Editorial El Nacional
Es muy de los regímenes totalitarios, y el chavismo y su rabo de paja se apegan a este libreto, pretender tapar el sol con un dedo y pensar que pueden, mediante campañas basadas en las ideas que fundamentaron la propaganda nazi –repetir mentiras hasta la saciedad para transformarlas en verdades (argumentum ad nauseam)– y modelar una realidad inverosímil (proceso que publicitan como “refundación de la República”), copia al carbón del mar de la felicidad de inspiración cubana que prometen para embaucar irredentos.
El chavismo y su secuela –resulta cuesta arriba llamarla madurismo porque nihil novi sub sole– han refinado esta práctica, haciendo de la opacidad, la tergiversación, el maniqueísmo, la exclusión y la mentira soportes de una política informativa apoyada, también y sobre todo, en un monopolio mediático y reglamentaciones restrictivas e inconstitucionales, que obstaculizan el desempeño de la prensa independiente.
Para ser más efectiva su estrategia comunicacional, el Ejecutivo cuenta con un ente censor, Conatel, y la irrestricta sumisión del tribunal supremo de (in)justicia, instancia que es vergüenza nacional, raya internacional y prueba fehaciente de que a Venezuela la administra una dictadura orgánicamente menos civil que militar.
Si no fuese por el ensañamiento contra comunicadores espontáneos, que cuelgan sus testimonios en Internet, y periodistas profesionales que se las apañan para filtrar verdades que incomodan a Maduro, podríamos hasta reírnos de muchos de su despropósitos –como la “detención”, hace unos tres meses, de dos asnos con los que un grupo de opositores se hizo a la calle pidiendo la renuncia del “más burro”–; pero la brutalidad impide tales desahogos.
Y es que el oficialismo ha decidido ocultar a toda costa sus recurrentes ignominias tras un black out noticioso. Ahora se persigue a quienes, con la cámara de oficio del reportero gráfico o el celular inteligente de ocasionales testigos de una tropelía perpetrada por los cuerpos represivos (supuestamente del “Estado”, pero que, al igual que patriotas cooperantes, pandillas, colectivos y piquetes paramilitares, cumplen a pie juntillas las órdenes emanadas de Miraflores, Fuerte Tiuna y La Habana), suministran imágenes del desmadre vernáculo que circulan por las redes sociales y multiplican por miles el poder de las palabras.
El oficialismo aprendió de los gringos, a quienes insultan y descalifican al por mayor, que “lo que no se ve en TV no existe”; pero, a su control del espectro televisual, escapan las cableoperadoras.
Por eso supimos, sin que nos lo contaran, lo acaecido en Villa Rosa y vimos el video publicitario de Primero Justicia. Por eso está preso Braulio Jatar. Y lo están asimismo Marcos Trejo, César Cuéllar y James Mathison, todos profesionales de la comunicación.
Son prisioneros políticos en una nación donde expresarse es delinquir, gracias a la retorcida interpretación que los socialistas del siglo XXI hacen del artículo 58 de la carta magna –una Constitución pensada para ser vulnerada sin contemplaciones por su principal animador, que la llamó “bicha”–, en la que se estipula el derecho a la información veraz. ¿Y qué importa? Para Maduro y su comandita vivimos en el país de Jauja… ¿o de Jaua?
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