25 DE SEPTIEMBRE 2016 - 12:01 AM
El juego está trancado. No creo que los venezolanos estén sorprendidos ante esta realidad. La verdad, y hay que conocerla, es que a Nicolás Maduro le ha importado muy poco violar la Constitución Nacional, cada vez que le ha convenido, para preservar el poder. Tratemos de analizar algunas de las últimas acciones del régimen para darnos cuenta de su objetivo político. Ante el arrollador triunfo que obtuvo la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, Nicolás Maduro decidió reemplazar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; a unos, que cumplían el período establecido; y a otros, presionándolos para que renunciaran. La anterior Asamblea Nacional, para complacerlo, antes de entregar, violó todas las normas y lapsos legales existentes, designando adeptos al partido de gobierno, sin las condiciones académicas y profesionales exigidas constitucionalmente.
A los pocos días, sin haberse juramentado los nuevos parlamentarios ante la Asamblea Nacional, pero ya con inmunidad parlamentaria por haber sido proclamados por el CNE, según lo establece el artículo 200 constitucional, esos magistrados decidieron “admitir una solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente solicitud cautelar de suspensión de efectos” de la candidata Nicia Marina Maldonado contra los cuatro diputados electos por el estado Amazonas, uno del PSUV y tres de la Mesa de la Unidad Democrática, diputados Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana. Después de seis meses, sin que el CNE hubiese emitido opinión ni el Tribunal Supremo de Justicia sentencia sobre su decisión cautelar, la Asamblea Nacional, soberanamente, decidió juramentarlos.
De inmediato se inició la crisis, ya que el objetivo del régimen siempre ha sido impedir que la oposición tenga mayoría calificada, ya que podría poner en grave riesgo la hegemonía oficialista. El Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 6 de septiembre de 2016, advierte “que las actuaciones de la Asamblea Nacional, desplegadas después de que se declararon en rebeldía, resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulas y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”. La inescrupulosa maniobra continuó. Logró engañar a la MUD, utilizando a Zapatero en lo que llamé, en mi anterior artículo, “La felonía de Maduro”. Buscaba impactar a la opinión pública a objeto de debilitar la protesta en la marcha que se realizaría el 16 de septiembre.
El 13 de septiembre, Nicolás Maduro emitió un nuevo decreto de prórroga del estado de excepción, el 2452, el cual no fue tal prórroga sino otro totalmente diferente, de mayor amplitud y consecuencias. En los considerandos se ratificaron las manipulaciones del Poder Ejecutivo sobre las causas de la grave crisis nacional, repitiendo todas las falacias, que por varios años, han venido señalando engañosamente Nicolás Maduro y los altos dirigentes del PSUV: no es verdad que los anteriores estados de emergencia económica han resuelto en algo la inmensa crisis económica que vive Venezuela, y mucho menos que hayan existido y vayan a ocurrir acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social. Posteriormente, en el último considerando señaló la verdadera razón política del decreto: “El Tribunal Supremo de Justicia declaró la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional por encontrase este órgano legislativo en desacato y en flagrante violación del orden público constitucional”.
En una entrevista en el diario 2001, el doctor José Vicente Haro, un destacado constitucionalista, explicó en cinco puntos los efectos del decreto: “1.- Se instaura una dictadura constitucional en Venezuela, régimen que se establece a través de los estados de excepción, limitando el ejercicio de la democracia. 2.- El Poder Ejecutivo despoja de sus funciones a la Asamblea Nacional que las ejercerá de la forma en que lo considere conveniente. 3.- El presidente Maduro no presentará el presupuesto de 2017 a la Asamblea Nacional. Esa es una de las funciones fundamentales de los parlamentos al ser representantes de la voluntad popular. Esa acción es un fraude constitucional. En este sentido, el Ejecutivo también tomaría las decisiones sobre el tema económico, pudiendo aprobar un endeudamiento del Banco Central, de Pdvsa o de la propia nación, sin intervención parlamentaria. 4.- El Ejecutivo controlará la alimentación, la higiene personal y la salud. 5.- El gobierno nacional podrá confiscar terrenos para la agricultura urbana, limitando en la realidad la propiedad privada, derecho establecido en el artículo 115 de la Constitución Nacional”. En consecuencia, Nicolás Maduro busca consolidar un poder absoluto, al estilo de las dictaduras más emblemáticas de los siglos XIX y XX. El próximo paso fue desconocer por el CNE el derecho del pueblo venezolano de revocar al presidente Maduro, a través del voto, este año 2016.
La Mesa de la Unidad Democrática, los partidos políticos y los venezolanos enfrentaremos, con gran firmeza y valor, las triquiñuelas con las cuales pretende Nicolás Maduro sostenerse ilegítimamente en el poder. Las declaraciones de Jesús “Chúo” Torrealba me agradaron. Declarar, sin una importante reflexión y discusión con los más importantes factores de la oposición, hubiera sido una grave equivocación. Me imagino que el próximo lunes la MUD orientará a los venezolanos indicándoles las acciones populares que debemos realizar. No será fácil, pero estoy seguro de que es posible derrotar al gobierno de Maduro. Las acciones no las conozco. Me imagino que lucharemos en todos los frentes de lo que significa una protesta popular… Hay otro factor que se debe tomar en cuenta: la Fuerza Armada Nacional. Los sectores democráticos deben establecer un constructivo mensaje, de sentido institucional, en el cual se planteen los elementos fundamentales de una política militar que le dé a la mayoría de sus integrantes esperanza y fe de un futuro diferente a la tragedia que viven todos los venezolanos, civiles y militares. Hay que hacerles ver, porque es la verdad, que un grupo de oficiales de una generación determinada, por sus desviaciones y ambiciones, comprometió el prestigio y el honor de la Institución Armada, al vincularse ideológicamente a un régimen corrupto e ineficiente, en detrimento de sus deberes constitucionales. Esta situación debe ser revertida para beneficio de la Fuerza Armada en particular y de Venezuela en general. Adelante, continuemos en la lucha con la certeza de que la democracia volverá a imperar en nuestra patria…
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