Thursday, July 21, 2016

La iglesia ante la crisis

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OVIDIO PÉREZ MORALES
La Conferencia Episcopal se ha pronunciado al término de su asamblea plenaria de julio. El documento resultante tiene un título bíblico: el Señor ama al que busca la justicia.
Pudiéramos subrayar en esta toma de posición tres elementos: identificación de la causa de la crisis nacional; cuatro exigencias como aportes hacia la solución; oración de compromiso y esperanza.
En primer lugar, resulta muy significativa y útil la identificación que hacen los obispos con respecto a la causa de la grave crisis del país, lo cual formulan en términos breves y claros: “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el gobierno se empeña en mantener”. Señalan así el origen del desastre general que está acabando con Venezuela. De nada valen paliativos, paños calientes, programas altisonantes y decisiones epidérmicas si no se va al fondo, a la fuente de los males. La causa de estos reside en el socialismo del siglo XXI, en el Plan de la Patria, en el querer imponer a los venezolanos un socialismo marxista-leninista históricamente fracasado en todas partes y abiertamente contrario tanto a un humanismo fundamental como a la Constitución de la República. Resulta entonces obligatorio un substancial cambio de rumbo, que va más allá de un simple cambio de gobierno.
En segundo lugar, el episcopado hace cuatro exigencias con carácter de urgencia: referéndum revocatorio para este año; permiso para el ingreso de medicamentos; apertura de la frontera colombo-venezolana y liberación de presos políticos.  
Al exigir el referéndum revocatorio para este año no se está haciendo otra cosa que algo establecido en la Constitución y que en alguna forma está andando. En una crisis tan grave como la que experimenta el país, nada más oportuno y necesario que preguntarle al pueblo, al soberano, qué futuro-destino quiere. Qué le duele y a qué aspira. Al Consejo Nacional Electoral no le queda otra cosa que ponerse a la orden de quien es la fuente primaria del poder político.
Cuando se le plantea al Ejecutivo la urgencia de otorgar el permiso de ingresos de medicamentos (y otras ayudas básicas) estamos frente a una exigencia humanitaria fundamental, ante la cual no se pueden oponer razones de prestigio o de soberanía retórica. Está de por medio la gente de carne y hueso, que se está muriendo y clama por auxilio oportuno. Hay aportes en el exterior que están listos para ser embarcados y una red nacional de entidades de solidaridad (Cáritas y otras), preparadas para una adecuada distribución.
La apertura de la frontera se presenta como requerimiento que asume y supera lo meramente socioeconómico; la frontera ha de interpretarse en perspectiva político-cultural, sobre todo tratándose de países hermanos y ante una creciente globalización. Suena ridículo en una “aldea global” estar levantando empalizadas para aislar a vecinos, máxime cuando se  los califica también de hermanos “bolivarianos”.
La última exigencia se refiere al creciente “número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas”. En Venezuela hemos inaugurado un siglo y un milenio con medidas y métodos políticos represivos (criminalizaciones, crueldades, torturas…) que se creían hechos para tiempos pasados de intolerancia y fanatismo.
Los obispos venezolanos terminan su documento haciendo una firme profesión de fe y esperanza en Jesucristo, señor de la historia. En esta perspectiva se comprometen en la construcción de la unión y de la paz; ofrecen sus “buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas”; invitan a sus hermanos en la fe, a todos los creyentes, a las mujeres y hombres de buena voluntad, a la oración y al ayuno, como herramientas de reconciliación con Dios y con el prójimo. 

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