25 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
“Todo es perfectamente empeorable”, le dice Juan de Mairena (Antonio Machado) a sus alumnos para expresar que mañana podemos estar peor que hoy. Por su parte, Edgar, el personaje de Shakespeare en El rey Lear, en uno de sus diálogos, dice: “¿Quién puede decir: ‘Estoy en lo peor?” porque es posible “estar peor; lo peor no dura un instante más del tiempo preciso para decir “Esto es lo peor”. Lo reseñado significa que cuando las cosas marchan mal, el transcurso del tiempo puede empeorar la situación. Por eso hoy estamos peor que ayer, y mañana estaremos peor que hoy, y así sucesivamente. Venezuela es como un paciente muy enfermo con un médico incompetente, cuyo dogmatismo no le permite ver la realidad de un modelo político y económico que está en su fase terminal. El autoritarismo, el socialismo “rojo rojito”, la corrupción y la sumisión de los poderes al Ejecutivo han producido esta crisis. No hay balance de poderes ni el chavismo cree en ello. Esto se evidencia claramente en la afirmación de la ex presidenta del TSJ, quien, al conmemorarse el décimo aniversario de la aprobación de la Constitución, expresó: “La separación de poderes debilita al Estado”, y pidió la reforma de la carta magna para eliminar dicha separación (http://tinyurl.com/jn7f5oo).
El pueblo venezolano, fatigado por la situación de miseria, hampa y corrupción que lo afecta día tras día, decidió cambiar el cuadro político y con ello el modelo fracasado a través de una Asamblea Nacional controlada por la oposición. Se trata, entonces, de una decisión del pueblo expresada electoralmente, lo que impregna a la Asamblea de legitimidad democrática. No obstante, ahora tenemos que el trabajo de la Asamblea está siendo saboteado por el Tribunal Supremo de Justicia y, especialmente, por su Sala Constitucional. Entre las decisiones que más ruido han hecho, que no son pocas, está la de la Sala Electoral que privó, de un plumazo, a la oposición de tres de sus diputados. La otra decisión perturbadora es la dictada por la Sala Constitucional el 11 de febrero pasado, que declaró vigente el decreto de emergencia económica (en minúsculas), pese a su rechazo por parte de la Asamblea Nacional. Esta decisión mereció el repudio de la comunidad jurídica del país. Dicha sentencia hace énfasis en el supuesto carácter de máxima instancia que tendría la Sala Constitucional en materia de interpretación constitucional, lo que podría ser cierto en aquellos países donde los jueces son imparciales y nombrados de manera transparente. Los magistrados de la Sala Constitucional no son independientes ni imparciales. No puede entonces un tribunal con este origen autoatribuirse todo tipo de potestades, hasta las dictatoriales, bajo una pretendida tutela constitucional, e invalidar los actos dictados por un cuerpo que ha sido elegido por el pueblo en un proceso electoral.
Un Tribunal Supremo puede convertirse en un instrumento para el cambio social o en un obstáculo para la paz y la democracia. En el primer caso, puede impulsar el cambio por medio de la interpretación de la Constitución y la ampliación de los derechos. Ejemplo de ello es la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el célebre caso Brown vs Board of Education del año 1954, que asestó un golpe a la discriminación racial. En otros casos, un Tribunal Supremo puede comportarse como “agente convalidante” de situaciones autoritarias y antidemocráticas, como ocurre en Venezuela. La referida sentencia número 7 de la Sala Constitucional del 11 de febrero, en la que dicha sala se pronunció sobre el decreto de emergencia económica (siempre en minúsculas), no está sujeta a revisión por ningún tribunal, por ser una cuestión política la aprobación o no de un decreto que incluye la implementación de unas recetas económicas marcadas ideológicamente. En otras palabras, la Sala Constitucional se está inmiscuyendo en asuntos políticos de naturaleza no justiciable (political questions). No niego que la Sala Constitucional (si estuviese integrada por jueces independientes y elegidos sin fraude a la Constitución) estaría habilitada para declarar la constitucionalidad de una ley, pero no puede controlar actos políticos propios de la Asamblea Nacional. Por eso, y por ejemplo, la remoción de magistrados, por ser una cuestión política, no es justiciable y no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo de Justicia.
En sus primeros años de vida, la denominada “revolución” se sustentaba en los precios del petróleo, el carisma del caudillo y el sector militar. El Poder Judicial era otro apoyo, pero no el más importante. Ahora, Maduro carece de apoyo popular y los precios del petróleo ya no le sirven para financiar el populismo chavista. El único apoyo es el Poder Judicial, el cual, lejos de contribuir a fortalecer la democracia, se ha convertido en obstáculo al cambio político, económico, cultural y social que pide a garganta batiente el país. Esto queda evidenciado en la judicialización de cuestiones de naturaleza política, lo que permite sabotear el trabajo de la Asamblea Nacional y meter presos a demócratas opositores. Por esa razón, el futuro de Venezuela pasa por acometer la tarea de reformar el Tribunal Suprema de Justicia, para lo cual hay que comenzar con la remoción de los “magistrados exprés” que fueron elegidos el día 23 de diciembre pasado, por no haber cumplido con los requisitos constitucionales en su proceso de elección. También la Asamblea Nacional está habilitada para abrir el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En esta materia el norte debe ser romper la subordinación del Tribunal Supremo de Justicia a la “revolución”.Solo así podremos dejar de seguir empeorando para comenzar la recuperación del país y llegar a decir: Ahora estamos mejor porque hemos iniciado el regreso hacia la democracia.
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