ND.- Varias ONGs venezolanas acusarán al Gobierno Nacional de violar 35 derechos humanos durante la sesión de la organización en Suiza el próximo 7 de octubre.
El director ejecutivo del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Ewald Scharfenberg, dijo que la sesión era una oportunidad para explicarle al mundo lo que pasa en Venezuela sobre la libertad de expresión. Según información que ha recopilado el Ipys, entre el 2007 y 2010 se registraron 449 casos, en los que hubo 838 víctimas, e identificaron como a actores estatales y privados.
Así lo recoge una nota de Hernán Lugo-Galicia para El Nacional:
Las organizaciones de la sociedad civil denunciarán la violación de 35 derechos humanos, en la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos la falta de garantías y de acceso a la justicia, los obstáculos a la labor de los defensores, las amenazas a la libertad de expresión, la inseguridad ciudadana, y la discriminación a personas con VIH, homosexuales, pueblos indígenas y refugiados.
La sesión será el próximo 7 de octubre en Ginebra, Suiza. Y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU analizará el informe elaborado por 144 grupos civiles.
La fecha del Examen Periódico Universal (EPU, como es conocido el debate en medios diplomáticos el debate) fue escogida al azar, así como “la troika”; es decir, los tres países (Guatemala, Burkina Faso y la República Checa) que recopilarán los informes realizados por el Gobierno, las ONG y el ombudsman y presentarán un resumen a la plenaria, constituida por 192 estados.
El director de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ramón Muñoz Castro, indicó que el EPU surgió porque los Estados rechazan ser condenados o sancionados, pero sí se muestran dispuestos a oír propuestas. “Si no se informa, impera la impunidad y los informes son `ocultos’ en Ginebra y Nueva Cork. Lamentablemente los gobiernos de izquierda se oponen a la vigilancia internacional”.
El coordinador de Sinergia, Feliciano Reyna, dijo que el Gobierno prepara un informe que destaca la gestión del poder popular, con datos aportados por lo que llamó “las Ongob” (organizaciones pro gobierno). En el caso de los grupos independientes, el Foro por la Vida, CDH-UCAB, Provene, Sinergia y Control Ciudadano expondrán la crisis en la violación de derechos humanos.
838 víctimas. El director eje-cutivo del Instituto de Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg, explicó que al final del debate se aprueban recomendaciones que el Estado se reserva la potestad de aceptar o no. Sin embargo, consideró que será una oportunidad para que el mundo conozca lo que pasa en Venezuela con los derechos humanos; en particular sobre la libertad de expresión, que es un tema que expondrá el IPYS, junto con los grupos internacionales IFEX y RIDH.
El IPYS envió una síntesis a la ONU sobre las amenazas y los ataques a medios y periodistas. Entre 2007 y 2010 registraron 449 casos, en los que hubo 838 víctimas, e identificaron como a actores estatales y privados. Entre los primeros señala a miembros de la FAN, de la Asamblea Nacional, funcionarios de ministerios y tribunales, y entre los segundos a simpatizantes del Presidente.
La organización denunció el acoso a Globovisión, a El Nuevo País, a las residencias de Leopoldo Castillo y Marta Colomina ¬cuya autoría se atribuyó La Piedrita, y la falta de sanción a quienes golpearon a 11 a trabajadores de Últimas Noticias. Otra de las irregularidades detectadas son las regulaciones a periodistas y a medios impuestas por la reforma de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que ha propiciado la censura en el país, cuestión que está prohibida por la Constitución.
“El Directorio de Responsabilidad Social no cuenta con las garantías para proteger ante interferencias de sectores gubernamentales o económicos, ni garantizar la independencia de los sectores regulados”, advierten en el documento, de cuatro páginas.
IPYS alerta sobre la intimidación y las amenazas que profiere Chávez y militantes del PSUV a medios y periodistas críticos, y expone cómo se retiran señales a televisoras y radios (casos RCTV y CNB), que luego son concedidas al Gobierno.
Señalan que están vigentes penas con cárcel por vilipendio o desacato, difamación e injuria contenidas en el Código Penal, aun cuando la jurisprudencia internacional pide eliminar los mencionados delitos, y que los tribunales ordenan la censura con el argumento de proteger a los niños de mensajes violentos, sangrientos y grotescos.
Las organizaciones de la sociedad civil denunciarán la violación de 35 derechos humanos, en la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos la falta de garantías y de acceso a la justicia, los obstáculos a la labor de los defensores, las amenazas a la libertad de expresión, la inseguridad ciudadana, y la discriminación a personas con VIH, homosexuales, pueblos indígenas y refugiados.
La sesión será el próximo 7 de octubre en Ginebra, Suiza. Y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU analizará el informe elaborado por 144 grupos civiles.
La fecha del Examen Periódico Universal (EPU, como es conocido el debate en medios diplomáticos el debate) fue escogida al azar, así como “la troika”; es decir, los tres países (Guatemala, Burkina Faso y la República Checa) que recopilarán los informes realizados por el Gobierno, las ONG y el ombudsman y presentarán un resumen a la plenaria, constituida por 192 estados.
El director de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ramón Muñoz Castro, indicó que el EPU surgió porque los Estados rechazan ser condenados o sancionados, pero sí se muestran dispuestos a oír propuestas. “Si no se informa, impera la impunidad y los informes son `ocultos’ en Ginebra y Nueva Cork. Lamentablemente los gobiernos de izquierda se oponen a la vigilancia internacional”.
El coordinador de Sinergia, Feliciano Reyna, dijo que el Gobierno prepara un informe que destaca la gestión del poder popular, con datos aportados por lo que llamó “las Ongob” (organizaciones pro gobierno). En el caso de los grupos independientes, el Foro por la Vida, CDH-UCAB, Provene, Sinergia y Control Ciudadano expondrán la crisis en la violación de derechos humanos.
838 víctimas. El director eje-cutivo del Instituto de Prensa y Sociedad, Ewald Scharfenberg, explicó que al final del debate se aprueban recomendaciones que el Estado se reserva la potestad de aceptar o no. Sin embargo, consideró que será una oportunidad para que el mundo conozca lo que pasa en Venezuela con los derechos humanos; en particular sobre la libertad de expresión, que es un tema que expondrá el IPYS, junto con los grupos internacionales IFEX y RIDH.
El IPYS envió una síntesis a la ONU sobre las amenazas y los ataques a medios y periodistas. Entre 2007 y 2010 registraron 449 casos, en los que hubo 838 víctimas, e identificaron como a actores estatales y privados. Entre los primeros señala a miembros de la FAN, de la Asamblea Nacional, funcionarios de ministerios y tribunales, y entre los segundos a simpatizantes del Presidente.
La organización denunció el acoso a Globovisión, a El Nuevo País, a las residencias de Leopoldo Castillo y Marta Colomina ¬cuya autoría se atribuyó La Piedrita, y la falta de sanción a quienes golpearon a 11 a trabajadores de Últimas Noticias. Otra de las irregularidades detectadas son las regulaciones a periodistas y a medios impuestas por la reforma de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que ha propiciado la censura en el país, cuestión que está prohibida por la Constitución.
“El Directorio de Responsabilidad Social no cuenta con las garantías para proteger ante interferencias de sectores gubernamentales o económicos, ni garantizar la independencia de los sectores regulados”, advierten en el documento, de cuatro páginas.
IPYS alerta sobre la intimidación y las amenazas que profiere Chávez y militantes del PSUV a medios y periodistas críticos, y expone cómo se retiran señales a televisoras y radios (casos RCTV y CNB), que luego son concedidas al Gobierno.
Señalan que están vigentes penas con cárcel por vilipendio o desacato, difamación e injuria contenidas en el Código Penal, aun cuando la jurisprudencia internacional pide eliminar los mencionados delitos, y que los tribunales ordenan la censura con el argumento de proteger a los niños de mensajes violentos, sangrientos y grotescos.
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