RICARDO GIL OTAIZA | EL UNIVERSAL
jueves 21 de julio de 2011 11:37 AM
Antes de marcharse a Cuba para comenzar su quimioterapia, el presidente Chávez exhortó al Poder Judicial "a otorgarle una medida cautelar a aquellos ciudadanos llamados presos políticos, que han demostrado tener alguna enfermedad grave". Luego agregó: "en el país no existen presos políticos sino políticos presos". Sin duda, esta decisión y estas palabras requieren una reflexión, sobre todo en esta hora menguada que vive el país ante la incertidumbre política generada por la súbita enfermedad del Presidente, y por el deterioro institucional del que somos víctimas en los últimos tiempos.
Sin ánimos de pretender aquí un análisis filológico del discurso de Chávez, ni de buscarle otras patas al gato, de entrada el "exhorto" dado al Poder Judicial deja en evidencia la grosera intromisión del Ejecutivo en los pareceres y decisiones de los otros poderes públicos, que en toda democracia moderna se precian de su total independencia de criterio. El solo hecho de "exhortar", que implica según el DRAE "Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo", es razón suficiente para asumir que en Venezuela la justicia es un remedo, una pantomima, una farsa montada para hacer aparentar ante el país y mundo lo que no existe. En toda sociedad civilizada a los presos (de cualquier naturaleza) se les otorga un trato conteste a su condición humana. Si en verdad aquí hubiese un Poder Judicial autónomo, los presos afectados por diversas enfermedades recibirían a tiempo la atención médica especializada y no se requeriría el que organismos internacionales y personalidades influyentes tengan que elevar su voz de protesta ante la violación de los más elementales derechos. Los casos de Forero, Peña Esclusa y de la jueza Afiuni, afectados en su salud, son el mentís rotundo a una independencia de criterio del Poder Judicial, porque de lo contrario desde hace tiempo se les hubiese prestado la atención médica necesaria, sin más argumentos que el respeto a los derechos humanos a que están obligados los estados democráticos. Un Poder Judicial autónomo no requiere de exhortos por parte del Presidente (ni de ningún otro funcionario), por la sencilla razón de que sus decisiones son soberanas y apegadas a las leyes.
El juego de palabras utilizado por el Presidente, en cuanto a que aquí no hay presos políticos sino políticos presos, es prueba contundente de que la ambivalencia que conlleva el cambio en el orden de los vocablos, forma parte de una pésima estratagema lingüística, que busca restar fuerza y sentido a una realidad política inaceptable: la privación de la libertad personal por el mero ejercicio del pensamiento político contrario. Casos como el de Oswaldo Álvarez Paz, que se ha hecho emblemático en los últimos meses, deberían ser motivo de gran preocupación para una sociedad libre, que busca por la vía de la confrontación de las ideas y del juego democrático, el develar los claroscuros en el ejercicio de las funciones públicas, para hacerlas inteligibles a todos los ciudadanos.
Al aceptar el Presidente la existencia de "políticos presos", busca desviar la atención de todos en cuanto a las razones por las cuales esas personas —que son políticas— han sido privadas de su libertad. A todas luces trata de hacer ver que no es por razones de tipo políticas, sino por otras, que lógicamente entran en el complejo campo de la jurisprudencia y que son atendidas (y entendidas) como la resultante de delitos de diversa naturaleza. No podemos olvidar en este punto los casos de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, quienes están en la cuerda floja (el primero inhabilitado políticamente y el segundo a la espera de una nueva decisión por parte del TSJ que aceptó un antejuicio de mérito en su contra), que se supone responden a sus posiciones políticas. En todo caso, se acepta en nuestro ámbito la existencia de lo que muchos califican como "delitos de opinión": mecanismo perverso a través del cual se busca acallar las voces disidentes al Gobierno.
Lamentamos el que al presidente Hugo Chávez, ahora que se ve aquejado por una grave enfermedad, es que se le azuzan en su interior los sentimientos humanitarios para con los presos enfermos, e intente desde su propia angustia existencial comprender a los otros. Tiempo hace que los medios nacionales e internacionales vienen alertando y abogando por un trato digno a los presos en Venezuela. Ojalá no sea para ellos —y para el propio Presidente— demasiado tarde.
Sin ánimos de pretender aquí un análisis filológico del discurso de Chávez, ni de buscarle otras patas al gato, de entrada el "exhorto" dado al Poder Judicial deja en evidencia la grosera intromisión del Ejecutivo en los pareceres y decisiones de los otros poderes públicos, que en toda democracia moderna se precian de su total independencia de criterio. El solo hecho de "exhortar", que implica según el DRAE "Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo", es razón suficiente para asumir que en Venezuela la justicia es un remedo, una pantomima, una farsa montada para hacer aparentar ante el país y mundo lo que no existe. En toda sociedad civilizada a los presos (de cualquier naturaleza) se les otorga un trato conteste a su condición humana. Si en verdad aquí hubiese un Poder Judicial autónomo, los presos afectados por diversas enfermedades recibirían a tiempo la atención médica especializada y no se requeriría el que organismos internacionales y personalidades influyentes tengan que elevar su voz de protesta ante la violación de los más elementales derechos. Los casos de Forero, Peña Esclusa y de la jueza Afiuni, afectados en su salud, son el mentís rotundo a una independencia de criterio del Poder Judicial, porque de lo contrario desde hace tiempo se les hubiese prestado la atención médica necesaria, sin más argumentos que el respeto a los derechos humanos a que están obligados los estados democráticos. Un Poder Judicial autónomo no requiere de exhortos por parte del Presidente (ni de ningún otro funcionario), por la sencilla razón de que sus decisiones son soberanas y apegadas a las leyes.
El juego de palabras utilizado por el Presidente, en cuanto a que aquí no hay presos políticos sino políticos presos, es prueba contundente de que la ambivalencia que conlleva el cambio en el orden de los vocablos, forma parte de una pésima estratagema lingüística, que busca restar fuerza y sentido a una realidad política inaceptable: la privación de la libertad personal por el mero ejercicio del pensamiento político contrario. Casos como el de Oswaldo Álvarez Paz, que se ha hecho emblemático en los últimos meses, deberían ser motivo de gran preocupación para una sociedad libre, que busca por la vía de la confrontación de las ideas y del juego democrático, el develar los claroscuros en el ejercicio de las funciones públicas, para hacerlas inteligibles a todos los ciudadanos.
Al aceptar el Presidente la existencia de "políticos presos", busca desviar la atención de todos en cuanto a las razones por las cuales esas personas —que son políticas— han sido privadas de su libertad. A todas luces trata de hacer ver que no es por razones de tipo políticas, sino por otras, que lógicamente entran en el complejo campo de la jurisprudencia y que son atendidas (y entendidas) como la resultante de delitos de diversa naturaleza. No podemos olvidar en este punto los casos de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski, quienes están en la cuerda floja (el primero inhabilitado políticamente y el segundo a la espera de una nueva decisión por parte del TSJ que aceptó un antejuicio de mérito en su contra), que se supone responden a sus posiciones políticas. En todo caso, se acepta en nuestro ámbito la existencia de lo que muchos califican como "delitos de opinión": mecanismo perverso a través del cual se busca acallar las voces disidentes al Gobierno.
Lamentamos el que al presidente Hugo Chávez, ahora que se ve aquejado por una grave enfermedad, es que se le azuzan en su interior los sentimientos humanitarios para con los presos enfermos, e intente desde su propia angustia existencial comprender a los otros. Tiempo hace que los medios nacionales e internacionales vienen alertando y abogando por un trato digno a los presos en Venezuela. Ojalá no sea para ellos —y para el propio Presidente— demasiado tarde.
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