La propiedad es un derecho fundamental de los seres humanos que abarca tanto la adquisición de los bienes materiales como la potestad que tiene cada individuo de decidir lo que quiere hacer con su vida, como bien lo señala Jhon Locke, uno de los teóricos citados por Isabel Pereira en su libro Por un país de propietarios.
El Centro de Divulgaciones del Conocimiento Económico (Cedice) presentó el jueves de la semana pasada, en el auditorio de El Nacional, una propuesta que busca lograr un cambio mediante un nuevo contrato social, protagonizado por la propia ciudadanía, en vez de estar bajo el control del Poder Ejecutivo, como ha sido desde la estatización de la industria petrolera. Sin embargo, lejos del lugar común “la culpa es del petróleo”, Pereira plantea un panorama viable en el que los venezolanos sean los responsables del manejo de estas empresas.
La paradoja recae en la Constitución actual: el artículo 115 defiende la propiedad privada, pero más adelante establece que las verdaderas riquezas del país solo pueden ser manejadas por el Estado, lo que conlleva a la creación de un “Estado patrimonialista”. Pereira precisa que esta situación ha generado una desigual distribución del poder: el Ejecutivo es el dueño de la renta y la distribuye a su juicio.
“El botín de guerra permite ejercer control: designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, declarar en desacato a la Asamblea Nacional y retirar los recursos a las instituciones que no sigan esa línea de pensamiento. Nuestro interés es que la gente conozca la importancia de esa desigualdad política que impide que en Venezuela se instale el Estado de derecho”.
¿Cómo pasar de un Estado propietario a un país de propietarios?
La magnitud actual del tesoro público limita la inversión de los ciudadanos. La ineptitud de la gerencia del gobierno ha conllevado a la fractura de las industrias básicas. Un ejemplo es Sidor, que actualmente no puede ni pagar la nómina de sus trabajadores con los ingresos que genera. La pregunta es ¿por qué quiebran estas empresas una vez que han sido estatizadas?
Actualmente, la ciudadanía no cuenta con los recursos para tomar las riendas de dichas industrias, por lo que es necesario encontrar un “mecanismo más rentable y socialmente más justo que enfrente a un modelo que lo único que hace es apropiarse de todo” y recibir el apoyo estratégico y tecnológico de compañías extranjeras especializadas en esas áreas de producción, explica Pereira.
Consolidación e importancia de la clase media
Uno de los factores más importante con los que cuenta el país es la amplia clase media que se ha ido construyendo y que, a pesar de ser una de las más golpeadas en los últimos años, es capaz de aportar su trabajo en los procesos de creación de riqueza. Además de la libertad de la que goza al no estar atada a una propiedad rígida, por lo que sus integrantes son capaces de aprovechar las transformaciones que surgen de las crisis.
La clase media aumenta cuando se incrementan las posibilidades de desarrollo y los niveles de empleo. Ella representa a los grupos emergentes con deseos de propiedad. Para alcanzar esta meta (por ejemplo, comprarse una casa o un carro) acude a las universidades, se forma y se integra al campo laboral. Aunque no todos tienen la paciencia de cursar una carrera de cinco años, he allí la importancia de la educación técnica: contribuye a la especialización de la población.
En palabras de la autora, la única manera transformar al país es entender que existe una dictadura institucional, donde no hay autonomía de poderes y los derechos ciudadanos no son garantizados por los entes que, en teoría, deberían hacerlo.
Los partidos de oposición han buscado crear nuevas políticas públicas, aunque estas son soluciones instrumentales, mas no propiamente políticas. Es necesario que expliquen cómo se acaba el predominio del Estado patrimonialista y cómo se reorientan sus funciones al beneficio de los ciudadanos, en vez de limitar la libertad e imponer un modelo colectivo fracasado. Sobre este asunto, la autora hace hincapié en la expropiación no solo de empresas, sino de la potencialidad del ciudadano para configurar su proyecto de vida.
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