22 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
Ha viajado por África, Asia, Latinoamérica y el Medio Oriente en defensa de una tesis: el derecho a la propiedad permite cambiar la suerte de los más pobres. Hernando de Soto, economista peruano considerado por la revista Times como uno de los cinco principales innovadores de América Latina del siglo XX, estuvo en Venezuela invitado por el partido Primero Justicia, y concluyó que todas las experiencias obtenidas en las naciones que ha asesorado para la democratización de los derechos de propiedad son aprovechables en el país.
“Hay particularidades locales. Nadie se ha dado cuenta de cuán importante es el problema, porque todo se categoriza con un nombre distinto –misión, barrio, cerro, rancho– pero al sumar sus habitantes probablemente llegará a 15 millones de venezolanos. Hay que encontrar la manera de no ver solamente allí ladrillos, cemento y fierro, sino un valor que se puede monetizar”.
—¿Cómo a partir de la propiedad de una vivienda se produce dinero?
—La gente confía en usted cuando ven que tiene algo que perder. La primera característica de un criminal es que no tiene dirección de residencia. Tener dirección indica que sus vecinos confían en usted y usted no tiene temor a ser identificado. En el caso de otros países en los que hemos estado, cuando se entregan los títulos de propiedad, aumenta tres veces la cantidad de mujeres que salen a trabajar porque su percepción era que si no se quedaban en casa se la podían quitar. En Perú creció 28% el número de niños que van a la escuela en las casas que tiene título. El solo hecho de saber que uno pertenece a algo, que los vecinos aprueban y que el Estado reconoce crea una situación de confianza. Al margen de que teniendo una casa la puedo utilizar como garantía.
—¿Si el Estado construye viviendas de interés social, bajo qué condiciones deben ser entregadas a los beneficiarios?
—Lo ideal es que la gente pueda disponer de su activo. Un gobierno al entregar vivienda, equipos o maquinarias a la gente pobre, lo hace para que ellos administren capital. Capital entendido como el valor de las cosas. Una casa no solamente es un hogar, en buena parte de las viviendas populares venezolanas no solamente se vive sino que hay una pequeña industria: máquinas de coser, taller de reparación de automóviles, consultorios, estéticas, oculista. En la medida en la cual no hay propiedad eso es muchísimo más difícil. Si otorgan bienes y no dejan disponer de ellos en el fondo entregas la tercera o cuarta parte de lo que diste. Por otro lado, se incita a la informalidad porque la gente va a comprar y vender de todos modos.
—¿El subsidio que hace el Estado de una vivienda se opone a la propiedad privada?
—No. Lo importante es que a cambio del subsidio no se ponga a los beneficiarios en una cárcel económica, es decir: yo te doy algo, pero tú no puedes hacer lo que te dé la gana. La gente ya sabrá cómo utiliza lo que el Estado le asigna. Ellos, mejor que nadie, sabrán qué hacer.
—En el caso de la Misión Vivienda, el gobierno teme que los beneficiarios vendan los inmuebles.
—La gente compra y vende. Está en su naturaleza. Al Estado no le gusta que eso ocurra, pero el hecho es que la compran y la venden; solo que al no poseer el título se le está quitando valor. Si se somete al voto en un referéndum, yo creo que la gente va a manifestarse en una forma clara a favor de la no restricción.
—¿Hay experiencias en otros países de propiedad multifamiliar? ¿Han funcionado?
—Eso no funciona. De repente en Venezuela es distinto, pero las familias requieren su independencia. Al ser multifamiliar, quiere decir que hay varias familias y de esa manera se impone un control a lo que cada familia o cada individuo quiere hacer. La casa que no se puede comprar, vender, alquilar o prendar ha dejado de tener una buena parte de su valor.
—¿Cómo el derecho a la propiedad puede ayudar a resolver la crisis venezolana?
—Dar la propiedad es un excelente paso porque se le da autonomía a la gente. El valor no viene solamente del petróleo, sino de la confianza, de la suma de varios factores que mejoran la calidad y el servicio. Son pequeñas cosas que suman. La Guerra Fría, la guerra con el comunismo, todas las guerras sociales del mundo desde hace 150 años son esencialmente guerras para ver quién administra las cosas. Eso es lo que pasa en Venezuela y han descubierto que la concentración en el poder político no funciona; tampoco lo anterior era excelente, entonces hay que descubrir una buena fórmula y hacer que los activos entregados a los pobres –en este caso la vivienda– rindan fruto.
—¿El Estado puede utilizar esta falta de título de propiedad como un mecanismo de control social?
—Puede, pero al mismo tiempo causa más pobreza. Significa que de aquí en adelante van a seguir las invasiones, las ocupaciones. Si no hay manera legal de obtener seguridad se va a buscar a través de un acto ilegal. Con 200% de inflación tendrán problemas serios cuando la gente pierda la esperanza y comience a salir a la calle.
—Los beneficiarios de la Misión Vivienda quieren la propiedad, pero no confían en la ley que impulsa la oposición en la Asamblea.
—Puede pasar que se trate de un pueblo que en los últimos 18 años ha recibido seguridad desde el Ejecutivo y todavía no confía en lo que propone el Legislativo; o se da cuenta de que el Legislativo quiere sacar una norma y el Ejecutivo puede decidir no implementarla. Es obvio que aquellos que creen en la propiedad colectiva van a utilizar todos los argumentos necesarios para reinterpretar, malinterpretar o malévolamente interpretar lo que hacen los otros. Esto va a ocurrir durante años y es parte de la vida democrática. Hay quienes creen, como yo, que las cosas están mucho mejor en manos de la gente que del Estado, que el Estado lo que debe hacer es normar para que todo se haga decentemente y que la gente pueda llevar sus activos a su mejor utilización; pero tiene que haber un debate. La iniciativa es buena, lo que pasa ahora es que piden precisiones.
—En la ley no está claro el mecanismo por el cual se hará esa entrega.
—Comprendo la actitud de la oposición: ha estado fuera de circuito por mucho tiempo, desfinanciada por mucho tiempo y lo que quiere es avanzar en la entrega de propiedad privada sin modificar lo que ya aceptaron los beneficiarios. El problema es que en política nunca se recibe una hoja nueva, en blanco; la hoja viene con una serie de compromisos anteriores y eso es la política: honrar la palabra del gobierno anterior y hacer lo mejor para el futuro. Hay una lucha entre los que no quieren dar y los que sí quieren y habrá chismes, infundios sobre quién paga qué; pero al margen de eso hay una tendencia en Venezuela para que las cosas vayan a manos de los beneficiarios, los detalles van a ir cambiando según lo que se debata en la Asamblea.
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