30 DE MARZO 2016 - 12:01 AM
Con ocasión del reciente crimen terrorista ocurrido en Bélgica, el precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump dijo que establecería para los sospechosos de estar involucrados en este tipo de hechos la aplicación del “waterboarding” (ahogamiento simulado al verter agua sobre el rostro cubierto con una tela para provocar asfixia al detenido).
La declaración la hizo momentos después de haberse ejecutado el terrible atentado y en cuenta de la captura inmediata del que se presumía tercer sospechoso de los terroristas captados por las cámaras de seguridad del aeropuerto.
El análisis de estas declaraciones en un grupo común de personas arroja algunas posiciones de apoyo a semejante opinión con expresiones cargadas de la indignación que obviamente produce esta atrocidad criminal y también con la búsqueda del convencimiento de quien no las comparte, asidos del argumento emocional sobre qué sentiría el disidente si la víctima fuere un familiar. Sin embargo, para ello no hay que plantearse el crimen terrorista, pues la referida hipótesis aplicaría por igual al crimen individual que también tiene dolientes.
Aparte la cuestión moral, desde el punto de vista del derecho, la tortura al igual que las penas infamantes se encuentran prohibidas, no solo en general por los ordenamientos internos de los países, sino por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De manera que tal declaración amparada en el derecho a la libertad de expresión repugna cuando proviene no de un ciudadano común sino de quien pretende ocupar el máximo cargo ejecutivo de un país, y que como tal debe someterse a la ley. No es solo una opinión personal, sino un aviso de que el candidato carecería del sentido de subordinación al ordenamiento que el Estado de Derecho exige para aquellos a quienes se ha de confiar el ejercicio temporal del poder público.
Esta máxima esencial del Estado de Derecho pronto llevó al declarante a corregirse en su posición señalando que: “Está claro que como presidente” estaría “atado a las leyes, simplemente como todos los estadounidenses”, y que por tanto no “ordenará al Ejército estadounidense violar las leyes” y que utilizará todo su “poder legal para detener a esos enemigos terroristas”. Reconoce que los Estados y sus agentes se encuentran en tal sentido atados a leyes y tratados y no le está dado a presidente alguno pedir al “ejército u otros responsables que violen la ley”.
Y es que la tortura es no solo es una violación de los derechos humanos sino que constituye un crimen de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma en el que se califica en efecto como tal la tortura, la cual se define “como el dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control”.
Adicionalmente, debe señalarse que, como todo en la modernidad, los errores y problemas actuales no se resuelven volviendo a las ejecutorias del pasado, es el camino más fácil pero el menos civilizado. ¿Se justificaría así también la castración del violador, la amputación del ladrón, la lapidación de los adúlteros, la quema de los herejes, entre muchos otros ejemplos?
Las fallas del sistema policial de prevención de este tipo de hechos o del aparato de justicia no pueden dar lugar a una vuelta a la barbarie, para eso la ciencia y la tecnología se han de poner al servicio del Estado y de los responsables de conseguir estos objetivos a satisfacción. Los métodos policiales de interrogatorio y de investigación han venido desarrollando técnicas que hacen totalmente innecesario el uso de estos mecanismos contrarios a la dignidad humana y que conllevan un exceso que termina afectando incluso a personas inocentes.
Por cierto, el sospechoso candidato a la que sería según el declarante una merecida tortura, fue liberado horas más tarde por la policía, quien tuvo que reconocer públicamente que se había equivocado al informar que se trataba del tercer terrorista, atrapado, sí, días después.
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