públicos y por supuesto dónde está y cuál ha sido el destino de esos dineros”, dijo Ortega Díaz.
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