Fedecámaras seguirá dialogando con el gobierno

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Ustedes no me escogieron para hacer política, sino para preservar y defender los principios del sector empresarial. Estamos haciendo simplemente lo que nos toca como empresarios”. Así, firme en su posición, se mostró el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, durante su discurso a los afiliados de la Cámara de Comercio de Maracaibo a la que asistió el pasado jueves para la juramentación de la nueva directiva, publica Panorama.
En su exposición, Roig dejó atrás el peso que traía en hombros Fedecámaras tras el golpe de Estado del 2002 y que parece haber quedado en el pasado. Y así lo demostró el propio Gobierno cuando el pasado 26 de febrero, en la Conferencia de Paz, invitó al gremio empresarial a Miraflores, por primera vez en 12 años.
“Nos reconocieron (en el Gobierno) como institución empresarial”, acotó Roig, complacido. Recalcó que las reuniones y mesas a las que ha sido invitado “han sido pura ganancia”. “Y nos siguen invitando a muchas más”.
“Después de dos años solicitando diálogo con el Gobierno, nos invitaron, y no podíamos decir que no, ni mucho menos poner condiciones”, sostuvo Roig, ante algunas críticas que, según dijo, recibió por asistir a Miraflores en medio de las protestas en contra del Gobierno que han dejado hasta ahora 39 muertos y más de 100 detenidos.
“Al sector empresarial no nos conviene el caos. Nosotros no pusimos esa agenda. Nos duele lo que está pasando, y respetamos las protestas pacíficas”.
En entrevista con PANORAMA, tras su discurso, afirmó: “Nosotros asumimos la responsabilidad de seguir conversando, seguir dialogando con el Gobierno”.

—En las mesas de trabajo perciben que hay voluntad política para atender sus reclamos…
—En este momento, por primera vez, sentimos que ciertamente el Gobierno está proclive a atender algunos reclamos que desde hace mucho tiempo estaba haciendo el sector empresarial. El ritmo que le han imprimido a las reuniones han sido muy constante, todas las semanas nos han convocado, desde la primera reunión en Miraflores, lo que pasa es que la toma de decisiones toma su tiempo, y creo que el Gobierno tiene la voluntad política para tomarlas.

—¿Y los resultados hasta ahora han sido los esperados?
—De los 59 reclamos planteados, 56 fueron aprobados y estos son los urgentes; y los otros que no los aprobaron son los que consideramos los principales.
Entre los urgentes están como ya se ha dicho, la eliminación de los tramites burocráticos; están sacando los certificados de no producción mucho más rápido, eliminaron la fianza para el contrato de fiel compromiso, agilizaron algunos permisos para ciertos sectores. En fin, pero lo principales reclamos son los de contenido, sobre el modelo económico. Si algo no ha resuelto este modelo es el rentismo y que aún no ha definido el papel del sector privado claramente.

—Y usted cree que el Gobierno hará rectificaciones en el modelo…
—Es ingenuo pensar que de la noche a la mañana lo van a desmantelar; pero en cada palestra reiteramos la urgencia de cambiar el modelo económico. Creo que llegó la hora de definir dentro de ese modelo cómo vivimos y convivimos el sector privado, cómo son las asociaciones mixtas, qué vamos a hacer con una ley laboral que no fue discutida o con una Ley de Precios Justos que no puede ser aplicada. Esas conversaciones son las que debemos tener en mesas más pequeñas, como lo hemos planteado al Gobierno.
—Sobre la Ley de Precios Justos, Fedecámaras insistirá en solicitar su nulidad…
—Sí. La próxima semana introduciremos la demanda de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es absolutamente imposible aplicar la Ley de Precios en las estructuras de costos de las empresas, y ahora más cuando tienes tres tasas: Cencoex, Sicad 1, Sicad 2. Esta ley es inconstitucional, no garantiza la propiedad privada y hasta elimina los derechos al consumidor. Ni es buena para el productor, ni para el consumidor.
—Hablando de precios, el Gobierno está llegando a acuerdos con la industria de alimentos para subir precios, pero sin publicarlos en Gaceta. ¿Qué opina al respecto?
—Ciertamente hay que discutir nuevas estructuras de precios y costos. Y si están ocurriendo estos aumentos de precios sin salir en Gaceta, la Superintendencia debe estar enterada y debe emitir los correspondientes certificados de precios para que el empresario se sienta tranquilo y tenga el soporte que le permita atender los reclamos del público y la demanda que esta ley de precios justos aplica.

—¿Usted cree que ante la situación política que hay en el país, el Gobierno aplicará reformas económicas drásticas?
—El Sicad II es una valentía del Gobierno, es una buena señal de reformas importantes. Tenemos buenas señales con el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, parece ser un hombre pragmático que entiende al movimiento empresarial. Ojalá que tome las decisiones correctas.
Lo malo es que siempre se han tomado agendas económicas con base a agendas políticas. Por eso este año era un buen año para decisiones económicas importantes porque no habían elecciones. Pero, vamos a tener que tomar medidas económicas muy, muy severas y lo mejor para tomarlas es que haya acuerdos económicos con los empresarios y políticos con los políticos.
Sin un diálogo político va a ser muy difícil hacer las reformas económicas que el país requiere.
—Del viaje que realizó la semana pasada a Ginebra para el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué noticias trae?
—Traigo buenas noticias. Se aprobó el informe de la OIT que será publicado en Ginebra en el que insta al Gobierno a reunirse, a dialogar tanto con los empresarios, como con los trabajadores. Es decir, un diálogo tripartito
La OIT es una organización muy seria, en la que Venezuela ha firmado muchos convenios. Allí denunciamos que dos convenios fueron violados en el país: El número 87 sobre libertad sindical y el 144 sobre posibilidades de reconstruir un pacto social en el país. Y estos dos puntos fueron reconocidos y aprobados en el informe.
Desde el 2003, hemos soportado nuestras quejas y por fin recibimos este año la misión después de 11 años. Para nosotros es bastante significativo este informe porque reconoce todos estos años de lucha.