1 DE NOVIEMBRE 2016 - 12:01 AM
“Organizaciones internacionales y muchos Estados del planeta hablan de crisis humanitaria en Venezuela y de violación de derechos humanos elementales. Las encuestas señalan que 94% de la población dice que el país está muy mal y que más de 70% está a favor del revocatorio al presidente de la República. Venezuela es una olla de presión con las válvulas tapadas. La situación no solo es insostenible, es insoportable”. Este párrafo corresponde a un texto que sin duda pasará a ser histórico en Venezuela.
La Compañía de Jesús dio a conocer a inicios de octubre el documento “Los jesuitas ante los desafíos del país”. No se trata de la posición de un sector de la congregación, tampoco es el punto de vista personal de alguno de los calificados jesuitas venezolanos. Es un documento colectivo de gran significación, que puede leerse en la web http://elucabista.com y lo traemos a colación porque, si bien fue dado a conocer a inicios de octubre, coloca la imagen de lo que vendría a ratificar el régimen de Nicolás Maduro el 20 de octubre.
En medio de una situación de descontento y malestar, una verdadera olla de presión social, la respuesta oficial fue tapar las válvulas, al cerrar la posibilidad de que se celebrara el referendo revocatorio. Esta consulta podía ser, sin lugar a dudas, una vía constitucional, electoral y democrática para pasar a un nuevo escenario en la vida nacional.
La fecha del 20 de octubre, ahora, deberá ser recordada como el día en que el chavismo finiquitó el último vestigio democrático en el país, al anular el derecho a las elecciones. Esa decisión debió tomarse con antelación pero se terminó de concretar ese 20 de octubre en Venezuela.
Cayó la última condición que ubicaba al chavismo como un autoritarismo electoral, una definición contemporánea con bastante aceptación. Ahora es un autoritarismo a secas, ya que la decisión del chavismo ha sido dejar en el limbo la celebración de elecciones, que perdería ampliamente según todas las encuestas, y con esa decisión cerró la puerta a una transición política democrática y pacífica. Al menos por ahora.
Cinco tribunales regionales, de carácter penal (sin competencia sobre el ámbito electoral), anunciaron al unísono lo que ya era esperado por millones de venezolanos: el régimen de Nicolás Maduro le cerró el paso al referendo revocatorio, en un momento en que tres de cada cuatro venezolanos, según la firma Datanálisis, votaría por recortar su mandato para que deje la presidencia este año.
Dinamitar el puente que le brindaba una salida democrática del poder, como lo era el referendo revocatorio y dejarlo en el limbo, sin fecha de realización ni en 2016 ni en 2017 no es una decisión aislada. Dos días antes de las acciones judiciales, cuyas sentencias no difundieron los jueces sino los gobernadores chavistas de los cinco estados (provincias), ya el Consejo Nacional Electoral había diferido, sin explicación alguna, las elecciones regionales para el año próximo, pese a que constitucionalmente correspondían a este diciembre de 2016.
Venezuela es, y que nadie lo dude, una olla de presión como bien lo han dicho los jesuitas con las válvulas tapadas. La posibilidad de sacarle presión a la olla se cerró al anular el revocatorio. El escenario de un estallido cobra vigencia, lamentablemente.
Justificadamente la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) e importantes organizaciones defensoras de derechos humanos, como es el caso de Provea, han denunciado que el 20 de octubre ocurrió en Venezuela un golpe de Estado.
Visto en retrospectiva, el tiempo transcurrido en este 2016, se sumaron en Venezuela diversas señales de que el chavismo terminaría saltándose el marco constitucional.
El Poder Ejecutivo, con Maduro a la cabeza, se ha apoyado en los magistrados del Tribunal Supremo, que designó sin cumplir con las credenciales que establece la Constitución para esa tarea. También encontró Maduro una alianza clave en cuatro rectoras del Poder Electoral, las cuales han aplastado al rector independiente para imponer una agenda no constitucional ni democrática.
El TSJ ha dictado más de dos docenas de sentencias, en apenas siete meses, entre enero y julio de este año, para dejar sin efecto las decisiones de la Asamblea Nacional. La última decisión tomada por el TSJ, que echó a un lado la letra constitucional, le dio potestad a Maduro para saltarse la presentación y discusión del presupuesto de la nación en el seno del Parlamento. Dentro de tantos hechos es este posiblemente uno de los peores registros del chavismo en la desinstitucionalización que vive Venezuela.
También parece Maduro prepararse para esta nueva etapa en el plano discursivo. Por ejemplo, ya ha comenzado a decir que su gobierno en Venezuela es una dicta-pueblo, en lugar de dictadura, en clara referencia al carácter que ahora toma su régimen.
¿Qué pasará en Venezuela ahora? No hay una respuesta cierta. El país camina sobre la incertidumbre.
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