27 DE SEPTIEMBRE 2016 - 12:01 AM
La mayoría determinante y calificada de venezolanos que vota contra el régimen de Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre y luego se expresa como río sin madre en la manifestación del 1° de septiembre ha sido abofeteada por el Poder Electoral.
El disfraz tras el que se ocultan Hugo Chávez y su causahabiente –la inflación de elecciones– a fin de amortiguar las violaciones sistemáticas de derechos humanos y las graves alteraciones constitucionales que se suceden durante sus gobiernos, se les encogió. Dentro de aquel no caben la vida opípara y los latrocinios de los practicantes del marxismo tropical y militarizado que hoy hace presa de Venezuela. De modo que las llamadas “comadres” del Consejo Nacional Electoral, áulicas de la dictadura, lo han dicho sin decirlo: ¡No más elecciones y si se trata del referéndum revocatorio de Maduro, olvídense!
El camino hacia el último, lo ha comentado la prensa internacional, es un campo minado. Las rectoras –Tibisay Lucena a la cabeza– mudan un típico acto comicial de carácter nacional, para ejecutar ahora 24 procesos distintos conforme son 24 las jurisdicciones que integran la república. El tope de recolección de firmas del 20% ha de cumplirse de modo uniforme en todas estas. Lo que da como absurdo –más allá del atentado constitucional y a la sana lógica– que, si 28 millones de 30 millones de venezolanos firman en contra de Maduro y este vence en una sola jurisdicción pequeña y despoblada, permanece en su cargo como jefe del Estado.
No es esto, sin embargo, lo que pretendo destacar. Es probable que hacia sus adentros las rectoras rían su trastada, su acto de viveza, uno más y sin relevancia –creerán ellas– dentro de los muchos que tiran por la borda el orden democrático y el Estado de Derecho en el país, tal y como lo constata la OEA.
La cuestión es que las acciones y omisiones deliberadas del Poder Electoral tienen el propósito de servirle, con eficacia, así sea como una simple tuerca, a la maquinaria criminal, a la asociación ilícita en que han derivado el gobierno y sus poderes fácticos coludidos, como el Tribunal Supremo de Justicia.
A partir de 2004 cuando se instala la nueva etapa: el nuevo mapa estratégico de la revolución, se desata la persecución sistemática de opositores al gobierno. Se les criminaliza por ser opositores y, a no pocos, por ser cabezas del capitalismo local. Los presos políticos se multiplican y no son excepciones los que sufren torturas. Algunos mueren. Y dentro de esa estrategia citada, que se reitera como propósito, hacia 2010, en el texto fundacional del partido de gobierno luego de declararse marxista, consta el objetivo de transformar a la oposición en un colectivo de “muertos civiles”: “El enemigo está ahí. Esto que estoy planteando acá es la continuación de la ofensiva, para impedir que se reorganicen, hablando en términos militares, y si se reorganizaran: para atacarlos y hostigarlos sin descanso”, afirma el propio Chávez.
Pues bien, cuando el inolvidable Francisco Carrasquero ejerce como presidente del CNE, en 2004, la actual rectora Lucena y su jefe inmediato, Jorge Rodríguez, entregan al gobierno el registro de los millones de venezolanos que se les oponen y piden con sus firmas votar por la salida del presidente. De allí surgen las listas Tascón y Maisanta, usadas por el mismo régimen y sus colectivos armados para hostigar, perseguir, remover empleados, negar documentos de identidad, suspender becas, evitar el suministro de alimentos, en fin, bajo un ambiente de terror generalizado, condicionar el ejercicio de las libertades y hasta la supervivencia de los más pobres.
Esta práctica ha vuelto por sus fueros a manos de la ya experimentada Lucena y de sus colegas, pero agravada bajo el cuadro de crisis humanitaria que vive la nación, agónica por la falta de lo vital y por su pánico a la cárcel si manifiesta su desespero o intenta votar.
Lo que no advierten las rectoras electorales es que las prisiones políticas y las torturas sistemáticas, y la hambruna popular por decisión de Estado, que sufren todos nuestros compatriotas por una razón de identidad democrática, constituyen típicos crímenes de lesa humanidad. Y son imprescriptibles. Pero pensará la Lucena, antes bien, que el candado que le ha puesto a la expresión de la soberanía nacional es, en su caso, un mero pecadillo. Se equivoca.
Tengo muy presente el célebre Caso Arancibia, que ocupa mi discurso de ingreso a la academia de Buenos Aires. Narra la situación de un espía, llevador de chismes al servicio de la dictadura chilena. Arancibia es condenado a cadena perpetua, justamente por ser eso, una mínima pieza pero necesaria, útil para la operación y mantenimiento de la asociación ilícita dictatorial y la ejecución de sus crímenes contra la humanidad.
¡Que Dios agarre confesadas a las rectoras!
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