MIGUEL SANMARTÍN| EL UNIVERSAL
sábado 29 de marzo de 2014 12:00 AM
Hasta cuándo? Lo pregunta seriamente mucha gente. No solo los impulsivos y efervescentes sino también los más sosegados, reflexivos y hasta los conformistas.
Gente de todas las condiciones, escalafones, ideologías y con distintos grados de participación en las protestas callejeras ansía y tiene derecho a esa respuesta. Es la misma gente que hoy -abrumada por el desabastecimiento, racionamiento, inflación, inseguridad, represión y violación de los derechos humanos de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta en esta Venezuela anarquizada, dividida, enfrentada y sin perspectivas para los más jóvenes- se manifiesta indignada, atropellada, irrespetada y en estado de indefensión. Tanto por la reticencia de una dirigencia opositora fragmentada como por la conducta insolente y despótica de los jerarcas del régimen. Igualmente se considera agraviada por el lenguaje soez y violento utilizado por esa cúpula, caracterizada por el cinismo, la incompetencia, la inmoralidad y el desconocimiento permanente de la Constitución.
Hasta cuándo la tolerancia y resignación bobalicona ante un caudillaje sectario, incitador, hipócrita y cayapero que se vale de los poderes públicos (sumisos, partidizados) para infringir la ley, la que utiliza impúdicamente para sus fines "revolucionarios". Esa alevosa aplanadora institucional fue puesta en práctica -otra vez- por la Asamblea Nacional, la Fiscalía y el TSJ para allanar -arbitrariamente- la inmunidad a varios parlamentarios y destituir y encarcelar a dos alcaldes (la lista la engrosan otros burgomaestres y gobernadores) a fin de sacarlos del juego por el "delito capital" de denunciar la crisis económica y social producto del Socialismo de Siglo XXI y condenar los excesos de la Guardia y la Policía Nacional durante las protestas en todo el país. Semejante desafuero no solo conculca los derechos de los funcionarios pasados por la guillotina roja, sino que constituye un golpe de Estado contra la voluntad de los ciudadanos que los eligieron como sus representantes.
Otra prueba para la dirigencia opositora está en el ambiente. Se trata del eventual encuentro, a instancias de la misión de cancilleres de Unasur, con el acorralado régimen malandro. La oposición debería asistir. Con condiciones previas: la restitución del fuero y las curules a los diputados sancionados, la rehabilitación de los alcaldes (depuestos y encarcelados), la libertad de todos los presos políticos y el cese de los procesos judiciales contra los estudiantes. Para luego entrar en el debate y acuerdos sobre los gravísimos problemas que aquejan al país. Lo demás sería traición a la sociedad democrática que está librando una lucha valiente y digna por los derechos y libertades fundamentales.
Gente de todas las condiciones, escalafones, ideologías y con distintos grados de participación en las protestas callejeras ansía y tiene derecho a esa respuesta. Es la misma gente que hoy -abrumada por el desabastecimiento, racionamiento, inflación, inseguridad, represión y violación de los derechos humanos de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta en esta Venezuela anarquizada, dividida, enfrentada y sin perspectivas para los más jóvenes- se manifiesta indignada, atropellada, irrespetada y en estado de indefensión. Tanto por la reticencia de una dirigencia opositora fragmentada como por la conducta insolente y despótica de los jerarcas del régimen. Igualmente se considera agraviada por el lenguaje soez y violento utilizado por esa cúpula, caracterizada por el cinismo, la incompetencia, la inmoralidad y el desconocimiento permanente de la Constitución.
Hasta cuándo la tolerancia y resignación bobalicona ante un caudillaje sectario, incitador, hipócrita y cayapero que se vale de los poderes públicos (sumisos, partidizados) para infringir la ley, la que utiliza impúdicamente para sus fines "revolucionarios". Esa alevosa aplanadora institucional fue puesta en práctica -otra vez- por la Asamblea Nacional, la Fiscalía y el TSJ para allanar -arbitrariamente- la inmunidad a varios parlamentarios y destituir y encarcelar a dos alcaldes (la lista la engrosan otros burgomaestres y gobernadores) a fin de sacarlos del juego por el "delito capital" de denunciar la crisis económica y social producto del Socialismo de Siglo XXI y condenar los excesos de la Guardia y la Policía Nacional durante las protestas en todo el país. Semejante desafuero no solo conculca los derechos de los funcionarios pasados por la guillotina roja, sino que constituye un golpe de Estado contra la voluntad de los ciudadanos que los eligieron como sus representantes.
Otra prueba para la dirigencia opositora está en el ambiente. Se trata del eventual encuentro, a instancias de la misión de cancilleres de Unasur, con el acorralado régimen malandro. La oposición debería asistir. Con condiciones previas: la restitución del fuero y las curules a los diputados sancionados, la rehabilitación de los alcaldes (depuestos y encarcelados), la libertad de todos los presos políticos y el cese de los procesos judiciales contra los estudiantes. Para luego entrar en el debate y acuerdos sobre los gravísimos problemas que aquejan al país. Lo demás sería traición a la sociedad democrática que está librando una lucha valiente y digna por los derechos y libertades fundamentales.
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