Anabella Abadi
las largas colas se deben a causas como la guerra económica, el contrabando, el bachaqueo, compradores infiltrados, exceso de consumo, colas inducidas, ausentismo laboral, histeria e inestabilidad emocional, entre otras más. En junio de 2015 el entonces Ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, declaró que “la gente está en las colas porque hay un producto que comprar”. Sin embargo, le faltó agregar un factor fundamental de esa ecuación: hay productos, pero no suficientes.
1. ¿A qué se deben las colas? Cuando hay más demanda que oferta y, por tanto, no todos los que quieren y pueden pagar un productotienen acceso a él, se generan colas como parte de los mecanismos de racionamiento para la asignación de esos productos escasos.
En Venezuela, a medida que se comenzó a pronunciar la escasez general en 2013, las colas se convirtieron en un fenómeno común, al punto que se comenzaron a repartir tickets numerados y hasta marcar a los consumidores en los brazos para garantizar el orden de las colas, hasta que vinieron la pernocta y la venta de los puestos en las colas como prácticas regulares.
A medida que se prolonga la recesión —es decir: la caída de la producción local de bienes y servicios— y los precios del crudo se mantienen relativamente bajos —dificultando la importación de insumos productivos y bienes de consumo final— las colas aumentan.
En mayo de 2015, Datanálisis reportaba que el venezolano hacía en promedio entre 2 y 5 horas de cola a la semana y una compra cada 4 días. En 2016, las colas se perciben aún más largas y se han extendido a diversos sectores tales como higiene personal, repuestos de automóviles y listas de espera para exámenes médicos.
2. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Antes que intentar atacar el problema del desabastecimiento mediante el impulso del aparato productivo nacional, el Gobierno Central se ha enfocado en tratar de regular las colas. Igual que en el caso de la inflación, han intentado atacar las consecuencias y no las causas del problema. Por ejemplo:
2013. El mes de diciembre de este año algunos establecimientos de la red pública de alimentación comenzaron a implementar la venta de productos según el numéro terminal de la cédula de identidad. Los consumidores sólo podrían comprar una cantidad específica de algunos productos el día de la semana que le correspondieran según su documento de identidad.
2014. En marzo el presidente Nicolás Maduro anunció un “sistema digitalizado de abastecimiento seguro”, refiriéndose a un sistema biométrico implementado en en la red pública que ahora registraba las huellas digitales de los compradores.
Maduro llegó a precisar que “todos podrán seguir haciendo lo mismo que hacen hoy, ir a Mercal y comprar lo que hace falta a su familia sin restricciones de ningún tipo. Solamente vamos a hacer un gran censo […] para cerrar toda posibilidad de que los productos se lo lleven los contrabandistas”. El registro biométrico que la opinión pública llamó “captahuellas” comenzó un mes después.
Ya en agosto de 2014 el entonces Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, precisó que contemplaban emitir una providencia para reglamentar el número de cajas que cada súpermercado e hipermercado debe tener según el metraje del establecimiento, para así intentar reducir las colas. Este anuncio se hizo días después de que comenzaron a multar a algunos locales que no tenían todas las cajas registradoras abiertas y donde se formaban largas colas.
En aquel momento también se anunció que el sistema biométrico se implementaríasupermercados privados, farmacias y establecimientos comerciales de productos básicos.
Un par de meses después, en octubre de 2014, circuló una lista de productos que no podrán vender los comerciantes informales (buhoneros), tales como productos de higiene personal, salud, educación, vivienda e insumos y alimenticios.
Además, en noviembre de 2014 se reportó que los productos del programa del Ejecutivo Nacional “Mi casa bien equipada” también se venderían según el terminal de cédula y por orden de llegada. Y ya en diciembre de 2014 eran catorce los productos que se vendían por terminal de cédula en la red pública: aceite vegetal, azúcar, arroz, arvejas, lentejas, pollo, carne, pasta, café, harina precocida de maíz, leche en polvo y líquida, atún, sardinas, caraotas negras y margarina.
2015. Entre enero y febrero algunos gobernadores oficialistas (como los de los estadosBolívar, Falcón, Yaracuy, Cojedes, Trujillo y Zulia) prohibieron las pernoctas o colas nocturnas para la compra de productos básicos.
En abril los supermercados privados comenzaron a implementar la venta de productos de la cesta básica de acuerdo con el terminal de la cédula de los compradores. Y ese mismo mes, el Ministerio para la Alimentación emitió una lista de cincuenta productos (alimentos, artículos de higiene, sueros y complementos nutricionales) y reguló la cantidad que se podría comprar cada siete días.
Dos meses después, en junio de 2015, el entonces Ministro para la Alimentación, Carlos Osorio, informó que el Gobierno Central estaba evaluando la eliminación de la restricción de venta de productos básicos de acuerdo al terminal del número de cédula. Sin embargo, no especificó plazo.
Pero en septiembre de 2015 se reactivó la venta de productos básicos según el terminal de la cédula en Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario. Además, algunos consejos comunalespedían cédula y RIF o carta de residencia para asignar el número de la cola para poder comprar en Mercal. Durante ese mes las cadenas de supermercados estaban terminando de instalar las máquinas captahuellas, aunque algunas ya tenían meses con los equipos disponibles e incluso en uso. Por su parte, la Guardia Nacional activó el Plan “Autobús de Drácula” en Zulia, con la intención de contrarrestar a los bachaqueros y las pernoctas. Ya a principios de noviembre habían detenido a más de 2.800 personas.
2016. Recientemente se supo de manera extraoficial que el Gobierno Central cambiaría los días para comprar por terminal de cédula y que se solicitarán las constancias de residencia en los establecimientos pertenecientes a la red pública de alimentación.
Todas estas medidas –que estuvieron acompañadas de constantes fiscalizaciones y multas– no han aliviado ni aliviarán las colas. Incluso, estas trabas para el acceso a los productos básicos han generado más colas y generado mayores incentivos para los mercados informales y mercados negros.
3. ¿Es posible acabar con las colas? Para acabar con las colas es necesario aumentar la oferta de productos mediante la reactivación del aparato productivo nacional. Y para lograr eso se deben eliminar las trabas burocráticas y los controles que desincentivan la producción local, sobre todo en un contexto de relativos bajos precios del crudo pues se necesita atraer inversión extranjera. Esta tarea a su vez requiere la eliminación de la distorsión de precios relativos en la economía (no sólo de bienes y servicios, sino también del tipo de cambio y remuneraciones), en tanto se transita al establecimiento de mecanismos eficientes para la formación de precios.
Sin embargo, el Gobierno Central continúa en un proceso de “perfeccionamiento del control”. Se trata de medidas superficiales que no alteran la esencia y orientación básica del sistema sino que se basan en la reasignación de responsabilidades, la reorganización del Poder Ejecutivo a nivel funcional y territorial, las fusiones de empresas públicas y la planificación central basada en métodos aparentemente más “sofisticados”.
Para aliviar las colas es necesaria una verdadera reforma económica que pase por ajustar la política económica con enfoque en restituir los equilibrios macroeconómicos, abandonar los mecanismos de intervención directa en la asignación de recursos y, sobre todo, garantizar un verdadero compromiso para la consecución de las reformas con base en el consenso.
A la fecha, nada parece indicar que el Gobierno Central esté comprometido con una política de reforma económica. El ciclo electoral de 2016 brinda importantes desincentivos para hacer ajustes económicos que tendrán fuerte impacto social y, por tanto, se traducirían en un alto costo político para un Gobierno Central con un apoyo político debilitado.
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