25 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
El miércoles 17 de febrero pasado el presidente Maduro anunció tres medidas económicas a las que quiero referirme. La primera fue el aumento del precio de la gasolina, esperado desde hace décadas y eludido por nuestros gobernantes de manera irresponsable y costosa. Tal era la convicción de que no era posible seguir accediendo gratuitamente a un recurso tan importante y estratégico, que el aumento superior a 6.000% en el precio de la gasolina de 95 octanos fue aceptado de inmediato. Ahora bien, ¿debemos esperar que los nuevos precios se mantengan inalterados por un buen tiempo? Pienso que no, ya que estos siguen siendo muy bajos en comparación con cualquier estándar internacional y, si los mismos se mantuvieren fijos por un período prolongado, la inflación se encargaría de desvanecerlos rápidamente. De hecho, si comparamos el de la gasolina de 95 octanos con el precio en Colombia o en muchos otros países de la región, este sigue siendo mucho menor, por lo que pudiera continuar el contrabando de extracción a países vecinos, aun cuando generando unos márgenes de ganancia más moderados. De allí el anuncio oficial de que se piensa colocar estaciones de servicio en las zonas fronterizas, en las que se cobre la gasolina a precios internacionales y en dólares o en pesos colombianos, aun cuando dudo que una medida de ese tipo realmente elimine el contrabando o lo reduzca significativamente.
Un segundo anuncio fue el del aumento de los salarios y de las compensaciones a través de los tiques de consumo, buscando con ello resarcir la pérdida de la capacidad de compra de las remuneraciones de los trabajadores. Sin duda, en un ambiente de alta y creciente inflación, como la que se padece en Venezuela, los ajustes periódicos de las remuneraciones son necesarios, pero estos nunca neutralizan totalmente la erosión de los ingresos reales producida por el aumento de los precios, ya que, incluso en las economías con indexaciones automáticas de los salarios de acuerdo con la inflación, los ajustes de los ingresos siempre van rezagados al aumento de los precios, siendo común el ensanchamiento de la brecha, entre otras razones porque los ajustes de las compensaciones laborales incrementan los costos, presionando los precios al alza.
La tercera medida se refiere a las modificaciones de las tasas de cambio controladas, al ajustar la tasa preferencial de 6,30 bolívares por dólar a 10, y convertir el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) en un sistema complementario flotante, en el que la tasa de cambio fluctuará a partir de los 200 bolívares por dólar. Si bien este último esquema aún no se ha definido, dudo que el mismo sea un verdadero esquema de tipo de cambio flotante, siendo lo más probable que la autoridad cambiaria ajuste periódicamente la tasa, sin que la misma responda a las fuerzas del mercado. Si bien la sobrevaluación cambiaria hacía imperioso el ajuste de la tasa preferencial, esa corrección solo enmienda marginalmente aquel problema. Otro aspecto es que el nuevo esquema no va a eliminar el mercado paralelo y su extraordinario efecto distorsionante, al seguir siendo utilizada la tasa de cambio de frontera como la referencia del valor del dólar, dadas las severas restricciones que seguirán existiendo para acceder a las divisas controladas. Adicionalmente, los ajustes de las tasas de cambio oficiales generarán importantes ajustes de precios.
Como se ve, las tres medidas analizadas, si bien eran necesarias y tienen la orientación correcta, no corrigen las distorsiones existentes en la comercialización de la gasolina, en el salario real y en el esquema cambiario, solo las mitigan y, adicionalmente, generarán presiones alcistas de precios. Finalmente, si se quiere tener estabilidad en el precio de la gasolina, en los salarios y en el precio del dólar, lo primero que hay que hacer es abatir la inflación, lo cual requiere mucho más que tres medidas aisladas.
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