La firma británica Jane’s Information Group, publicó ayer en su IHS Jane’s Intelligence Weekly, un informe sobre la situación de violencia criminal que se ha propagado en Venezuela en los últimos años, con el surgimiento de mega bandas criminales (+ de 50 miembros) que retan de manera directa al poder del estado en muchas regiones de Venezuela. Titulado en inglés “Massive shanty town massacre in Venezuela underlines domestic gangs’ improved weaponry and capability to stage co-ordinated attacks” (en inglés, mediante pago) y elaborado por Diego Moya-Ocampo, se lo traemos completo en traducción libre del inglés por lapatilla.com. Concluyen que la situación seguirá deteriorándose en el término de un año.
Los análisis de IHS Jans’s se especializan en cuestiones internacionales de seguridad, la estabilidad de los Estados, el terrorismo, la insurgencia, los conflictos en curso en el mundo, el crimen organizado y la proliferación de armas.
Lea a continuación el informe
Matanza masiva en los barrios pobres de Venezuela debido a un armamento mejorado y capacidad de las bandas para realizar ataques coordinados
23 de Mar el año 2016 /IHS Economía y Riesgo País
Varios eventos de alto nivel de violencia relacionada con las pandillas siguen aumentando en Caracas y otros centros urbanos, aumenta la amenaza para el fracaso del Estado y el aumento del tráfico de drogas.
La perspectiva de IHS
Significado
Según informes, al menos 10 personas murieron en la parroquia local de El Valle, en el municipio Libertador de Caracas el 21 de marzo, durante un enfrentamiento entre bandas locales por el control de las zonas de tráfico de drogas. Tres bandas locales se reunieron, cerca de 150 miembros de 17-19 años de edad y tomaron el control total de la barriada de Cerro Verde utilizando rifles de asalto AR-15 , pistolas de 9 milímetros y granadas.
Trascendencia
Las malas condiciones socioeconómicas y una respuesta débil del gobierno han permitido el fortalecimiento de las bandas nacionales, lo que plantea un desafío directo a la autoridad del Estado en muchas áreas. Esta es la consecuencia de una política fallida de tolerancia hacia las bandas criminales la cual les permite la oportunidad de aumentar su tamaño, su red y capacidades. En particular, esto plantea una amenaza masiva a las fuerzas de seguridad (que han sido objeto de robos para despojarlos de sus armas o de venganza) y seguridad privada (empresas de protección y diplomáticos), que no podrían soportar un ataque sorpresa por una banda fuertemente armada de 150 personas, con fusiles de asalto y granadas, como el que dirige la banda que controla el barrio de Cerro Verde. Ello muy difícil de resistir.
Panorama
La situación continuará deteriorándose durante el año ya que las autoridades gubernamentales no están abordando el origen de la delincuencia y la violencia, que incluyen la desigualdad de ingresos, instituciones débiles, la corrupción generalizada, la falta de capacidad de aplicación de la ley, la falta de coordinación entre los niveles nacional, regional , y las policías municipales, e incluso la participación del equipo de gobierno y los funcionarios militares como apoyo logístico a las operaciones de tráfico de drogas de los países andinos a los Estados Unidos y Europa a través de América central y el Caribe.
Según informes, al menos 10 personas murieron en la parroquia local de El Valle, en el municipio Libertador de Caracas el 21 de marzo durante un enfrentamiento entre bandas locales por el control de las zonas de tráfico de drogas. Tres bandas locales dirigidos por delincuentes locales conocidos como “Cabeza de Bruja”, “El Loco Leo” y “Lucifer” unieron fuerzas, reuniendo cerca de 150 miembros con edades entre 17-19 años de edad, tomaron el control total de la barriada de Cerro Verde, equipados con rifles de asalto AR-15, pistolas de 9 mm y granadas, contra otra banda dirigida por “Franklin el Menor”. Algunos miembros de la banda derrotada de “Franklin El Menor” fueron llevados a una carretera principal después de ser asesinados y luego los quemaron allí, delante de los transeúntes aterrorizados.
Después de los acontecimientos de violencia que tuvo lugar entre las 9:00pm del 21 de marzo y las 3:00am del 22 de marzo en la zona (donde no hay presencia del Estado), el sector fue tomado por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, CICPC, y la Guardia Nacional – un componente de las fuerzas armadas sin confrontación con las bandas. No hubo detenciones durante el procedimiento y los habitantes se han negado a hablar tanto a la policía como a los medios de comunicación. Bandas nacionales que operan en los sectores populares son conocidas como “Mega Bandas”, normalmente tienen alrededor de 50 miembros y han surgido debido a las condiciones socioeconómicas pobres y a una débil respuesta del gobierno. Esta es la consecuencia de una política fallida de tolerancia hacia las bandas criminales, que les permite la oportunidad de aumentar su tamaño, sus redes y sus capacidades. Tales bandas provienen de diversos orígenes criminales. Tienden a haber operado durante muchos años en una cierta área de influencia o dentro del sistema penitenciario. Arsenales disponibles para las Mega Bandas pueden incluir rifles de asalto M4 AR-15, AK-serie, FN-FAL y MP-5, ametralladoras Ingram; pistolas semiautomáticas 9mm incluyendo las Glock y Browning; y granadas obtenidas principalmente a través del comercio nacional ilícito de armas, robos a mano armada o a través los ataques contra agentes de la policía.
El 1 de diciembre de 2015, el Nuevo Herald informó que al menos 125 agentes de policía habían sido asesinados en 2015 únicamente en Caracas. Con una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes (según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y datos sobre la delincuencia), Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta de América del Sur, aunque el Observatorio Venezolano de la Violencia (Observatorio Venezolano de Violencia: OVV) afirma que se puso mucho más alto en 2015, a 90 por 100.000.
Otros acontecimientos recientes de la violencia relacionada con las pandillas
En un evento separado, un turista egipcio murió de un disparo después de resistirse a un robo en uno de los pasillos exteriores del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, también conocido como “Maiquetía”, este aeropuerto da servicio a la capital, Caracas. El 16 de febrero, un tiroteo en el mismo aeropuerto entre las fuerzas de seguridad y una banda local, tras el robo de una mujer, dejó tres muertos dentro de la terminal internacional. En años anteriores, robos a mano armada se han reportado en la zona de aparcamiento en el aeropuerto internacional, y ha habido casos de ciudadanos, expatriados y turistas de ser interceptados en la carretera que conecta el aeropuerto con Caracas. Sin embargo, este tipo de eventos son cada vez más frecuentes dentro de las terminales internacionales y nacionales y en las zonas que rodean los puertos y terminales de ferry, según fuentes de IHS.
En otro caso separado, la oficina de la fiscal general abrió el 6 de marzo una investigación sobre una supuesta masacre en la que al menos 28 mineros informales murieron cuando una banda de delincuentes se hizo cargo de una mina en el Municipio Sifontes del estado Bolívar, cerca de la frontera con Guayana. De acuerdo con el alcalde del Municipio Sifontes, decenas de mineros informales murieron el 4 de marzo en la mina de Atenas y luego llevados en camiones a la vecina mina de Hoja de Lata, donde fueron enterrados.
Hombres armados tomaron una estación de policía por asalto el 8 de febrero en la localidad de San Pedro en Los Teques, capital del estado de Miranda. La banda robó 10 pistolas de 9 mm Glock y una escopeta. La incursión sigue a otros robos similares por parte de diferentes bandas llevados a cabo en la última semana contra las fuerzas armadas de seguridad y los parques de armas.
El 5 de febrero, otra banda entró en una residencia vacacional de la presidencia de Venezuela en el estado Aragua y robó 19 fusiles de asalto M4, un número indeterminado de otras armas de fuego y municiones. El 15 de febrero, un grupo de al menos 40 hombres en motocicletas trató de tomar y robar las armas de la Academia Superior de la Guardia Nacional en el Distrito Capital de Caracas, Municipio Libertador de Caricuao; fueron repelidos por los soldados que se enfrentaron con los miembros de la banda. Esa misma semana, un guardaespaldas de Jorge Rodríguez, alcalde oficialista de Caracas del Municipio Libertador, murió el fin de semana asesinado para despojarlo de su arma. Según fuentes de IHS, otros ataques contra estaciones de policía y personal de protección han tenido lugar en las semanas anteriores, pero no han sido reportadas por los medios.
Perspectivas e implicaciones
La comunidad del barrio donde se produjo el asalto el 21 de marzo fue tomada por una fuerza conjunta de tres bandas criminales que controlan las operaciones de tráfico de drogas y otras actividades delictivas como el robo de vehículos, extorsión y secuestro express en los sectores cercanos de El Valle. Más allá del fracaso del Estado, cada vez mayor de Venezuela, hay fallas en cuanto a la vigilancia y el ejercicio de la autoridad de puertos y aeropuertos, el tráfico de drogas y la violencia relacionada con las pandillas sigue en aumento.
La cuestión clave a destacar es el aumento de la capacidad de armamento que tienen las bandas locales que operan en la capital de Caracas y otras zonas urbanas en las regiones, su arsenal incluye rifles de asalto, ametralladoras y granadas. El control de armas en Venezuela es vago y las armas, estimadas entre 9 millones y 15 millones, son de libre comercio tanto en los mercados legales e ilegales. Hay un flujo considerable proveniente de las fuerzas armadas, con muchas de las armas que terminan en manos de los grupos paramilitares o insurgentes colombianos, o más lejos. En los últimos tiempos, la mayoría de estas armas, junto con las drogas, están dadas por las organizaciones internacionales de tráfico de drogas en el pago a los gobiernos y a los funcionarios de aduanas que controlan los puertos y aeropuertos. Estas drogas y armas de alguna manera terminan en manos de bandas locales, el aumento del consumo interno de drogas y la violencia relacionada con las armas en los sectores de bajos ingresos continúa impulsando la tasa de homicidios en Venezuela.
La capacidad de las bandas a organizarse y realizar operaciones conjuntas con aproximadamente 150 individuos es importante destacarlo. Esto plantea una amenaza a la seguridad de las empresas que operan en Venezuela y de las embajadas, hombres de negocios, hogares, e incluso las estaciones de policía y cuarteles militares que han sido objeto en el pasado de ataques por bandas locales con el objetivo de robar sus armas. Ninguna empresa de seguridad privada que opera actualmente en Caracas tiene la capacidad de resistir un asalto de la naturaleza que tuvo contra la banda que controlaba el sector de Cerro Verde (dirigida por Franklin el Menor), que a su vez también estaban fuertemente armados con rifles de asalto y granadas. Sólo las fuerzas militares y especiales serán capaces de hacer frente a un ataque de tal envergadura, hay que subrayar el grave deterioro en torno a la seguridad en Venezuela.
Cualquier mejora es poco probable, ya que las autoridades gubernamentales no están reconociendo públicamente la gravedad de la situación; ni están abordando el origen de la delincuencia y la violencia, que incluye la desigualdad de ingresos, instituciones débiles, la corrupción generalizada, la falta de capacidad de aplicación de la ley, la falta de coordinación entre las fuerzas policiales nacionales, regionales y municipales, e incluso la participación de superiores gubernamentales y militares en el suministro de la logística para las operaciones de tráfico de drogas de los países andinos a los EE.UU. y Europa a través de América central y el Caribe. El grave estado de la economía y la intensificación de la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, una alta inflación, una mayor contracción en la economía de al menos el 8%, y la parálisis política derivada de una crisis institucional entre el gobierno y la legislatura controlada por la oposición (Asamblea Nacional) sólo contribuirá a deteriorar la situación de seguridad proyectándola a 1 año. (IHS Jane’s)
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