Ovidio Pérez Morales
Las cadenas radiotelevisivas del presidente y de entes públicos en el actual régimen son una abierta y desfachatada manera de querer imponer a los venezolanos un “pensamiento único”, lo cual, aparte de inmoral, constituye una flagrante violación de la Constitución. Esta desde su articulado básico identifica el Estado con notas como democracia, preeminencia de los derechos humanos y pluralismo político (CRBV 2).
Hay algo que, lamentablemente, ha preparado en algún modo el terreno en nuestro país a esta situación y es la idea, en general aceptada, de que los medios de comunicación social (MCS) de propiedad del Estado son para uso discrecional del gobierno y, peor, del partido de gobierno. Tal idea, que se ponía en práctica con alguna mesura en el pasado, se traduce hoy en patente manejo monopólico. Se los usa como propiedad privada del presidente y de su partido.
Y hay más. Esta concepción y praxis hegemónicas en Venezuela se inscriben actualmente en el marco de un proyecto político-ideológico comunista que, por lo totalitario, busca controlar y apropiarse de todo medio de comunicación, siguiendo así un patrón de comportamiento fundamentalista.
Cuando uno lee los artículos 57 y 58 de la Constitución percibe de inmediato el abismo existente entre las normas de la carta magna y la realidad concreta del país. De un lado tenemos la afirmación del derecho a la expresión libre de pensamientos, ideas y opiniones, a la comunicación libre y plural, a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura; del otro, un acaparamiento comunicacional por parte del gobierno, que incluye cierre de medios, control total del papel periódico, atosigantes cadenas presidenciales y muchas otras formas de lavar la mente de la población.
Urge que de parte de la oposición democrática y de la sociedad civil organizada se ponga por obra de la debida concientización, la necesaria resistencia, así como variadas presiones e iniciativas que provoquen un cambio en este campo, comenzando por el que se tiene que actuar en el campo legislativo. Importa oponerse a la expropiación ilegal de propiedades y a la absorción del mercado por parte del gobierno, pero más todavía a la apropiación y al control político-ideológico de los MCS y de los organismos que tienen que ver con la comunicación en su conjunto.
Es preciso recordar lo clave de la comunicación en la vida y el funcionamiento de la convivencia humana. La cultura es fundamentalmente comunicación y en esta etapa histórica lo es doblemente por el salto científico-tecnológico que se está dando en este ámbito. El “pienso, luego existo” cartesiano pudiera traducirse hoy por “me comunico, luego existo”. Eso lo aprovechan muy bien quienes buscan apoderarse de las mentes y corazones de los seres humanos, convirtiendo los MCS en MM(manipulación)S. Se debe subrayar que el derecho a la comunicación, como expresa Antonio Pasquali, “pertenece al grupo de derechos humanos primigenios y orgánicos” (18 ensayos sobre comunicaciones, p.45). Está de por medio la realización misma del “animal político”, la libre con-vivencia y la calidad de la reciprocidad.
Los MCS del Estado son de este, de la nación, de la ciudadanía. No del gobierno ni de un partido. Requieren, por tanto, una administración y manejo especiales, interinstitucional, plural, en concordancia con la naturaleza y fines del Estado democrático. Han de ser un genuino servicio público y con una finalidad también modélica respecto de los medios no estatales, que tienen que interpretarse y utilizarse también en perspectiva servicial en la medida en que se lanzan al público.
Una indeclinable tarea en esta línea se pone en primer término a la Asamblea Nacional en cuanto a reformulación y reestructuración de los MCS del Estado. Pero la sociedad civil en su conjunto debe conquistar y ejercer el protagonismo que le corresponde. La comunicación no es algo sectorial en la convivencia, en la polis. Construye su entraña y la cubre en su totalidad.
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