1 DE JULIO 2016 - 12:01 AM
En la fracasada quinta república venezolana –un sistema político cada vez más totalitario, y un sistema económico cada vez más preindustrial– es difícil encontrar alguna industria o sector con trayectoria de crecimiento. Sin embargo existe un sector muy particular venezolano que si ha logrado crecer por casi 1.000% en tan solo tres años, la industria de los presos políticos.
La transformación radical bajo Maduro del papel de los encarcelamientos politizados dentro de la vida nacional, es evidente no sólo en el número de presidarios sino también en su procedencia. Si bien el difunto Hugo Chávez castigaba con frecuencia a los que se oponían a él públicamente, dichos castigos generalmente privaban a estos supuestos enemigos de beneficios y empleos estatales en vez de encarcelarlos. El encierro como tal principalmente se reservaba para aquellos considerados traicioneros a la revolución, para que las terribles y muy públicas consecuencias infligidas por el estado a personas como la jueza María Afiuni, Iván Simonovis o Francisco Usón, sirvieran para desincentivar a sus compatriotas.
Nicolás Maduro es más mano dura y más paranoico que su carismático precursor. Bajo su régimen las detenciones por motivos políticos no sólo sirven de mecanismo disciplinario dentro de el PSUV y las fuerzas armadas, sino que representan una herramienta –cada vez más cotidiana– para la gestión del país en el día a día. En la mentalidad del régimen cada venezolano que se atreve a pensar de una manera diferente, se relega al estatus básico de una materia prima para intercambiar o utilizar de la manera mas conveniente: para controlar la conversación nacional, para darle más credibilidad a delirantes relatos conspiratorios, para sembrar discordia entre sectores de la oposición, y para intercambiar en negociaciones por pequeñas ventajas tácticas.
Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, impulsado por el dedazo gigante de Chávez, los venezolanos considerados “prisioneros de conciencia” por el Foro Penal, numeraban menos que una docena. Actualmente ese número oscila alrededor de 100, junto con casi 2.000 más que actualmente se encuentran privados de derechos constitucionales mediante procesos judiciales politizados. Estos números suelen ser un poco engañosos. Aunque la puerta giratoria de la “justicia” venezolana ha detenido y privado de su libertad a casi 6.000 venezolanos por razones políticas, tan solo desde enero de 2014, el régimen raramente a permitido que el número de presos políticos en cautiverio actual supere los 100 –por razones, se supone, de imagen–.
Como si fuera un diabólico juego de rummy, después de cargarse de un nuevo preso político, tienen que escoger a quien descartar.
a dañar la vida, la libertad, la salud y bienestar de otros.
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