Luis Florido
Como se recordará, en la víspera de las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, el Secretario General de la OEA envió su primera misiva a la presidenta de CNE insistiendo en la conveniencia de que dicho organismo autorizara el envío a Venezuela de una misión técnica de observación electoral, la cual fue rechazada tantas veces como fue solicitada por la MUD. El interés de la participación de la OEA como facilitador de procesos e institución con capacidad para resolver controversias político-electorales alentó al Comando Internacional de Campaña de la MUD a insistir en la presencia de la OEA en Venezuela.
Alineada con esta percepción, la Comisión de Política Exterior de la nueva Asamblea Nacional consideramos oportuno y conveniente emprender una campaña internacional bajo el rótulo de Diplomacia Parlamentaria, la cual a partir de la visión estratégica de que el ámbito internacional constituía un medio idóneo que de forma oficial incidiría sobre la geopolítica del continente americano.
El punto de partida fue dirigido a la conquista del Sur toda vez que el régimen venezolano lo había convertido en un fuerte baluarte de sus intereses regionales. De allí se planteó la necesidad de iniciar un periplo importante que nos llevó por primera vez a decisivos encuentros oficiales con representantes de los gobiernos y parlamentos entre los destacaron los de Brasil, Chile y Uruguay.
Una vez completada la sensibilización del sur, en la Comisión de Política Exterior decidimos denunciar en la OEA la crisis de Derechos Humanos que ocurre en Venezuela, situación que al mismo tiempo representaba una crisis de la democracia como sistema de gobierno. Esta circunstancia agregó un valor irrefutable en la tarea de desnudar al gobierno de Venezuela cuyo comportamiento lo ha llevado a ser tildado por muchos como un gobierno forajido, que además incumple con lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta Social de las Américas.
En este sentido hay que aclarar que, contrario a lo que afirma el gobierno, la participación de la OEA no es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela por cuanto la Carta Constitutiva de la OEA como la Carta Democrática Interamericana son acuerdos firmados y ratificados por la República, lo que los convierte en instrumentos jurídicos vinculantes, y por tanto, de obligatorio cumplimiento para la Nación.
Esa convicción nos llevó a México donde presentamos las denuncias ante los colegas parlamentarios mexicanos, así como ante la Canciller, quien nos recibió oficialmente y nos ratificó su solidaridad con la causa venezolana. Del mismo modo y con mucha receptividad fuimos recibidos en Canadá, país cuyo gobierno ha sido un baluarte por la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito regional y mundial.
No nos cabe duda de que el proceso en marcha que se activó desde la convocatoria del Secretario General de la OEA y que se deriva de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana de la OEA constituye el mecanismo institucional internacional que coadyuvará a presionar la salida democrática, constitucional, pacífica y electoral de la crisis política, económica y social que agobia a nuestro país. Aunado a ese valioso proceso interamericano ubicamos al dialogo respaldado por la OEA y bajo las condiciones que fueron establecidas en la Declaración aprobada por el Consejo Permanente de esa Organización en su sesión del pasado 1 de junio. Estamos convencidos que el proceso que se deriva de la Carta Democrática Interamericana, el dialogo auspiciado por la OEA y el Referéndum Revocatorio apalancado por todos los venezolanos se refuerzan mutuamente.
Tenemos pues que la denominada Diplomacia Parlamentaria que emprendimos desde la Asamblea Nacional, los diputados que trabajamos en la Comisión de Política Exterior logramos generar el impacto internacional que nos propusimos. Demostramos que la cohesión de los partidos políticos de oposición fue posible tras armonizar nuestras diferencias doctrinarias, conceptuales y de procedimientos propios de un sistema democrático, en el entendido de que el fin último es el beneficio del Pueblo de Venezuela. Logramos, así mismo, internacionalizar una crisis que en principio era percibida como un problema doméstico que debía ser resuelto solo por los venezolanos. Aunque este aspecto es fundamental, el acompañamiento internacional en general y de la OEA en particular constituye un valioso respaldo a nuestra causa. Por último, desnudamos al régimen frente a la Comunidad Internacional y con ello resquebrajamos aún más la poca credibilidad que le queda en el exterior.
El efecto de ello se evidenció en el voto negativo de la mayoría de las delegaciones contra aquella infame moción de procedimiento del gobierno de Maduro que pedía cancelar la sesión del Consejo Permanente de la OEA solicitada por el Secretario General Luis Almagro. Es importante destacar que la petición del gobierno venezolano fue rechazada por 20 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones.
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