Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento ha iniciado una investigación para indagar en el desfalco de aproximadamente siete mil millones de dólares en los distintos hechos de corrupción que, presuntamente, fueron cometidos por ex altos funcionarios de esta petrolera entre los años 2004 y 2014, reseña ABC de España.
Un supuesto desvío de los fondos asignados por el Estado venezolano para el reaseguro del Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), también conocido como Amuay, es uno de los casos investigados. Según un informe evaluado en la Asamblea Nacional de Venezuela, el fraude fue realizado durante la administración de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en el Ministerio de Energía y Petróleo (2002-2014) y en la presidencia de PDVSA (2004-2014), y su primo Diego Salazar, que trabajaba entonces como operador financiero y de los seguros y de los reaseguros de esta empresa petrolera, y cuyas cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) han estado bajo la lupa de las autoridades policiales internacionales por sospechas de blanqueo de capitales. «Esto es solo la punta del iceberg. Hay indicios que sugieren que las aseguradoras venezolanas de PDVSA estaban vinculadas a Salazar. Sospechamos que se desviaban los fondos asignados por el Estado para asegurar a la petrolera con empresas reaseguradoras en el exterior», dijo el diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento (control del gasto público), al diario ABC.
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