EL UNIVERSAL
viernes 14 de marzo de 2014 04:14 PM
Cámaras de Comercio de Caracas, Valencia, Cumaná, Carúpano, Municipio Valdez, Mérida, Puerto Cabello y Vargas se pronuncian ante la situación del país
1. La actual situación de conflictividad social es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas. El socialismo del siglo XXI ha sembrado odio, división y resentimiento, sin resolver y agravar la inseguridad ciudadana, inflación y escasez. Paulatinamente ha construido un clima de impunidad y totalitarismo que ha desvirtuado las válvulas institucionales, hasta obligar a muchos ciudadanos a participar en protestas pacíficas, porque no encuentra ningún otro camino para hacerse oír.
2. Rechazamos la violencia como medio para dirimir las diferencias y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle. Rechazamos el abandono de garantías y derechos constitucionales a los detenidos por participar en manifestaciones. Exhortamos al respeto incondicional de los derechos humanos, el respeto a la vida, el debido proceso y el uso de medios lícitos y de aceptación universal para controlar manifestaciones públicas. Rechazamos categóricamente la tortura y tratos degradantes.
3. El derecho a manifestar tiene rango constitucional. Es un mecanismo pacífico y democrático para llamar la atención del gobierno y exigirle rectificación y diálogo. La sociedad venezolana exige un ambiente político sin odios ni exclusiones, una economía que permita realizar los sueños de prosperidad de cada uno, y condiciones de seguridad ciudadana que permitan pensar que la vida es una expectativa confiable y no un resultado azaroso.
4. El gobierno debe atender el clamor social y disponerse al diálogo para la rectificación, con agenda y condiciones de participación previamente acordadas, en las que el reconocimiento y el respeto estén plenamente garantizados. Un diálogo respetuoso y sereno no es la oportunidad para que el gobierno demuestre una posición de dominio. Todo lo contrario, es el gobierno quien está obligado a dar señales de rectificación y compromiso con la paz. En tal sentido debe resolverse previamente, y como señal de buena voluntad, la liberación de todos los jóvenes y estudiantes presos, y con ellos una agenda de liberación de los presos políticos. El diálogo nunca será fructífero si se mantienen las condiciones de injusticia que ha sido motivo de las protestas ciudadanas.
5. El diálogo social, para ser productivo tiene que generar soluciones y construir compromisos para el cambio. La inseguridad ciudadana tiene que atacarse en sus causas. El gobierno debe comprometerse a combatir la impunidad, trabajar para restablecer el estado de derecho y construir una agenda verificable para el desarme de los grupos paramilitares y unidades de batalla socialistas que actúan al margen de la constitución.
6. El gobierno ha promovido la ruina social a través de una economía socialista. Los controles de divisas, costos, precios y utilidades y una legislación laboral inconsulta han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo. La crisis económica se ha gestado por malas decisiones y la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de cada ciudadano. El desabastecimiento es el resultado del colapso del control cambiario y la negación sistemática de la libertad de empresa; su cerco a través de leyes, reglamentos, normas y disposiciones han agotado los inventarios de las empresas. Estamos viviendo el colapso de la economía, y esto es lo que ha provocado insatisfacción social y los problemas de gobernabilidad que hoy sufrimos todos los venezolanos. Por la escasez y la inflación protestan hoy los ciudadanos venezolanos en todo el país.
7. Preocupa que el gobierno ni rectifique ni muestre el sentido de urgencia que exige la crisis que vivimos. Es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas, como que 5 ciudades venezolanas se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo; y que la inseguridad económica ha colocado a Venezuela como uno de los 2 países con mayor tasa de inflación en el mundo; que la vida se ha vuelto insufrible gracias a la ineficiencia e interrupción continua de la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos exigen, por ejemplo, calidad en el suministro de la electricidad, agua y gas. Los venezolanos quieren rectificación para vivir civilizadamente con buenos servicios, sin colas, sin racionamientos y sin corrupción.
8. Estamos convencidos que si el modelo económico y social previsto en el Plan de la patria no se rectifica en sus premisas, provocará inexorablemente la destrucción vertiginosa de lo que queda del aparato productivo nacional y consiguientemente la destrucción de las fuentes de empleo. El gobierno debe acatar el mandato constitucional que establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras, y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Sin empresa privada no es posible pretender empleos productivos, pero tampoco es posible vivir en libertad. El Plan de la patria no puede ser la bitácora para destruir la economía, desestabilizar la sociedad y desmantelar la constitución.
9. Hacemos un llamado al gobierno para que tome debida nota de lo que planteamos. La paz y el progreso solo se pueden lograr transitando el camino de la justicia y la plena vigencia del estado de derecho.
A los catorce días del mes de marzo de 2014.
1. La actual situación de conflictividad social es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas. El socialismo del siglo XXI ha sembrado odio, división y resentimiento, sin resolver y agravar la inseguridad ciudadana, inflación y escasez. Paulatinamente ha construido un clima de impunidad y totalitarismo que ha desvirtuado las válvulas institucionales, hasta obligar a muchos ciudadanos a participar en protestas pacíficas, porque no encuentra ningún otro camino para hacerse oír.
2. Rechazamos la violencia como medio para dirimir las diferencias y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle. Rechazamos el abandono de garantías y derechos constitucionales a los detenidos por participar en manifestaciones. Exhortamos al respeto incondicional de los derechos humanos, el respeto a la vida, el debido proceso y el uso de medios lícitos y de aceptación universal para controlar manifestaciones públicas. Rechazamos categóricamente la tortura y tratos degradantes.
3. El derecho a manifestar tiene rango constitucional. Es un mecanismo pacífico y democrático para llamar la atención del gobierno y exigirle rectificación y diálogo. La sociedad venezolana exige un ambiente político sin odios ni exclusiones, una economía que permita realizar los sueños de prosperidad de cada uno, y condiciones de seguridad ciudadana que permitan pensar que la vida es una expectativa confiable y no un resultado azaroso.
4. El gobierno debe atender el clamor social y disponerse al diálogo para la rectificación, con agenda y condiciones de participación previamente acordadas, en las que el reconocimiento y el respeto estén plenamente garantizados. Un diálogo respetuoso y sereno no es la oportunidad para que el gobierno demuestre una posición de dominio. Todo lo contrario, es el gobierno quien está obligado a dar señales de rectificación y compromiso con la paz. En tal sentido debe resolverse previamente, y como señal de buena voluntad, la liberación de todos los jóvenes y estudiantes presos, y con ellos una agenda de liberación de los presos políticos. El diálogo nunca será fructífero si se mantienen las condiciones de injusticia que ha sido motivo de las protestas ciudadanas.
5. El diálogo social, para ser productivo tiene que generar soluciones y construir compromisos para el cambio. La inseguridad ciudadana tiene que atacarse en sus causas. El gobierno debe comprometerse a combatir la impunidad, trabajar para restablecer el estado de derecho y construir una agenda verificable para el desarme de los grupos paramilitares y unidades de batalla socialistas que actúan al margen de la constitución.
6. El gobierno ha promovido la ruina social a través de una economía socialista. Los controles de divisas, costos, precios y utilidades y una legislación laboral inconsulta han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo. La crisis económica se ha gestado por malas decisiones y la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de cada ciudadano. El desabastecimiento es el resultado del colapso del control cambiario y la negación sistemática de la libertad de empresa; su cerco a través de leyes, reglamentos, normas y disposiciones han agotado los inventarios de las empresas. Estamos viviendo el colapso de la economía, y esto es lo que ha provocado insatisfacción social y los problemas de gobernabilidad que hoy sufrimos todos los venezolanos. Por la escasez y la inflación protestan hoy los ciudadanos venezolanos en todo el país.
7. Preocupa que el gobierno ni rectifique ni muestre el sentido de urgencia que exige la crisis que vivimos. Es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas, como que 5 ciudades venezolanas se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo; y que la inseguridad económica ha colocado a Venezuela como uno de los 2 países con mayor tasa de inflación en el mundo; que la vida se ha vuelto insufrible gracias a la ineficiencia e interrupción continua de la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos exigen, por ejemplo, calidad en el suministro de la electricidad, agua y gas. Los venezolanos quieren rectificación para vivir civilizadamente con buenos servicios, sin colas, sin racionamientos y sin corrupción.
8. Estamos convencidos que si el modelo económico y social previsto en el Plan de la patria no se rectifica en sus premisas, provocará inexorablemente la destrucción vertiginosa de lo que queda del aparato productivo nacional y consiguientemente la destrucción de las fuentes de empleo. El gobierno debe acatar el mandato constitucional que establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras, y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Sin empresa privada no es posible pretender empleos productivos, pero tampoco es posible vivir en libertad. El Plan de la patria no puede ser la bitácora para destruir la economía, desestabilizar la sociedad y desmantelar la constitución.
9. Hacemos un llamado al gobierno para que tome debida nota de lo que planteamos. La paz y el progreso solo se pueden lograr transitando el camino de la justicia y la plena vigencia del estado de derecho.
A los catorce días del mes de marzo de 2014.
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