Pedro Luis Echeverria
Preocupa cómo la intolerancia y la violencia irracional, utilizados como instrumentos de acción política, están gravitando en el clima político del país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza que se suceden cuando los grupos irregulares, al servicio y con la complicidad del gobierno, atacan impunemente y con vesania a grupos de opositores que legítima y democráticamente protestan por el caudal de errores y omisiones del régimen. Es el caso reciente del cobarde y artero ataque, por parte de estos grupos, que recibió la alcaldesa encargada de la Alcaldía Metropolitana, Helen Fernández.
Cuando se aproximan las fechas para la eventual realización de eventos electorales contemplados por la Constitución, se percibe una mayor polarización y tensión social cuyos rasgos fundamentales evidencian el endurecimiento del contenido del discurso político gubernamental que acentúa las diferencias; las acciones violentas e ilegales de los grupos de apoyo al gobierno, que son realizadas con la complicidad de las autoridades y exacerbadas por la dirigencia “madurista” y; la disposición de los grupos opositores a realizar acciones de calle con mayor decisión y audacia, compelidos por la actitud gubernamental de no dar espacios para el debate y el entendimiento sobre el futuro del país y de cada uno de los venezolanos.
Los tiempos que se avecinan estarán signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. El Estado se ha convertido en el promotor de la violencia discursiva, de la violencia social y de la violencia política. En efecto, el aprovechamiento por parte del gobierno del comportamiento irracional de las masas fundamentado en la mentira, la intolerancia, la compra de conciencias y en el odio de clases, es una de las estrategias que ha venido siendo utilizada por el régimen y sus seguidores para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores. Igualmente, la violencia institucional del gobierno al pretender, por una parte, imponer, sin haber dado cumplimiento a las exigencias constitucionales y sin la apertura de espacios para el diálogo y la concertación, un modelo de sociedad autoritario, excluyente y antidemocrático; y, por la otra, el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos. A pesar de los llamados pacifistas de la dirigencia opositora, la violencia que podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno sería un acto de legítima defensa ante el arrinconamiento y las acciones políticas de provocación de las que son objeto.
La sociedad venezolana no puede permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición y prosiga en el descabellado empeño de imponer un modelo de sociedad concebido para hacer a todos los ciudadanos vasallos del Estado.
La oposición transita una ruta pacífica, respetando las normas democráticas ha formulado planteamientos y opciones al país que no han sido respetados por los poderes públicos y el aquelarre maduro-chavista. Es deber y responsabilidad del régimen, tomar las acciones necesarias que eviten llevar al país por un sendero de inútiles enfrentamientos fratricidas.
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