22 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
A dos años exactos del secuestro de Leopoldo López y de las primeras manifestaciones de 2014, la calle y la “salida” como urgencia nacional impostergable vuelven a ocupar el pensamiento y la imaginación de los venezolanos. Una realidad que se ha acentuado fatalmente durante las últimas semanas, a medida que el creciente e indetenible deterioro de la circunstancia política y existencial de los venezolanos hace aún más apremiante la convicción de que la permanencia de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República es el mayor obstáculo para eludir la inminente catástrofe por venir.
Dos hechos ensombrecen este turbio horizonte nacional. Uno fue la postura antidemocrática del oficialismo durante la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, compromiso no transable de la oposición con los electores del 6-D, resumida por Diosdado Cabello, quien con su habitual y violento rechazo a quien no comulgue con las ruedas de molino del chavismo, le advirtió al país que haga lo que haga la Asamblea, en Venezuela no habrá “amnistía, conciliación ni reconciliación”. En el marco de la estrategia oficial, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Moral se encargarían de ejecutar este categórico golpe a la Constitución y a la civilidad de los venezolanos.
El otro hecho relevante fue la patética e incoherente intervención de Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión para informar de las últimas decisiones de su gobierno en materia económica, más de lo mismo pero peor, que en lugar de iniciar el rescate de Venezuela, la hundirán aún más en el abismo de la crisis, cuyas coordenadas, anunciadas al fin por el Banco Central, son la escalofriante tasa de inflación correspondiente al año 2015, nada más y nada menos que 180,9%, la más elevada del mundo, y una contracción de la economía de 5,5%.
Esta ingrata situación nos hace ver con claridad, en primer lugar, que la necesidad de producir un cambio inmediato de gobierno como gran prioridad nacional no se alcanzará por obra exclusiva de la acción parlamentaria; en segundo lugar, que solo añadiéndole a esta difícil realidad política el factor calle podrá la Asamblea Nacional compensar su debilidad institucional, y escapar del cerco montado por Miraflores con el Tribunal Supremo de Justicia y el llamado Poder Moral, cuya única y común razón de ser es permitirle a Maduro y compañía conservar el poder incluso al margen de la Constitución y las leyes. Aunque para ello haya que recurrir, como propuso Elías Jaua sin el menor titubeo durante su intervención en el debate sobre la Ley de Amnistía, al artículo 350 de la Constitución y tomar la calle por asalto para negar la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados.
Este conflicto de poderes da lugar a una contradicción, por fortuna todavía incipiente, entre la muy legítima impaciencia de un pueblo desesperado y una Asamblea Nacional con mayoría calificada pero acorralada y sin recursos reales para hacer entrar por el aro de la legalidad y la democracia a un gobierno, también desesperado por su propio y rotundo fracaso, cada día más resuelto a encontrar en las mañas del socialismo cubano el modo de desconocer “como sea” la autoridad que le confieren la Constitución y las leyes al Poder Legislativo. Compleja encrucijada que Henry Ramos Allup le resumió a Oscar Arias y a Lech Walesa con una afirmación inquietante: “Sabemos que el diálogo es la única forma de no matarse, pero no hay disposición a dialogar ni rectificar en el gobierno”.
Se trata de un escenario insostenible que a su vez explica la convocatoria de Ramos Allup a los venezolanos a tomar también la calle para defender el derecho constitucional de la Asamblea a promulgar la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. ¿Simple respuesta retórica a la insubordinación del oficialismo? ¿Primer paso inevitable de la transformación de un problema político a debatir y resolver en el seno de la Asamblea, en una confrontación callejera de consecuencias imprevisibles? Henry tiene la palabra.
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